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24 profesores han denunciado agresiones en el aula en Tarragona

Mientras Ensenyament dice que la convivencia en los centros mejora, docentes y directores alertan de que la situación se degrada y de que faltan recursos para detectar trastornos
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Algunos profesores y directores de Tarragona denuncian conflictividad en las aulas.  Foto: GalleryHip

Algunos profesores y directores de Tarragona denuncian conflictividad en las aulas. Foto: GalleryHip

Los insultos, las amenazas y las agresiones en el aula son, según sindicatos y profesores, fenómenos en auge que están degradando la convivencia en el entorno educativo. Desde la falta de respeto a la agresión física, pasando por la desconsideración y por situaciones extremas como la de una profesora de un centro de Tarragona que vio cómo le habían manipulado las ruedas de su vehículo y lo denunció a los Mossos. La pérdida social de valores, la autoridad devaluada del profesor e incluso los problemas socieconómicos en según qué centros se esconden detrás de una problemática invisible para algunos y poco denunciada.

En el curso pasado, el sindicato Anpe recogió 24 denuncias de profesores de la provincia que se habían topado con diferentes circunstancias: desde problemas para dar clases, a insultos, agresiones o acoso. «Muchos no quieren que trascienda. Nos llaman para desahogarse pero de forma anónima, sin atreverse a confesar ni siquiera su nombre ni el del centro. Está pasando igual que con la violencia de género. Muchos lo sufren en silencio. Empezó siendo un problema de la ESO y vemos que ha pasado también a Primaria», lamenta Carmen Alonso desde el sindicato Anpe.

 

‘La convivencia ha mejorado’

No hay acuerdo en el diagnóstico del problema. Sindicatos y numerosos docentes hablan de un empeoramiento de la situación. Sin embargo, el Departament de Ensenyament sostiene que, salvo casos puntuales, la convivencia en los centros de Tarragona ha mejorado y los expedientes disciplinarios (no hay cifras, ya que se trata de un registro interno de los centros) han disminuido en los últimos años. «En general la convivencia en los centros ha mejorado. El número de expedientes ha bajado de manera espectacular. Muchos institutos tienen establecidos sistemas de mediación. Cuando hay una falta de respeto, hay unos mecanismos de mediación para intentar reconducir la conducta sin llegar a un expediente disciplinario. Es una buena alternativa», explica Maria Àngels González, la delegada de Ensenyament en la provincia.

La responsable de educación dibuja un panorama que mejora a la vez que define la casuística: «No todos los centros son iguales. Los que están en entornos socioeconómicos de más complejidad son más proclives a pasar por episodios de falta de respeto con más frecuencia». González sostiene que los casos en Tarragona son esporádicos, aunque no esconde cierta preocupación: «Lo que nos llama la atención es que los episodios de violencia se dan cada vez más en alumnos más pequeños. Tiempo atrás los alumnos que daban problemas eran los de la ESO. Ahora cada vez se detectan más problemas conductuales en estudiantes más pequeños».

Rosa Maria Codines, inspectora de educación en Tarragona, es contundente: «No hay violencia en las aulas. Nunca habíamos estado tan bien. Siempre hay que gestionar la actitud de los padres y por eso mediamos. Hay mucha diversidad en los adolescentes y en los profesores, que deben ganarse la autoridad. Siempre hay alguna cosa, pero en general la situación aquí es buena».

 

‘Hay agresiones’

Otras visiones del sector son muy distintas. Jaume Queraltó, portavoz de los directores de Infantil y Primaria en Tarragona, es crítico con la situación: «En estos momentos hay falta de recursos. Tenemos muchos alumnos que se tienen que atender con medios psiquiátricos. Hay casos graves. No hay que crear alarmismo, pero hay que decir la verdad. Hay casos de agresiones y detrás de eso hay alumnos con problemas emocionales y mentales».

Queraltó reclama medidas: «Hace falta un refuerzo porque nosotros no tenemos las herramientas. Hay una parte de mal comportamiento que el centro sí tiene maneras de poder absorber, pero los profesores no estamos para que nos peguen, y eso está sucediendo. Con la crisis, la gente está más nerviosa, los padres aguantan menos, y todo eso se traslada al centro».

