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Desarticulan una de las mayores redes criminales de Catalunya que operaba desde Tarragona

Se ha detenido a 56 personas

| Actualizado a 16 junio 2022 12:28
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Funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y agentes de la Policía de la Generalitat- Mossos d’Esquadra de la División de Investigación Criminal, han desmantelado una de las mayores redes criminales dedicada al tráfico y al cultivo de marihuana establecida en toda Cataluña y han detenido a 56 personas, de entre 19 y 58 años, a las cuales se les atribuyen los delitos contra la salud pública, en la vertiente de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y defraudación de fluido eléctrico.

El pasado 24 de mayo, un operativo conjunto y coordinado entre los dos cuerpos policiales que se llevó a cabo en diferentes municipios de Cataluña finalizó con la desarticulación de la organización criminal y la detención de 56 personas, entre las cuales se encontraban los jefes de la organización. También se realizaron un total de 37 cacheos, se desmantelaron 24 plantaciones y se intervinieron más de 22.600 plantas y 166 kilos de cogollos preparados para la venta. La droga intervenida tiene un valor aproximado en el mercado ilícito de cerca de 325.000 euros.

Durante el operativo, los agentes localizaron un total de 225.765 euros en efectivo, una escopeta, un revólver con munición real, una pistola de aire comprimido y diferentes armas blancas. Una vez desmanteladas las plantaciones, los inmuebles recuperados se irán devolviendo a sus propietarios a medida que la autoridad judicial así lo determine.

La instalación de los sistemas de iluminación y riego habían malogrado gravemente su estado de conservación, puesto que en muchos casos se habían realizado modificaciones en los inmuebles para adaptarlos a las plantaciones, derrumbando paredes, haciendo agujeros a puertas, ventanas o techos, y dañando las instalaciones eléctricas, entre otras intervenciones.

El perfil de los detenidos es el de un hombre de menos de 35 años, extranjero, sin municipio de residencia y sin antecedentes policiales de los Mossos d’Esquadra. En concreto, cerca del 90% de los detenidos no tenía antecedentes policiales. Trece de los 56 arrestados ingresaron en prisión una vez pasaron a disposición judicial. Según los investigadores, formarían parte del núcleo de la cúpula que tomaba las decisiones más estratégicas.

El volumen del negocio de los productores de marihuana

Analizadas las diferentes muestras de marihuana intervenidas en operativos policiales para extraer el porcentaje del principio activo THC, se estima que, en condiciones normales como las que se reproducen en las plantaciones desmanteladas, por cada 500 plantas en fase de floración avanzada se obtienen de media unos 10 kilos de marihuana seca y apta para la venta.

Desde que esta investigación se puso en marcha, aproximadamente en el mes de mayo de 2021, la organización criminal habría tenido tiempo de hacer tres plantaciones con sus posteriores cosechas.

Atendiendo a este hecho, y teniendo en cuenta que se intervinieron 22.600 plantas en un estadio previo a la floración, los analistas calculan que la organización habría tenido la capacidad para producir unos 1.275 kilos anuales de marihuana que implicarían un precio de venta al por mayor de unos 3’1 millones de euros.

Una vez transportada a países del norte de Europa, su precio de venta al por menor se multiplica por tres o cuatro, aumentando sus beneficios hasta una horquilla de entre nueve y doce millones de euros, con el consecuente aumento de rentabilidad que comporta su venta al mercado extranjero.

Estudio del fraude de fluido eléctrico

En este dispositivo también participaron un total de 50 técnicos de la compañía eléctrica Endesa para comprobar las instalaciones y el fraude de fluido eléctrico. En este sentido, de las 29 inspecciones que se realizaron a las diferentes ubicaciones investigadas, en 28 se detectó fraude, y solo una era legal. Las 28 inspecciones donde se detectaron irregularidades se correspondían con las plantaciones, mientras que en el otro caso se trataba de una vivienda donde no se cultivaba.

La cantidad de energía total defraudada es de 4,39 GWh, el equivalente al consumo de 1.256 viviendas, suponiendo un consumo anual de 3.500 kWh/vivienda. La cuantía de la energía defraudada asciende a más de un millón y medio de euros.

Una información anónima desencadena la investigación

La investigación, tutelada por el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, se activó a mediados del mes de mayo del año pasado a raíz de una información anónima que alertaba a los Mossos d’Esquadra de que, en una nave industrial de Sant Vicenç de Castellet (Bages, Barcelona), se desarrollaba una actividad sospechosa y posiblemente delictiva. Los investigadores pudieron acreditar esta información y, además, recopilaron indicios que apuntaban a la comisión de más delitos contra la salud pública en otros puntos del Bages, y posteriormente en el resto de Cataluña.

A medida que se avanzaba en la investigación se abrieron nuevas líneas de trabajo, cada una de las cuales con sus particularidades, pero todas apuntaban y perfilaban una única estructura criminal que lideraba las diferentes plantaciones que se iban descubriendo en todo el territorio.

