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Echan a 30.800 tarraconenses de las ayudas para la luz

El endurecimiento promovido por el Gobierno anterior para acceder a los descuentos expulsa al 77% de beneficiarios en la provincia. Sólo 7.181 personas tienen el nuevo bono

Raúl Cosano

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El Gobierno anterior endureció los requisitos para acceder al bono social eléctrico, lo que dejará a miles de personas sin ayudas.   Foto: DT

El Gobierno anterior endureció los requisitos para acceder al bono social eléctrico, lo que dejará a miles de personas sin ayudas. Foto: DT

El endurecimiento en los requisitos para acceder al bono social eléctrico dejará en unas semanas a unos 30.837 usuarios tarraconenses fuera de esta ayuda que nació en 2009 con el objetivo de que los colectivos más vulnerables pagaran menos por la factura de la luz. En toda España solo 706.285 clientes tienen aprobado el nuevo bono social (dato del 10 de septiembre), según las cifras ofrecidas al Diari por el Ministerio de Transición Ecológica. Es decir, 1,7 millones de usuarios menos que los que estaban adscritos a la antigua modalidad del viejo bono social (2,44 millones). Una cifra que debería ser aún mayor, pues según dijo la ministra Teresa Ribera la pasada semana, el número de hogares con pobreza energética se eleva a 4,6 millones. 

En Tarragona, según el balance ofrecido por Endesa, únicamente 7.181 personas tienen a fecha de hoy aprobada su petición para el nuevo bono. Es un 19% del total de 38.018 beneficiarios actuales. Por lo tanto, esos 30.837 están cerca de quedarse sin el bono. Entre ellos, puede haber personas que lo hayan solicitado y a las que se les haya denegado porque ahora ya no cumplen con los requisitos y otras que no hayan iniciado el trámite, algo que pueden hacer antes del 8 de octubre, la fecha límite de renovación, a la espera de que el Gobierno aplique una moratoria. Las cifras no son definitivas, pero todo apunta a que serán miles los que se quedarán fuera del nuevo sistema. 

En Catalunya, Endesa, la principal empresa comercializadora, ha recibido 50.000 solicitudes de renovación del bono social, un 25% de los clientes que tenían la antigua prestación. El porcentaje es similar al que se reproduce en otras provincias, donde miles de personas se quedarán fuera debido a las nuevas restricciones. 

«Nosotros no pusimos los nuevos requisitos para el bono social, simplemente aplicamos las condiciones que se nos marcan», explican fuentes de las compañías. Endesa es la empresa de la mayor parte de usuarios en Tarragona, si bien es verdad que también operan otras comercializadoras como Iberdrola o Naturgy, la antigua Gas Natural Fenosa. En esta última compañía también hay usuarios que se quedarán fuera del nuevo bono social eléctrico, si bien la firma trabaja con un número de clientes muy reducido. De los 589 que tenían el antiguo bono en la provincia, el 65% lo han renovado a estas alturas. 

Las eléctricas tramitan las solicitudes, pero es el Gobierno, con su criba, el que valida qué usuarios tienen derecho a la ayuda. Las compañías critican que la cifra de beneficiarios va a ser muy  baja por culpa del complejo proceso creado por el ministro Álvaro Nadal, del anterior Gobierno. 

El bono social eléctrico creado en 2009 constituía una ayuda en la factura de la electricidad de los «consumidores vulnerables», entendiendo por tales aquellas familias con una potencia contratada inferior a 3 kW, fuera cual fuera su situación económica; los pensionistas con pensión mínima; las familias numerosas y aquellas que tuvieran a todos sus miembros en desempleo. «En el anterior formato pesaban muy poco las condiciones económicas. En esta segunda edición del bono, se tienen en cuenta los niveles de renta y la situación social de la persona o de la familia. Por eso el número de beneficiarios es mucho más bajo, porque los criterios sociales están haciendo de filtro», indican al Diari fuentes del Ministerio. 

Demostrar el nivel de renta
El bono nuevo elimina al grupo de usuarios por debajo de 3 kW, que tendrán que demostrar su nivel de renta para acceder a él, y que supone unos 1,5 millones del total de 2,44 millones de usuarios receptores del bono antiguo. 

De este millón y medio de usuarios algunos podrían mantener la ayuda porque su nivel de renta está por debajo de lo establecido y otros, en cambio, la perderán. A los pensionistas se les exige que no tengan más ingresos que la pensión y a las familias con todos los miembros en paro que convivan en la misma unidad familiar. 

Después de muchas negociaciones, las familias numerosas han podido seguir incluidas dentro del grupo de beneficiarios. «Nos iban a dejar fuera, pero hemos tenido que hacer un trabajo intenso. Para nosotros es muy importante seguir dentro. Hemos podido defender el bono social para las familias numerosas, independientemente de su renta económica», explica Pere Aluja, delegado en Reus y Baix Camp de la asociación de familias numerosas Fanoc. La mayor parte de las 7.181 personas de Tarragona con la renovación aprobada para el nuevo bono son familias numerosas, que no está limitadas y pueden pedir la ayuda aunque sean económicamente muy solventes. 

El actual sistema del bono social establece tres grupos de beneficiarios, que deben estar acogidos a la tarifa regulada (PVPC), otro de los requisitos. Los primeros son los consumidores vulnerables, con un descuento del 25% en la factura de la luz. Se trata de hogares con una renta anual máxima de entre 11.279 y 18.779 euros, según los miembros. También los jubilados con la pensión mínima y las familias numerosas. 

Víctimas del terrorismo
El segundo colectivo es el de los vulnerables severos, con un descuento del 40% para unas rentas anuales de entre 5.640 y 9.340 euros, además de jubilados con pensión mínima y una renta familiar máxima de 7.520 euros y familias numerosas con hasta 15.039 euros. El límite de renta cuando existan personas con una discapacidad igual o superior al 33%, víctimas del terrorismo o víctimas de violencia de género se eleva en 3.760 euros. El consumo subvencionado para estos dos grupos tiene unos límites anuales que van de los 1.200 a los 3.600 kilovatios hora. Por encima de ellos se abona la tarifa normal.

El tercer grupo es el de consumidores en riesgo de exclusión social y lo forman aquellos hogares vulnerables severos a los que, además, los servicios sociales sufragan al menos la mitad de la factura. En esos casos, no pagan nada, pues las eléctricas deben asumir el resto, y por tanto no se les podrá cortar la luz. Los otros dos colectivos tienen cuatro meses desde el primer impago para ponerse al día, en lugar de los dos meses del resto de clientes. 

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