16.000 tarraconenses en el extranjero, sin voto

Los tarraconenses en el exterior tendrán, otra vez, una participación mínima en unas elecciones. Solo un 12,7% han solicitado el voto para las generales, según el INE. Hasta 2.325 podrán ejercer el voto del total de 18.103 de habitantes de la provincia en el extranjero inscritos en el censo electoral de residentes ausentes (CERA). Hasta 15.778 se quedan sin emitir sufragio. El dato vuelve a reflejar, como ha pasado con otros comicios, el fallido sistema. 

Hay que tener en cuenta que la estadística final caerá porque quedan trámites intermedios que dificultan la finalización del proceso. Puede suceder que, pese a pedirlo en el plazo de tiempo correcto, a veces los electores no reciban las papeletas a tiempo, especialmente en países remotos, y no completen el procedimiento.

Ni siquiera los sucesivos aumentos esconden las deficiencias enquistadas del sistema. En las últimas elecciones generales de 2016 votaron 1.193 tarraconenses del total de 15.399 que podían hacerlo. Era solo un 7,7%. En 2011, otra convocatoria de generales, la participación fue todavía inferior y se quedó en el 6,7%. 

Aun así, Tarragona muestra un mayor interés en el 28-A que la media de España, donde solo el 8% de los ciudadanos en el exterior han pedido votar. Son 176.547 personas de 2.093.977. Los tarraconenses en el exterior también están, en principio, más motivados que la media catalana, ubicada en el 11,9%, aunque la diferencia es mínima. Tarragona es la provincia de Catalunya con más interés en estos comicios. Con ese 12,7% de solicitantes, supera a Girona (12,4%), a Barcelona (11,8%) y a Lleida (11,4%). Las distancias son escasas. 

A pesar del bajo     registro, Tarragona es la provincia catalana con más interés en el 28-A

El voto rogado, que desde 2011 obliga a los electores expatriados a tener que solicitarlo y emitirlo en unos plazos ajustados, ha desplomado la participación de aquellos que viven fuera, una cantidad considerable del descenso que, además, puede ser decisiva. Los españoles más activos en este proceso han sido los de Francia, con 27.562 peticiones. Es en ese país donde hay una mayor colonia de tarraconenses (3.634). 

Todo cambió en 2011, cuando el PP y el PSOE, con el apoyo del PNV y la entonces CiU, reformaron el sistema de voto de los residentes en el extranjero. El motivo eran los numerosos casos de fraude que se daban. En cada cita con las urnas, ‘resucitaban’ decenas de personas y depositaban su voto. El resultado fue ese voto rogado en el que el ciudadano tiene que solicitar su sufragio, una especie de mecanismo de seguridad que, en la práctica, conlleva trabas administrativas que provocan que el voto foráneo caiga casi siempre en picado. Al final solo los electores más informados o estimulados acaban emitiendo su papeleta. 

Antes del cambio, la participación de los electores tampoco era masiva pero sí notablemente superior. Por ejemplo, en las elecciones al Parlament de 2010, las últimas antes del voto rogado, depositaron su papeleta en un consulado o la enviaron por correo el 18,08% de tarraconenses que residían en el extranjero. Fueron 1.808 personas sobre un censo de 10.002. Sólo dos años después el porcentaje cayó al 7,73%. El censo había crecido hasta los 11.618 tarraconenses, pero los votantes fueron 898. La diferencia en las elecciones generales aún fue mayor. En las de 2008, votó el 28,99% de tarraconenses inscritos en el CERA. En las de 2011, sólo el 6,76%, suponiendo un marcado batacazo por las restricciones. 

La situación no se ha corregido pese a intentos políticos recientes. PSOE y Podemos promovieron en febrero una reforma para suprimir esa fórmula de votación pero las trabas que puso el PP retrasaron el procedimiento. Fue imposible tramitarlo antes de la disolución de las Cortes. La propuesta socialista fue enviar directamente a los inscritos en el CERA las papeletas en blanco para que los electores las rellenaran y devolvieran. Así se ahorraban tiempo y trámites. 

El PP rechazó la iniciativa por considerar que no tenía garantías. La contrapropuesta fue que el envío incluyese las papeletas de las candidaturas y que los inscritos en el CERA retornasen la que prefirieran previa acreditación de su identidad con un certificado. El PSOE se opuso al considerar que era inviable y que los populares echaban balones fuera.