Las ‘growshops’, los hipermercados de la marihuana en Tarragona

Son los hipermercados de la marihuana. Desde semillas hasta fertilizantes, pasando por material de iluminación y ventilación. Las growshops están adquiriendo notoriedad en los últimos tiempos y, a pesar de que se trata de un negocio absolutamente legal, son frecuentados por los grupos de cultivo y tráfico de cannabis, y hasta han llegado a ser objetivo de operativos policiales en España.

Las organizaciones criminales compran en growshops materiales legales (semillas, fertilizantes, iluminación, ventilación...) para montar plantaciones de marihuana, especialmente en naves industriales o chalets okupados.

Algunos han sido utilizados como pantalla o tapadera: facturando productos para justificar ingresos procedentes del tráfico, distribuyendo material exclusivamente a clientes de la organización y almacenando material para plantaciones ilegales.

A veces, los growshops se convierten en un punto de contacto entre pequeños cultivadores y redes de tráfico mayores, creando redes de colaboración o contratación informal.

En investigaciones judiciales, se ha detectado que algunos responsables proporcionaban asesoramiento especializado sobre cómo obtener mayores rendimientos de cannabis, cuándo cortar, cómo secar... con pleno conocimiento de que era para fines ilícitos.

¿Son legales?

En principio, muchos de los artículos que se comercializan en estos establecimientos también se venden en otras tiendas especializadas sin ningún problema legal.

Sin embargo, cuando todos estos productos se ofrecen conjuntamente y con una orientación específica hacia el cultivo de marihuana, puede interpretarse como una actividad ilícita, dependiendo del contexto.

Uno de los puntos más delicados es la venta de semillas de cannabis. En España, estas se comercializan como productos de coleccionismo, no aptos para el consumo ni para la siembra, debido a lo que establece el artículo 368 del Código Penal. Este artículo sanciona el cultivo, elaboración y tráfico de drogas, pero no penaliza el consumo individual y esporádico.

En teoría, los growshops no actúan como facilitadores del delito, ya que venden productos a clientes individuales y no a redes de tráfico o grandes productores. Aun así, todo depende de las circunstancias: el tipo de productos que venden, las cantidades, y el perfil del comprador.

Por ejemplo, si un establecimiento suministra grandes cantidades de semillas o materiales con la clara intención de favorecer un cultivo destinado al tráfico, podría interpretarse como cooperación en un delito contra la salud pública. En cambio, vender unas pocas semillas como artículos de colección, con el etiquetado y el envasado adecuados, no suele generar problemas legales.

Desde hace algunos años, las autoridades han afinado su atención, poniendo el foco especialmente en el tratamiento que se da a las semillas. Estas deben estar bien envasadas, etiquetadas y comercializadas de forma responsable, para evitar tanto riesgos sanitarios como confusión legal.

En Tarragona

En la provincia, hace un par de años, la Guardia Civil llevó a cabo una veintena de inspecciones en este tipo de negocios, que se saldaron con ocho denuncias, una persona investigada, 203 esquejes de marihuana, 35.199 semillas inmovilizadas y 54 envases de productos fitosanitarios inmovilizados.

Asimismo, los Mossos d’Esquadra también han desmantelado algún comercio de este tipo. La policía catalana detuvo en 2017 a un matrimonio de Vila-seca propietario de un growshop.

Los acusaron de un delito contra la salud pública, blanqueo de capital y pertenencia a grupo criminal. Cuatro años después, a raíz de varias quejas vecinales, Mossos y Policía Local de Salou detuvieron a un propietario por tráfico de drogas.

En el interior de la tienda se localizaron media docena de frascos con sustancia vegetal tipo marihuana, sin precinto ni sello oficial, que estaban a la vista de la clientela.

En otra zona, encontraron un nuevo bote lleno de marihuana; ocho bellotas hechas de hachís y dos barras de la misma sustancia. Se comprobó que el acusado ni siquiera disponía de la licencia de apertura, ni del seguro obligatorio.

Operativos fuera de Tarragona

El uso de este tipo de tiendas ha ido incrementándose en los últimos años. De hecho, en el último operativo llevado a cabo por los Mossos contra el tráfico de drogas y armas, se detectó que una de las redes criminales de cultivo de marihuana frecuentaba diferentes growshops con el objetivo de comprar material para mantener la productividad de las plantaciones.

La Guardia Civil también ha llevado a cabo investigaciones fuera de Tarragona: hace pocos días, se desmanteló, en una tienda de Cuenca, una plantación de cannabis con 132 plantas, lo que supone un kilo de marihuana listo para la comercialización.

También se incautaron casi 100 kilogramos en Valencia, en el marco de una investigación para desmantelar una red de growshops que vendía estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

OECC: «El futuro es la legalización»

El Observatorio Europeo del Consumo y Cultivo de Cannabis (OECCC) recuerda que «los growshops y bancos de semillas operan legalmente en España desde finales del siglo XX, generando miles de empleos».

«Pretender criminalizar a todo un sector es tan desproporcionado como cerrar partidos políticos por un caso de corrupción», afirman. Subrayan que la venta de semillas no constituye delito, ya que no contienen THC ni están fiscalizadas.

Citan el informe del fiscal Fernando Sequeros Sazatornil (2003), que establece que estos productos «no son sustancias estupefacientes» y que su comercialización no es delictiva salvo que haya intención probada de tráfico.

El OECCC también critica a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) por seguir «actuando con criterios del siglo XX» e «ignorar normativa europea y sentencias que respaldan la actividad del sector».

Además, el Observatorio recuerda que la ONU reclasifica el cannabis en 2020, eliminándolo de la lista de sustancias más peligrosas. Por ello, reclaman una regulación «coherente con la evolución internacional». Y concluyen: «En lugar de perseguir, hay que regular con sentido común y respeto a los derechos fundamentales».