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25.702 tarraconenses se juegan 62 millones de euros en el Tribunal Supremo

El jueves, asamblea de afectados. El Supremo decidirá el 5 de noviembre quién paga el impuesto

Raúl Cosano

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FOTO: thinkstock

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Al menos 25.702 tarraconenses con una hipoteca están pendientes de la decisión que adopte el Tribunal Supremo el próximo 5 de noviembre sobre la controvertida sentencia de la semana pasada que atribuía a la banca el pago de impuestos de las hipotecas.  La cifra es una estimación del sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha. Esos casi 26.000 ciudadanos de la provincia podrían reclamar la devolución del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) a la Agència Tributària de Catalunya solo por las hipotecas constituidas en los últimos cuatro años –aquellas que no están prescritas a efectos fiscales–, en el caso de que el Tribunal Supremo confirme que son los bancos, y no los hipotecados, quienes deben correr con el pago de este gravamen.

Así, Gestha calcula que quienes se hayan hipotecado desde octubre de 2014 podrían recibir un total de 62 millones de euros a los que habría que añadir los intereses de demora. Son los contribuyentes que firmaron una hipoteca en los últimos cuatro años –los que no han prescrito desde el punto de vista fiscal– los que pueden pedir la devolución de lo pagado indebidamente. En Catalunya, la cifra de hipotecas en vilo es de 235.223 y el montante de dinero que podría devolverse al contribuyente es de 2,1 millones. 

Los técnicos de Hacienda indican que deben dirigirse las reclamaciones del AJD pagado en los últimos cuatro años hacia las haciendas autonómicas –que son las que tienen cedido el impuesto– en caso de que el alto Tribunal no cambie su decisión sobre este impuesto, después de que el pasado viernes comunicara que revisaría la sentencia dada la posibilidad de una repercusión económica y social de graves consecuencias. 

En cuanto a la mecánica, explican que las comunidades autónomas, a medida que vayan recibiendo las solicitudes de devolución, deberán iniciar un procedimiento de comprobación tributaria y notificar una liquidación ‘espejo’ a la entidad financiera, exigiendo el mismo importe y los intereses de demora.

Hay que distinguir entre los casos fiscalmente no prescritos y los que sí lo están. En el primer supuesto, se trata en la provincia de esos 25.702 hipotecados. Sin embargo, la resolución abriría la puerta a que los casos ya prescritos consigan la devolución si negocian y llegan a pleitear con el banco. En ese caso, se añadirían 280.093 contribuyentes más sólo en la provincia, que podrían recuperar un montante de 577 millones. Son los que firmaron una hipoteca entre los años 2003 y 2014, una época que incluye el boom del ladrillo y, por lo tanto, una elevadísima cantidad de préstamos hipotecarios. 

De forma paralela, los técnicos avisan de que el proceso de las reclamaciones por los hipotecados a las entidades bancarias de las cantidades pagadas por el AJD hace más de cuatro años sería más farragoso, largo y costoso. No obstante, ya han solicitado a los bancos que devuelvan las cantidades de manera voluntaria y no obliguen a los ciudadanos a pleitear.

En cualquier caso, eso sería un verdadero terremoto económico. «Es una situación tremendamente complicada por los efectos que provoca, un auténtico vendaval para la economía española», sostiene Rafael Muñoz, economista del gabinete de estudios de la CEPTA. 

Probable aluvión de demandas

Muñoz alerta de lo delicado de la cuestión, sobre todo si se aplica la retroactividad a las hipotecas más allá de cuatro años. «En el caso de lo que está prescrito, el método sería interponer una demanda contra el banco. Ahí se frotan las manos los despachos de abogados. La cifra no tiene nada que ver con la de afectados por las cláusulas suelo, ni con las preferentes, ni con el Banco Popular. Es muchísimo mayor. Hablamos de la gente que firmó una hipoteca en los años de la burbuja», aporta Muñoz. 

El economista tarraconense, como otros expertos, avisa de la repercusión para la economía que puede tener la aplicación de la resolución judicial: «Conllevaría el desplome en bolsa de los bancos, encarecería la hipoteca porque las entidades se verían obligadas a buscar más margen de un menor negocio hipotecario. La recuperación económica se vería frenada, se dificultaría el acceso al crédito». A eso, calificado por muchos como un «terremoto», se añadiría el colapso de un sistema judicial ya sobrecargado, y en muchos casos por otros pleitos inmobiliarios. 

Por otra parte, ya se está empezando a articular la movilización de afectados. Este jueves a las 18.30 horas, en el Hotel d’Entitats de Tarragona, se llevará a cabo una asamblea organizada por Adicae, la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros. En sólo unos días, más de 100 personas han confirmado su presencia, aunque es probable que el número crezca. «La sentencia da la razón al consumidor y es por lo que nosotros luchamos, así que estamos ante una buena noticia. Había falta de información porque el cliente desconocía que se podía pactar esa cláusula y es nula porque el banco es el interesado. Siempre hemos defendido que se tienen que devolver esos gastos», indica Álvaro Rebollar, técnico de Adicae en Tarragona. Incide en que la devolución del impuesto no sólo se circunscribe a los casos de entre 2014 y 2018 sino «a todos aquellos que tengan un préstamo hipotecario». 

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