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El Ayuntamiento de Tarragona podría tener que hacer fijo al 20% de sus empleados. Esto es lo que podría suceder si dentro de pocas semanas el Tribunal de Justicia de la Unió Europea dictamina que los trabajadores interinos y temporales de las administraciones públicas tienen derecho a ser considerados como parte fija de la estructura organizativa, o bien a cobrar una indemnización por todo el tiempo que han ejercido su trabajo tras los primeros tres años como temporales.
Así lo aseguran al Diari los sindicatos USOC, UGT y la Intersindical, así como la abogada especializada en los derechos de los empleados públicos, Beatriz González. En el caso de la corporación con sede en la Plaça de la Font se calcula que son unos 200 los trabajadores que pueden verse afectados por la resolución del tribunal continental, una cifra que significa que uno de cada cinco empleados del Consistorio no es fijo. Este dato es casi el doble «del 12% que considera razonable la directiva europea de 1999 y que debía haberse adaptado a la legislación española en 2001, pero que no se ha hecho», afirma González.
Comptabilitat, Joventut y OMAC
Ahora, los sindicatos tarraconenses siguen muy de cerca la evolución de este dictamen, que podría suponer un importante revés para las arcas municipales. «Hay un abuso evidente de la temporalidad. Aquí tenemos casos de gente que lleva más de 15 años encadenando contratos temporales», afirman los representantes sindicales del Ayuntamiento consultados por este periódico, que aseguran que las ejemplos más evidentes de esta debilidad en la estructura municipal se da en áreas como «Comptabilitat, Joventut, el Servei Municipal d’Ocupació, Comunicació, la OMAC, Museus o el IMET», donde en algún caso la mitad del departamento no es fijo. Se da la circunstancia, además, de que los interinos no pueden promocionar en la escala profesional de la administración ni cuentan con compensación económica alguna cuando son cesados.
La abogada añade que, según la legislación vigente, se acepta que la temporalidad en la administración pública tiene un límite de tres años, al entenderse que se da por una causa «extraordinaria o puntual». Es en este periodo que la legislación entiende que debe sacarse la plaza a concurso, ya que de lo contrario esta interinidad se convierte en estructural y, consecuentemente, el personal debe pasar a ser fijo.
«Las primeras conclusiones de la abogada general de la Unión Europea abren la puerta para que los empleados que lleven más de tres años como interinos puedan pedir 45 días por año trabajado a partir de, precisamente, los tres años en el cargo», y a «reclamar su fijeza», ya que en el pasado «ya pasaron por un proceso selectivo y han demostrado su mérito y capacidad», afirma González, quien el pasado 31 de octubre estuvo en la Plaça de la Font para exponer a sindicatos y empleados el horizonte que puede abrirse a principios de 2020.
Una vez se conozca la sentencia, los trabajadores que consideren que puedan verse beneficiados tendrán que presentar primero una reclamación ante el propio Ayuntamiento y, si ésta no es aceptada, deberán acudir ante la justicia ordinaria. «La fijeza o la indemnización no será automática. Cada caso deberá resolverse por separado», afirma González, quien calcula que en el total del Estado español hay unas 800.000 personas que se encuentran en esta situación de interinidad.
Paralización de los concursos
Todo este posible escenario podría ahondar aún más en la débil estructura organizativa que tiene el Consistorio en estos momentos, que ha provocado que la gran prioridad del ejecutivo municipal sea la de incorporar «cuanto antes» a un director de Recursos Humans «para poner orden», según afirmó recientemente el concejal de Serveis Centrals, Jordi Fortuny.
El edil republicano reconoce que el gobierno local «está a expensas» de conocer la decisión del alto tribunal europeo, pero muestra su convencimiento de que «debe reducirse la interinidad y consolidar la estructura municipal, musculando aquellas áreas que ahora son más débiles», como son los casos de Inspecció Fiscal, Llicències o los teatros.
De momento, el sindicato USOC ya ha presentado una petición al gobierno municipal, a la Junta de Personal y a la Secretaria General del Ayuntamiento de Tarragona para «solicitar la paralización de la convocatoria de las plazas incluidas en la oferta pública que ahora están ocupadas por personal interino» hasta que «se haga pública la resolución del tribunal europeo», según se indica en el escrito al que ha tenido acceso el Diari. En el documento, el sindicato solicita la aplicación de esta medida preventiva «por prudencia, ante los graves perjuicios que podrían ocasionarse» si se obvia.
En concreto, la previsión municipal es la de cubrir con personal fijo a corto plazo un total de 104 plazas en los próximos meses. La mayor parte de estos puestos de trabajo serán para auxiliares administrativos (36), subalternos (20) y trabajadores sociales (16).
