130 condenas en Tarragona por amañar precios de camiones

El juicio al cártel de camiones en Tarragona va llegando a su fin. O, al menos, las decenas de procesos que se están librando en primera instancia. El juzgado mercantil número 1 de Tarragona ha emitido ya 129 condenas estimatorias, que reconocen el sobrecoste que pagaron muchas empresas de Tarragona por sus vehículos y que condenan en costas a los fabricantes, los más importantes del mercado.

Son casi 130 sentencias solo en la provincia, mientras que hay otros 12 casos pendientes de resolución. En líneas generales, las resoluciones admiten el pago de precios hinchados como «consecuencias de la infracción del derecho de la competencia» y acreditan «un sobreprecio medio aplicado por el cártel durante toda su duración».

De la multa de la UE a la justicia

Todas estas sentencias afectan a 845 camiones adquiridos por diferentes empresas del transporte y la logística. Es el balance del despacho de abogados CCS (Caamaño, Concheiro & Seoane), que ha aglutinado la mayor parte de estos asuntos en Tarragona, y que estima que prácticamente el 100% de las denuncias presentadas por el sector han pasado ya por el juzgado y tienen sentencia en primera instancia o están a punto. «Se ha alcanzado una velocidad de crucero. No hay más de dos o tres provincias en España que no hayan dictado en primera instancia y, en segunda, ya se han pronunciado 29 Audiencias Provinciales», explica Miguel Caamaño, catedrático de derecho financiero y tributario y socio director del despacho.

Todo comenzó en 2016, cuando la Comisión Europea anunció una multa de más de 3.800 millones de euros a seis de los principales fabricantes de camiones a nivel europeo –DAF, Daimler-Mercedes, Iveco, Scania, MAN y Renault-Volvo– por pactar precios de venta entre los años 1997 y 2011. Según el despacho, quedan que lleguen algunos casos de la llamada vía Scania, que van aparte. Aquello no fue más que el comienzo, porque los transportistas que supieron que habían pagado sobrecostes empezaron a inundar los juzgados de demandas para recuperar su dinero. Unas 300 empresas tarraconenses se vieron afectadas.

Dentro de esos reclamantes hay tanto grandes compañías como autónomos que trabajan en el transporte. Incluso hay alguna compañía tarraconense que tiene hasta 100 o 200 camiones afectados, por los que pagó un dispendio extra durante los 14 años en los que se prolongó el entramado.

Bruselas impuso la sanción en 2016 por haber pactado los precios de venta de los camiones, haber obstaculizado la introducción de nuevas tecnologías en materia de emisiones y haber repercutido a los compradores los costes de aplicación de esos mecanismos. Además de fijar los costes, endosaron a los clientes los precios del cumplimiento de las normativas de emisiones más estrictas de la Unión Europea. En los encuentros entre compañías, que se realizaban varias veces al año, se discutían y en ocasiones se acordaban aumentos de precios.

Más allá de la imposición de esa histórica amonestación, la penalización abrió la vía para interponer demandas por parte de aquellos empresarios que compraron algún vehículo durante la época en la que se prolongaron los acuerdos. Ahora la justicia se está posicionando. En noviembre del año pasado había 90 sentencias emitidas en Tarragona, pero la cifra actual ronda las 130. Entre los casos de más trascendencia, por ejemplo, está el de una empresa que deberá cobrar 1,2 millones de euros en concepto de indemnización. Es una de las sentencias más cuantiosas de España de esta trama. Ahí se incluían 49 camiones. Por tanto, las cantidades de dinero en juego son monstruosas y el proceso para recuperar esas inversiones de más se antoja largo y arduo. De hecho, en un segundo escalón, ya ha habido pronunciamiento de segunda instancia en la Audiencia Provincial de Tarragona, que ha emitido las tres primeras sentencias al respecto.

Estimación íntegra

En ellas se mantiene la condena contra el fabricante, pero se rebaja sustancialmente la indemnización. «Nuestro modelo contempla un sobrecoste variable en función del año de compra, arrojando una media del 16,35% a lo largo de los 14 años de duración del cártel. Pero las sentencias, en segunda instancia, consideran que el sobrecoste debe ser del 5%», dice Caamaño, que añade: «Es bastante rebaja, una pena para el sector del transporte. En 118 sentencias en Tarragona el mercantil estimaba íntegramente la demanda y nos había reconocido la validez de nuestro informe pericial, pero ahora la Audiencia cambia el criterio y se produce una estimación parcial».

No está en duda la existencia del cártel y el perjuicio provocado en la venta, pero sí el nivel del daño. «Digamos que la Audiencia de Tarragona ha optado por el planteamiento más conservador. Se admite que existió el cártel pero se minimizan sus efectos», admite el abogado Pedro González.

El nuevo criterio de la Audiencia

El criterio reciente de la Audiencia Provincial es fundamental porque se extenderá presumiblemente al resto de casos. De hecho, tras su posicionamiento el Mercantil –el único órgano de este tipo en la provincia, además, saturado–, ha dictado otras 11 sentencias bajo ese novedoso criterio del 5%: «Ha sido una sentencia inesperada, porque en Lleida precisamente había pasado lo contrario. El juzgado solo reconocía esa estimación parcial y la Audiencia Provincial le dio validez y cuantificó la medida del daño en lo que solicitábamos», apunta González.

El despacho sostiene que el juzgado 6 de Lleida recogía, en sus sentencias, un sobrecoste del 10% respecto a la adquisición del vehículo, pero «la Audiencia Provincial, en cinco sentencias, ha revocado ese criterio, y se ha decantado por la estimación íntegra».

Eso se traduce en mucho más dinero para los transportistas en su lucha por recuperar lo que en su día pagaron de más, aunque aún no se ha dicho la última palabra. Luego quedarán los recursos al Tribunal Supremo, no antes de 2023, y una posterior ejecución de las sentencias, mínimo en 2024, que abriría la puerta definitivamente a que las empresas pudieran cobrar las indemnizaciones, como víctimas de ese cártel que operó entre 1997 y 2011.

El transporte muestra su indignación. Josep Lluís Aymat, director de la Federació d’Autotransport de Tarragona, tilda estas prácticas de «inadmisibles» y empodera a las compañías para que sigan batallando: «Todas las empresas tienen que ser conscientes de que hay que perseverar para dejar claro que estas prácticas son intolerables». Aymat, representante del gremio, es consciente de las dificultades en el camino: «Es complicado luchar, porque delante tienes multinacionales, pero estoy seguro de que esto acabará llegando al Supremo». En esa instancia, «puede ser que las estimaciones sean parciales o íntegras», dice el letrado Pedro González.