La aprobación del POUM de Tarragona, lejos del consenso que pide el alcalde Viñuales

El modelo de ciudad que dibujará el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) fue protagonista durante la campaña electoral de 2023 y podría volver a serlo dentro de dos años. Este es un temor que cada vez se extiende más por el Palau Municipal, después de que la falta de los informes preceptivos está retrasando una aprobación inicial, que el gobierno sitúa de cara al segundo semestre del año, pero que tampoco es segura.

El alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, reconocía este miércoles en una entrevista en Ràdio Ciutat de Tarragona que está «enfadado con el calendario», ya que alguna de las empresas no está cumpliendo los plazos para la redacción de los informes preceptivos. Esto está retrasando una aprobación inicial que estaba prevista para este primer semestre. «Si no cumplen, es un incumplimiento con unas consecuencias para la adjudicataria», afirmó el alcalde, que evitó especificar si esto comportará unas consecuencias económicas para la compañía.

Viñuales afirmó que el objetivo del gobierno es que se apruebe «antes de que acabe el mandato» y aseguró que «si conseguimos que no nos pase lo de la otra vez, que había partes que no estaban de acuerdo, puede ser». Asimismo, volvió a defender que el gobierno quiere que sea un plan de «consenso», que cuente con el aval de «la mayoría más amplia posible». Y en esta incluía tanto a ERC como a Junts per Catalunya y a ECP.

El dirigente socialista hacía estas declaraciones pocos días después de que finalizara una nueva ronda de contactos con los partidos, que cerraron Junts y En Comú Podem. Y, en líneas generales, puede deducirse que si el gobierno busca un amplio acuerdo, todavía quedan muchas reuniones para ir avanzando en la definición de un plan que marcará el crecimiento de la ciudad de cara a los próximos treinta años.

Que en el salón de plenos hay dos modelos de ciudad totalmente contrapuestos pudo verse hace unas semanas, cuando la Cambra de la Propietat Urbana organizó un debate de partidos alrededor del POUM. La cuestión está en qué fichas están dispuestas a sacrificar cada una de las partes para ensanchar la mayoría.

ERC reivindica una parte de la paternidad del futuro plan, ya que este deriva del avance que se aprobó en el anterior mandato. Pese a ello, los republicanos tienen tres líneas rojas, que son la Budellereta, Mas d’en Sorder y una Laboral con suficiente espacio para que sea «el gran revulsivo de Ponent, conectando Bonavista y Campclar», defiende Xavier Puig. Este sostiene que, a nivel de contenido, se han generado «puntos de encuentro importantes que no pueden menospreciarse». Ambos comparten con el gobierno la apuesta por el distrito tecnológico del Francolí y la intermodal de la Horta Gran. Asimismo, se han acercado posturas con la Vall del Llorito y hay «predisposición al entendimiento», aunque ya avanzan que «seremos firmes defendiendo las líneas rojas».

Y si Mas d’en Sorder es un campo de minas para ERC, Jordi Sendra avanza que «para Junts per Catalunya, lo contrario». Los de Puigdemont apoyan al gobierno en incluir este sector, que afecta a los terrenos junto al campo de golf Costa Daurada, y que debe permitir la recuperación de la masía como hotel de lujo. «Todos tenemos que aflojar un poco, pero con este tema no lo haremos, ya que entendemos que tiene que poder crecerse por Llevant con espacios en los que puedan vivir personas con un poder adquisitivo», afirma Sendra.

Sobre el calendario, Sendra defiende que la aprobación definitiva debería producirse «antes de empezar la vorágine electoral» ya que, de lo contrario, «los cuatro años de Ricomà no sirvieron para nada y no puede ser que los cuatro de Viñuales tampoco».

Un largo recorrido

Los Comuns aseguran que no se ponen líneas rojas, pero ahora mismo su postura está muy alejada. «Hay cosas que están bien, pero la música general no nos encaja», indica su portavoz, Jordi Collado. Asegura que todavía «queda un largo recorrido», ya que la formación espera conocer los informes económico, de inundabilidad y sociales para conocer la viabilidad de algunas de las propuestas que se plantea y que asegura que responden a la «presión urbanística».

Los ecosocialistas son muy críticos con el distrito tecnológico del Francolí y lamentan que el traslado de la CLH responda a un «pelotazo». Asimismo, argumentan que el traslado de la Laboral «no está pensado para la ciudad, sino para que crezca el puerto». «Nos faltan demasiados datos, pero debe haber un POUM en el que todos cedamos, mientras se ganan unas cosas y se pierden otras. Pero ahora mismo estamos muy lejos de esta situación».

Los Comuns tampoco comparten el modelo ferroviario, que fue motivo de polémica después de que se puso en entredicho la apuesta por la intermodal de Vila-seca. Al respecto, ayer Viñuales fue rotundo: «No pienso morirme pensando que he sido el alcalde que ha permitido otra estación en medio de la nada».

Quien cierra la puerta a apoyar el plan es el Partit Popular de Maria Mercè Martorell. «No es nuestro modelo de ciudad», lamenta la portavoz de esta formación, quien añade que los socialistas «han asumido el POUM de ERC», mientras que lo que debería haberse hecho era «recuperar el plan de Ballesteros, que tenía mucho consenso, eliminando el tema de la CLH».

El partido ve «complicado» que este año pueda haber una aprobación inicial y esto llevará a que «los ejes de la campaña de 2027 serán muy similares a los de 2023».