El equipo conjunto de investigación fue relacionando los cultivos localizados hasta comprobar y confirmar que la organización se había extendido a toda Cataluña.

Según los investigadores, el hecho de disgregar los cultivos por todo el territorio obedecía a la necesidad de diversificar los riesgos para que, en caso de una intervención policial de cariz local o regional, la estructura productiva y distribuidora se mantuviera siempre activa. El operativo del pasado 24 de mayo permitió desmantelar toda la estructura criminal actuante sobre los distintos puntos activos que mantenía la organización.

El funcionamiento de la organización

Los jefes del grupo criminal, a pesar de que eran extranjeros, estaban asentados en Cataluña y disfrutaban de un alto nivel de vida. Se habían establecido en las demarcaciones de Girona y Tarragona, donde se pudo determinar que uno de sus miembros adquirió de manera legal un establecimiento de restauración.

Una vez que decidían las ubicaciones donde instalaban las plantaciones, los miembros del grupo alquilaban de manera legal inmuebles, en algunos casos de alta gama y con opción de compra, a un precio de entre 1.500 y 2.500 euros Los propietarios de los inmuebles desconocían la actividad ilícita que se desarrollaba.

En este punto, uno de los vínculos en común sobre el cual pivotaban las diferentes plantaciones era la figura de un electricista profesional, que en un primer momento pinchaba las estaciones de suministro eléctrico y proveía los locales y casas de la potencia necesaria para dar servicio a la plantación.

También diseñaba e instalaba de manera óptima las instalaciones de riego e iluminación para aumentar la producción y reducir el tiempo de cosecha al máximo. A modo de ejemplo, en las plantaciones se combinaban sistemas de iluminación más habituales, como las bombillas de sodio, con sistemas de iluminación con luces LED.

Paralelamente a la puesta en marcha de la plantación, los jefes importaban de su país de origen ‘jardineros’ para defender las plantaciones ante posibles ataques por parte de otra organización.

Durante el tiempo que duró la investigación se reportó en el mes de abril un asalto por parte de alguna otra organización o grupo rival en la población de Sant Vicenç de Castellet. Se dio la circunstancia de que los asaltantes accedieron a una edificación en desuso próxima a una de las plantaciones, que la organización ya no usaba, y no consiguieron su objetivo.

Los trabajadores que se ocupaban de las plantaciones eran hombres extranjeros, llevados hasta Cataluña por la estructura de la organización, motivo por el cual cerca del 90% no tenían antecedentes policiales. Ellos se encargaban de la plantación y de su seguridad, en unas condiciones de vida muy precarias y en muchos casos sometidos al control de los miembros de la organización.

Cultivaban principalmente dos variedades de marihuana modificadas genéticamente llamadas ‘amnesia’ y ‘critical’. Estas dos variedades se caracterizan por tener unos efectos potentes, facilidad de cultivo, floración corta y una producción potencial elevada, con un precio al mercado negro que oscila entre los 2.300 y 2.500 euros por kilo. Este precio se encuentra sensiblemente por encima de la media establecida en los estándares europeos de precios de esta sustancia.

La droga era transportada principalmente al mercado europeo por carretera, a pesar de que, en este caso concreto los investigadores también pudieron detectar relaciones con una tienda de suministro de material para cultivos de marihuana. El dinero que obtenían de la venta ilegal de marihuana generaba en su mayor parte beneficios netos, de los cuales una pequeña parte eran reinvertidos, principalmente en la producción de más plantaciones. Los investigadores comprobaron que al menos un miembro del grupo había adquirido una empresa de construcción y venta de muebles a su país de origen.

Repetición de patrones criminales

Los analistas han estimado que en este grupo criminal se repiten los patrones que se han ido registrando en las diferentes investigaciones llevadas a cabo durante el último año. Las organizaciones criminales internacionales productoras y distribuidoras de marihuana ven Cataluña como el mercado ideal donde poder adquirir marihuana en un primer momento, para después pasar a cultivar, instalándose en territorio catalán como en el caso investigado.

Este estadio de implantación en Cataluña aumenta de nivel en el momento en que la violencia entre diferentes grupos entra en juego y se producen ataques entre organizaciones para sustraer la sustancia de otro productor, en lugar que tener que cultivarla, secarla y empaquetarla.

Una vez asentadas y en funcionamiento, las organizaciones fijan sus tentáculos en Cataluña a través, sobre todo, de la adquisición, siempre de manera legal, de inmuebles, negocios y otras propiedades que se utilizan para blanquear, al menos en parte, el dinero obtenido del negocio ilícito. Otra parte de los beneficios se invertía también en el extranjero.

En la actualidad, se investiga si en este caso la organización criminal desmantelada se encontraba ya en ese estadio. Para desarrollar su actividad, los delincuentes solicitaban los servicios de diversos profesionales de distintos sectores. Algunos, como abogados, jardineros o electricistas, son conocedores de la actividad delictiva y otros no, como pueden ser arrendadores, transportistas, etc.

La investigación continúa abierta.

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