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Los números marcarán el curso político que acaba de comenzar. Los números de la inflación y del encarecimiento de la cesta de la compra; de la subida de los tipos de interés y de las hipotecas; de los desaforados precios de las energías; de los augurios de una nueva recesión; de las desigualdades sociales...
En este contexto, no es de extrañar que el gobierno municipal de Reus saque a relucir sus buenos números. El más relevante, haber reducido la deuda del Ayuntamiento y su grupo de empresas desde el máximo histórico de 405 millones de euros, alcanzado en junio de 2012, a los 121 millones del cierre de 2021. Es decir, un total de 284 millones amortizados en nueve años y medio, o lo que es lo mismo, un 70% menos de endeudamiento.
Para interpretar correctamente este dato hay que tener en cuenta que una parte de la deuda la ha pagado realmente la Generalitat de Catalunya, porque correspondía a actuaciones en que el Consistorio asumía la financiación por cuenta de la administración autonómica, y ésta le iba transfiriendo anualmente el dinero para saldar el préstamo y sus intereses. El caso más conocido y cuantioso es el de la construcción del nuevo Hospital de Sant Joan, por el que el holding municipal Innova asumió un crédito de 65 millones de euros por cuenta del CatSalut.
El traspaso del Hospital a la Generalitat en 2020 permitió también endosar al CatSalut la titularidad de lo que quedaba del crédito y eliminarlo de las cuentas municipales, con lo que la deuda bajó en 52 millones de euros de una tacada durante el citado ejercicio.
Balance más saneado
Liberados de los compromisos financieros del nuevo hospital, el ritmo de reducción de la deuda va a ralentizarse, como ya se aprecia en 2021, con un descenso de sólo 1,1 millones.
En cualquier caso, es un ratio que está por debajo del límite legal y que permite al Ayuntamiento recurrir a financiación bancaria si la necesita. El saneamiento del balance económico municipal será, sin duda, uno de los logros más destacables de los doce años de mandato del alcalde Carles Pellicer. En términos puramente relativos, aunque ilustrativos, la deuda por habitante ha pasado de 3.781 a 1.145 euros.
El pleno del Ayuntamiento del pasado viernes despachó como un mero trámite la aprobación de la cuenta general de la corporación correspondiente a 2021, de la que el alcalde y la concejal de Hacienda, Mariluz Caballero, ya habían informado en rueda de prensa tres días antes. Pero los datos aportados por el interventor durante el pleno incluyeron un par de cifras interesantes.
La primera, que 2021 se cerró con un superávit de 7,7 millones de euros. Es decir, que los ingresos no financieros superaron en esta cantidad a los gastos no financieros.
La segunda, que el grado de ejecución de los ingresos corrientes, entre los que se incluye la recaudación de impuestos, fue del 102,17%. Lo que significa que los ingresos reales fueron más de dos puntos porcentuales mayores de los presupuestados. No se explicó el porqué de ambos datos, ni las fuentes que engrosaron estos ingresos superiores a los previstos.
Por causa de muerte
Sería interesante saber si esta ganancia contable tiene que ver con un aumento de la recaudación del oficialmente llamado Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, más conocido como plusvalía municipal. Cuando las transmisiones de viviendas e inmuebles se producen por causa de muerte, afecta a las propiedades en herencia y lo pagan los herederos de los fallecidos.
Recordemos que es un tributo de titularidad municipal de carácter potestativo. O sea, que cada ayuntamiento tiene la potestad de aplicarlo o no, y en qué medida. El único requisito es aprobar la plusvalía junto al resto de ordenanzas fiscales.
En Reus se aplica y a lo grande, con un gravamen del 30% sobre la base imponible, el máximo permitido por la ley.
Pese a ello, sería injusto concluir que el gobierno municipal ha querido sacar tajada económica de las defunciones por covid, porque esta sangría para el contribuyente viene de lejos, aunque está claro que no ha hecho nada para mitigarla durante la pandemia. Y eso que los ayuntamientos pueden regular una bonificación de la cuota del impuesto en las transmisiones por causa de muerte a favor de los familiares directos.
