El contrato de la basura de Tarragona arrastra cinco recursos en el TSJC

GBI Paprec y FCC no renuncian a gestionar el contrato de la basura y la limpieza de la ciudad de Tarragona. Las dos empresas, cuyos recursos fueron rechazados por el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic el pasado 31 de julio, han presentado nuevas alegaciones ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Por ello, ayer el pleno municipal de la Plaça de la Font aprobó enviar el expediente al máximo organismo judicial catalán y, asimismo, «comparecer en dichos recursos».

Hace tres meses, el tribunal administrativo desestimó los recursos de las empresas licitadores por cuestiones de forma. En el caso de Paprec, el organismo autonómico consideró que ya no formaba parte del proceso porque el propio órgano excluyó a la compañía en junio del 2024, mientras que en el caso de FCC el tribunal considera que la alegación presentada en abril del 2025 se debería haber registrado hace un año, por lo que ahora sería «extemporánea».

Por todo ello, el pasado 4 de septiembre el Ajuntament de Tarragona firmó el contrato por diez años con Urbaser, que ya ha anunciado que empezará a operar en Tarragona el próximo 5 de noviembre a las seis de la mañana, llevando a cabo una inversión de 24 millones en maquinaria, tecnología e instalaciones.

Recursos desde 2024

Con los nuevos recursos presentados ahora en el TSJC, el alto tribunal de Catalunya cuenta ya con cinco cuestiones diferentes sobre el contrato de la basura de Tarragona.

Las tres primeras se presentaron en 2024, con la primera resolución del Tribunal Català de Contractes que eliminó a la licitadora mejor puntuada: GBI Paprec. El tribunal administrativo expulsó a la empresa por «vulnerar el pliego de condiciones». A raíz de ello, GBI Paprec presentó un primer recurso para tirar atrás su eliminación, añadiendo la petición de medidas cautelares que no fueron aceptadas.

En el mismo sentido, FCC también acudió al organismo judicial por una presunta «animadversión» de la Cap de Gestió de Serveis Públics, Lídia Bartra, que en el pasado trabajó en la empresa, pasando a ser empleada municipal por la vía judicial.

Paralelamente, el tercer recurso en el TSJC es el que presentó el Ajuntament de Tarragona. El consistorio tarraconense acudió al tribunal para «defender la actuación» de sus técnicos en la mesa de contratación que se decantó por la oferta de Paprec por encima de la de Urbaser y FCC. Se da el caso, pues, que mientras que ahora la administración local ha firmado el contrato con Urbaser pide en el TSJC que el contrato se le otorgue a Paprec.

Fuentes consultadas consideran que, entre el tiempo que se tardará en resolver, más los futuros recursos, en caso de ganar Paprec o el Ajuntament de Tarragona lo más probable es que «la indemnización sea la vía más factible».

Se repite la historia

En abril de este 2025, tras la exclusión de GBI Paprec, el consistorio adjudicó el contrato a Urbaser. Por ello, Paprec y FCC volvieron a recurrir al tribunal administrativo, que el pasado 31 de julio decidió no estimar las quejas y desbloqueó el proceso.

Pese a este nuevo traspiés administrativo, ahora las dos empresas vuelven a acudir a los tribunales. FCC, de hecho, ha solicitado como medida cautelar suspender la resolución del tribunal administrativo del pasado 31 de julio, una petición que todavía no se ha resuelto. A 18 días del inicio del nuevo servicio, Paprec y FCC refuerzan la vía judicial de un caso sin solución a corto plazo.