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El caso de la demanda de la exasesora del PP contra Alícia Alegret sigue trayendo cola. Después de que el jueves todas las partes – Ayuntamiento de Reus, Innova, Alegret y demandante – pactaran una indemnización de 30.000€ , ahora surgen duras críticas desde la oposición. Éstas se centran en dos aspectos bien concretos.
El primero radica en la cuantía con que se indemnizará a la exasesora de la exprimera teniente de alcalde. «Resulta del todo inmoral e indigno que todos los reusenses tengan que pagar las indemnizaciones para evitar un juicio en el que determinados cargos políticos puedan ver publicadas sus vergüenzas». Así de contundentes se manifestaban ayer desde el PSC, mientras que el portavoz de Ara Reus, Jordi Cervera, consideraban que la indemnización «es dantesca e incomprensible». Él mismo, además, también cuestionó que el alcalde «haya dado el beneplácito a pagar 30.000€ teniendo en cuenta el estado de la economía de la ciudad».
Pero más allá de la suma final de la indemnización por despido improcedente, desde la oposición tampoco creen que el proceso haya sido el adecuado. Sobre todo desde las filas socialistas, que aseguraban: «Si Reus Serveis Municipals –la antigua Innova– es una empresa pública de no mercado está sujeta a la Ley General Presupuestaria, que sólo prevé pagar con fondos públicos en obligaciones presupuestarias, por sentencia firme o por procedimientos legalmente establecidos». En una dirección similar también se manifestaban desde Ara Reus, que tachaban el episodio de «prevenda política y un pacto a la sombra entre CiU i PP para lograr el apoyo en los presupuestos».
Todas las garantías
Desde el Ayuntamiento explicaban ayer que el pacto entre todas las partes es impecable y que cuenta con el máximo rigor posible. Según el alcalde Carles Pellicer, el acuerdo no es extrajudicial sino que se llevó a cabo en sede judicial y cuenta con la aprobación de la juez de lo Social Número 1 de Reus. A pesar de la resolución de la juez, Pellicer también adelantó que el lunes entregará dos informes elaborados por el secretario y el interventor municipal que validan todo el proceso.
En cuanto a las críticas surgidas desde la oposición, desde el consistorio se limitaron a declarar que la indemnización cuenta con una resolución judicial firme y que, además, ha sido a lo largo de este mandato que se ha regularizado la situación contractual de los asesores municipales. Una de las aristas que componían el caso de la exasesora de Alegret.
La demanda presentada por la exempleada del PP, Noelia Borràs, contra la entonces primera teniente de alcalde se sustentaba en tres aspectos: acoso laboral, extinción de contrato por parte de Innova y cesión ilegal de trabajadores contra el consistorio. El acuerdo de las partes se llevó a cabo sin necesidad de que se celebrara toda la vista y se pactó la indemnización después de que la exasesora presentara su desistimiento sobre el presunto mobbing sufrido por Alícia Alegret y la supuesta cesión ilegal.
A pesar de no celebrarse el juicio, en el juzgado de lo Social Número 1 de Reus se vivieron momentos de tensión y llamó la atención los testigos presentes y citados por el abogado de la parte demandante, la mayoría de ellos concejales y miembros activos del PP reusense.
