La Guardia Civil de Tarragona en colaboración con las Policías Locales de Amposta y de L’Aldea desmantelaron dos talleres mecánicos que se dedicaban al mantenimiento y reparación de vehículos a motor de manera clandestina.
En el interior de los locales se encontraron a mecánicos trabajando en los vehículos, por lo que se solicitó a los responsables del establecimiento la documentación acreditativa para ejercer dicha actividad pudiendo comprobar, en ambos casos, que no se disponía de licencia de actividad, ni de la exigida por los organismos competentes en materia medioambiental, laboral, industrial, de riesgos laborales ni tributaria. Los talleres son ilegales.
Dichos establecimientos ya habían sido denunciados en el año 2024 por la misma actividad irregular
Además de vehículos a motor, se encontró maquinaria industrial, repuestos, así como numerosas herramientas relacionadas con la citada actividad. También se localizaron neumáticos usados, baterías de plomo y de litio y otras piezas de vehículos, además de restos de aceite usado y motores.
La mayoría de los residuos detectados están calificados como peligrosos y están sujetos a las obligaciones establecidas en la legislación sobre residuos contaminantes. Su tratamiento en ambos talleres no se ajustaba a la normativa.
En el taller de L’Aldea hallaron vehículos desguazados, así como gran cantidad de piezas y motores preparados para el envío al extranjero, sin que los responsables dispusieran de documentación que amparase dicha actividad.
Disponía de elevadores, cabina de pintura, instalación eléctrica y sistemas contraincendios, sin que ninguno de ellos hubiera superado las preceptivas inspecciones de industria para verificar su correcto funcionamiento.
En ambos establecimientos se encontraron un total de tres trabajadores extranjeros que carecían de permisos que ampararan su legal estancia en el territorio nacional y el preceptivo contrato de trabajo. Dichos establecimientos ya habían sido denunciados en el año 2024 por la misma actividad irregular.
Se han extendido las correspondientes actas-denuncias por infracciones administrativas, relacionadas con los residuos, la seguridad industrial y la documentación necesaria para desarrollar esta actividad, así como infracciones tributarias y de las obligaciones económicas derivadas de la seguridad social.
Algunas de estas infracciones, especialmente en materia de residuos, podrían ser calificadas como graves, con sanciones de hasta 300.000 euros si se trata de residuos peligrosos. Las denuncias han sido remitidas a las autoridades competentes.
