Engaño sentimental en Tarragona: piden cinco años de cárcel por estafar más de 41.000 euros a su pareja
El acusado, presuntamente, lo convenció de que era economista experto en inversiones para obtener transferencias bancarias durante meses. El Ministerio Fiscal y la acusación particular solicitan prisión y una indemnización
El denunciante efectuó hasta 17 transferencias bancarias.
Un vecino de Tarragona se enfrenta a un proceso judicial por haber estafado presuntamente más de 41.200 euros a otro hombre al que conoció en una playa de Salou durante los meses de verano. Según la Fiscalía, el acusado aprovechó la confianza derivada de una relación sentimental para hacerle creer que era economista y experto en inversiones financieras, y que podía multiplicar su dinero si le hacía una serie de transferencias bancarias.
Durante varios meses, el denunciante fue enviándole dinero a distintas cuentas bajo ese supuesto fin: 17 transferencias en cinco meses por un total de 39.600 euros. A esa cifra se suman otros 1.600 euros en efectivo, entregados en mano ante notario, según consta en el escrito de acusación.
El engaño fue tan elaborado que incluso se llegó a firmar un documento de reconocimiento de deuda con la promesa de devolver el dinero. Promesa que nunca se cumplió. El afectado, tras ver que no recuperaba ni un euro y que el supuesto inversor evitaba el contacto, decidió acudir a la justicia.
Dos versiones y una condena en el horizonte
La Fiscalía considera que los hechos constituyen un delito de estafa y solicita para el acusado tres años de prisión, además del pago íntegro de la cantidad defraudada más intereses. Sin embargo, la acusación particular va más allá: habla de una estafa continuada con ánimo de lucro y aprovechamiento emocional, y pide cinco años de cárcel, inhabilitación y el mismo pago en concepto de responsabilidad civil.
Como prueba, se aportan documentos bancarios, contratos, conversaciones de WhatsApp y testimonios, incluyendo el del denunciante y peritos que acreditarán el engaño. La acusación la lleva la abogada Andrea Guzmán, del despacho tarraconense 8Penal Advocats.
El caso está actualmente pendiente de juicio. Las partes tendrán que demostrar si hubo realmente una intención de inversión fallida o si, como sostienen las acusaciones, todo fue una estrategia sentimental premeditada para vaciarle el bolsillo a la víctima.
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