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La polémica alrededor de la ordenanza de civismo tiene muchos números para convertirse en un serial. El Ayuntamiento de Reus presentó ayer un recurso de reposición a la suspensión cautelar dictada por el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que le prohibía regular el uso del burka y el niqab en la vía pública. Éste argumenta que el TSJCha cometido un «grave error» porque sustenta la interlocutoria en una ordenanza que no es vigente.
Así se manifestó ayer el alcalde de Reus, Carles Pellicer, completamente convencido de que la suspensión cautelar será revocada. «Nos mantenemos firmes con el redactado que aprobamos porque es completamente legal. Además, el Tribunal Superior de Justícia se ha posicionado sobre un texto que no existe», declaró dejando claro que en esta cuestión será intransigente.
El gran desconcierto y malestar que ha generado la suspensión cautelar del TSJC en el consistorio reusense surge porque los dos puntos – 10.4 y 44.a) 14– de la ordenanza a los que se refiere el auto corresponden a una primera versión. En aquella ocasión el redactado sí que contenía los términos burka y el niqab. Tras la gran polvareda que levantó entonces su aprobación, el texto se dirige «a las personas que llevan vestimentas de cualquier tipo y forma o accesorios que impidan o dificulten la identificación por medios visuales».
No obstante, el alcalde acompañó la ordenanza de civismo con instrucciones bien claras a la Guàrdia Urbana para que no multara a las personas en la calle que llevaran el rostro tapado. Por aquel entonces se dijo que se redactaría un protocolo de actuación, que todavía no está terminado, para que se identifique a las personas y no se multen para no caer en un posible delito de prevaricación. «Nuestra intención siempre ha sido única y exclusivamente por motivos de convivencia y seguridad», aseguraba Pellicer. Desde el consistorio no se quiso detallar ayer cuantos casos se han dado desde que la ordenanza de civismo fuera aprobada en julio del año pasado.
El auto del TSJC se produjo a raíz del recurso interpuesto por siete asociaciones islámicas de Catalunya que, anteriormente, ya presentaron alegaciones al consistorio por vulnerar la libertad religiosa, la normativa europea y los derechos de los ciudadanos. Resta por conocer si las entidades seguirán adelante con el caso por la vía judicial tras el anuncio de ayer del consistorio.
