Mafias de la okupación de Tarragona entran a pisos vacíos y venden las llaves: "Buscan el negocio"

Dice Stela López, como portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en la ciudad de Tarragona, que los desahucios registrados en las estadísticas afectan a las familias vulnerables, pero que también hay una parte que responde a la presencia de grupos que se lucran. “A muchos los echan hoy de un piso y mañana están en otro. Eso para mí no es un desahucio, porque lo que están haciendo es negocio. Cobran porque los echen o porque les dé dinero el banco o un particular”, explica.

Para López, la raíz del problema es la escasez de vivienda pública asequible y la falta de control sobre grupos que operan como mafias: “Lo que tendría que hacer la Generalitat de Catalunya sería comprar más viviendas, ya que es una gran preocupación para la gente”, añade.

Critica que las administraciones no actúan con eficacia: “No están dando soluciones. Dan 50.000 vueltas y se pasan la pelota. Saben que tienen viviendas a las que no pueden ni entrar a rehabilitarlas, y no ponen orden para recuperar esos pisos”.

Fuentes judiciales reconocen esta dinámica, que provoca que haya grupos que entren en pisos para posteriormente poner las llaves a la venta: “De hecho, la Fiscalía General del Estado reconoce que hay un peso importante de las organizaciones criminales detrás de estas casuísticas”.

El protocolo de Interior

En 2020, la propia Fiscalía General aprobó una instrucción judicial y policial que ejerce como protocolo y también permite actuar de inmediato en casos de okupaciones ilegales, cuando los agentes detectan que alguien ha entrado en una vivienda que no le pertenece, sin necesidad de esperar autorización judicial. Cuando la okupación se produce en un inmueble vacío y no se sorprende a las personas en el acto, sí se requiere una orden previa del juzgado para desalojar el inmueble.

La hoja de ruta también busca desmantelar mafias y grupos organizados que se lucran okupando pisos para posteriormente alquilarlos o venderlos de forma irregular, en muchas ocasiones a familias recién llegadas. 

En esta línea, establece que, en los casos donde hay personas vulnerables –como familias con niños, personas con discapacidad o en situación de necesidad–, las fuerzas de seguridad deben coordinarse con servicios sociales y organizaciones asistenciales para garantizar que se atiendan sus necesidades mientras se restituye la vivienda a su propietario legítimo.