¿Tarragona debe tener más votos que Constantí en el Àrea Metropolitana?

El debate está abierto: ¿Las grandes ciudades deben tener más votos que los municipios pequeños en la futura Àrea Metropolitana? Esta será la cuestión que marcará el pleno municipal de este lunes en el Ajuntament de Tarragona, en el que previsiblemente el Saló de Plens avalará los estatutos del nuevo ente territorial con el apoyo de 16 de los 27 concejales de la Plaça de la Font. La misma ecuación puede correr el Consorci del Patrimoni de la Tàrraco Romana.

Especialmente significativas son las oposiciones de ERC y PP, que en conjunto suman 10 concejales. Las dos formaciones se oponen a la normativa de la nueva asociación metropolitana, ya que el voto previsto para Tarragona –o Reus– es el mismo que el que tendrán Constantí o La Canonja (cuyo alcalde presidirá el Àrea Metropolitana). ¿Es justo?

«No es administración aún»

La ponderación del voto en función de la población es una posibilidad que se da en el sector público, mientras que no es tan habitual en las asociaciones de derecho privado. Esta es, seguramente, la clave del asunto: el paso que se dará este viernes no será la constitución de una nueva capa administrativa, sino que lo que se aprobará será que el actual Grup Impulsor se convierta en una asociación para impulsar la futura Àrea Metropolitana.

Por esto, todos los alcaldes defienden para esta primera fase el principio de «un municipio, un voto». Las fuentes consultadas recalcan que el debate de la ponderación se dará en el futuro, cuando la asociación «pase a ser un consorcio o una mancomunidad de municipios» o en la fase que se debata una futura ley en el Parlament.

En este punto, la comparación es obligada. ¿Qué se hace en otras partes? El caso más evidente es el de la Comisión Europea. Allí, cada Estado tiene un voto. Por ello, en las votaciones en las que solo se requiera mayoría simple no hay complicaciones: cada país tiene un voto para llegar a 14.

La ponderación llega cuando se requiere mayoría cualificada. En este punto se necesita el voto favorable del 55 % de los Estados miembros, esto sí, que representen al menos el 65 % de la población de la UE. El mismo criterio se sigue, por ejemplo, en las áreas metropolitanas de Barcelona o Sevilla.

Sin criterio único

Entre las asociaciones de municipios, en Catalunya y España no hay un criterio único. La Associació Catalana de Municipis (ACM) especifica en su artículo 18.2 que «cada ente local asociado dispondrá de un voto». Se trata del mismo criterio que tiene la Associació de municipis per la Independència (AMI) –con muchos alcaldes de ERC–. En su artículo 13.1, la entidad recalca que cada representante «tendrá un voto».

Paralelamente, el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad concreto en su artículo 9 de funcionamiento que «cada ciudad contará con un solo voto, independientemente de los representantes que asistan».

Contrariamente, las federaciones de municipios sí que tienen en cuenta la población. Así, la de Catalunya da un voto en su asamblea general a los pueblos de menos de 5.000 habitantes, mientras que da hasta siete a los que tienen más de 100.000. Lo mismo pasa con la federación estatal: otorga dos votos a los municipios de menos de 2.500 empadronados, por los 75 de los que tienen más de un millón. Fórmulas de todo tipo para un debate que no deja indiferente a nadie.