Narcís Castanedo, director del Institut Vidal i Barraquer, cree que las edades más conflictivas oscilan entre los 13 y los 15 años, y detecta dificultades: «Los institutos son un reflejo de la sociedad. Hemos notado más alumnos con problemas psicológicos y ahí sí que faltan recursos. Hay muy poca inversión al respecto».

 

El miedo a denunciar

Daniel Higuera, profesor de Primaria en Tarragona y presidente de Anpe en la provincia, alerta de la situación: «No se puede dar una imagen de que no pasa nada. Hemos llegado a un punto en el que no pasa nada por denigrar al profesor, que ha perdido su autoridad. Es muy fácil meterse con él. Y lo peor es que hay mucho miedo a denunciar».

«Estamos totalmente indefensos. La administración y los jueces no son conscientes de que tanto el colectivo docente como el sanitario están padeciendo agresiones y no se ponen límites. Los sistemas de prevención son muy bonitos pero hasta que no haya un hecho con sangre no nos tomaremos en serio lo que pasa», comenta Carmen Alonso. «Los jueces suelen hacer la vista gorda. A veces una cosa como una bofetada al maestro se decide que no conste en el expediente. Hay una connivencia para no condenar», aporta Daniel Higuera.

Desde Ensenyament, González emplaza a una reflexión: «Es bueno pensar en el grado de violencia que se ve en los medios de comunicación, en las pantallas, en los videojuegos. Hay voces que no asocian eso a la violencia en las aulas pero creo que no es gratuito. También hay que apelar a la responsabilidad de los padres, que no siempre controlan lo que hacen sus hijos».

En los progenitores está una de las claves de lo que supone, para algunos, un incremento de la problemática, en parte vinculada a la crisis. Aunque el consenso es no englobar el caso del asesinato de la ballesta (el niño que mató a un profesor en el instituto Joan Fuster de Barcelona) en la problemática de la violencia en las aulas, algunas voces sostienen que ambas cuestiones no están tan alejadas y que, en el fondo, la falta de recursos impide detectar patologías así. «Hace falta mucho más control y seguimiento, mucha más prevención. Normalmente los centros tienen unos criterios para abordar problemas de conducta pero en casos así está afectando otro tipo de problemática, una cuestión mental que no es ajena a la crisis», define el profesor Josep Maria Cartanyà, del sindicato Ustec.

Para Cartanyà, la diagnosis del problema no puede huir de la situación económica: «Hay una cuestión clara de recortes y de empeoramiento de las condiciones laborales de los profesores. Se han incrementado los horarios lectivos, se les han recortado los sueldos a los maestros. Las leyes educativas están lejos de fomentar la cooperación entre los compañeros y se ha apostado por impulsar la competitividad, entre alumnos y también entre los centros. Se ha generado desigualdad y eso es un caldo de cultivo peligroso para que acaben surgiendo problemas. Por un lado, tensionamos a un profesorado que ha perdido la autoestima. Y por el otro a un alumno que sufre en su casa la crisis económica en muchos casos y eso se traslada al centro. También se han quitado horas de atención a la diversidad».

Ante esta situación de, para algunos, indefensión e imposibilidad de abordar el problema, el Govern ha decidido reforzar el plan de salud mental en los institutos para detectar trastornos psicológicos o psiquiátricos. Aún no hay medidas concretas, pero el objetivo es revisar el programa ‘Salut i Escola’ para localizar y tratar casos como el de la agresión mortal en Barcelona.

Según el conseller de Salut, Boi Ruiz, las consultas en salud mental en infantil y juvenil han crecido, mientras que la atención en adultos ha disminuido. A su parecer, el aumento se debe a que existen más casos derivados de la «situación socioeconómica que vive el país». Algunos jóvenes desencadenan estados de angustia a raíz de los problemas económicos que padecen en el hogar. El refuerzo no será uniforme, sino que se actuará de forma más acentuada en aquellos entornos económicos de más complejidad.

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