El camión de galletas que delató a un 'narco' que movía pastillas entre Tarragona y África

El hallazgo parecía una anécdota de aduana: un camión de galletas interceptado en un control rutinario. Pero lo que a simple vista era un cargamento de dulces escondía algo más amargo. En dobles fondos de la cabina y del remolque, los agentes hallaron casi 190.000 pastillas de droga —175.000 de éxtasis y más de 12.000 de Rivotril—, perfectamente embaladas y listas para cruzar fronteras. Aquella intervención, lejos de ser un golpe aislado, acabaría destapando una trama con conexiones en Catalunya y, en concreto, en Tarragona.

Los dos transportistas arrestados durante el operativo no tardaron en hablar. Aseguraron que no era su primer viaje y que trabajaban para una organización asentada en territorio catalán. Su misión, contaron, consistía en mover cargamentos de pastillas sintéticas ocultas entre mercancías legales, aprovechando las rutas comerciales entre la península y el norte de África.

Las declaraciones de los conductores condujeron a los investigadores hasta un nuevo nombre: un colaborador presuntamente implicado en la preparación de los envíos. Lo situaron en varias reuniones celebradas en la zona de Tarragona, donde —según el relato recogido en el sumario— se habría planificado la logística del transporte y el camuflaje de la droga.

Tras dictarse una orden internacional de detención, el sospechoso fue localizado meses después en Salou. Desde entonces, ha permanecido en libertad provisional mientras se resolvía la solicitud de extradición cursada por las autoridades extranjeras. Su defensa intentó frenar el proceso alegando que el expediente remitido carecía de precisión, que no existían pruebas materiales directas y que la acusación se apoyaba únicamente en declaraciones de coimputados.

La Audiencia Nacional no lo ha visto así. La Sala de lo Penal considera que los hechos descritos son "suficientemente concretos" y que, de haberse cometido en España, constituirían un delito contra la salud pública, según el artículo 368 del Código Penal. El tribunal recuerda además que el procedimiento de extradición no tiene por objeto juzgar la culpabilidad del reclamado, sino verificar que se cumplen los principios de doble incriminación, reciprocidad y mínimo punitivo exigidos por la ley.

Los magistrados descartan también que la documentación remitida presente irregularidades o carencias sustanciales, y subrayan que el análisis de las pruebas corresponde al país requirente. "Los hechos son lo suficientemente concretos como para poder determinar cuál ha sido la supuesta participación del reclamado", concluye el auto, que acuerda acceder a la extradición y remite la decisión definitiva al Gobierno español, encargado de autorizar el traslado.