El Tiempo
Estado Carreteras
Whatsapp
Encuesta
Directorio Empresas
Desde 2013, se han producido 36 inversiones en la provincia de Tarragona que han permitido a extranjeros lograr el permiso de residencia conocido como la Golden Visa –visado dorado– o visado exprés. Se trata de personas acaudaladas, con gran capacidad económica, que invierten en inmuebles en España por un valor mínimo de 500.000 euros.
Una compra de esa magnitud otorga un permiso de residencia que también da derecho a trabajar y que permite la renovación hasta cinco años, tal y como se acordó en la modificación de las reglas aprobada en 2015. Esta flexibilización de los trámites, unido a que España mantiene todavía precios muy competitivos frente a los principales destinos europeos, es lo que parece que finalmente ha hecho que despegue la concesión de estos permisos. Tarragona es la novena provincia de España en este tipo de inversiones, con 36 casos de esta índole.
En lo que se refiere a los destinos más solicitados, copan la lista aquellas provincias más pobladas o con más tirón turístico. Destaca al frente del ranking Barcelona (1.384 inversiones), seguida a mucha distancia por Madrid (490) y Málaga (473). Alicante, Valencia o Girona también aparecen en estos primeros puestos, según el balance oficial del Ministerio de Economía.
En cuanto al país de origen de los inversores inmobiliarios, los chinos parecen tomar clara ventaja de los rusos y ya copan el 37,3% de las transacciones y el 32,6% del capital invertido. El colectivo exsoviético se afianza en el segundo puesto con el 26,6% de las compras y un 30,1% del dinero destinado a ellas. Ambos representan el 63,9% de todas las operaciones, seguidos a mucha distancia por las compras de inmuebles efectuadas por ucranianos, que representaron el 3,9% del total.
La norma permite obtener uno de esos visados por varías vías, no sólo la de la inversión inmobiliaria. Está pensada para atraer también talento con el programa de ventajas que ofrece a profesionales altamente cualificados, fomenta la puesta en marcha de proyectos de inversión, no solo en inmuebles, sino también en otros activos financieros y en deuda pública, e impulsa la llegada de emprendedores y personas en proceso de formación o investigación.
Al cierre de 2017 –últimas cifras disponibles– el volumen de inversores que optó por solicitar la residencia en España fue de 3.350. Esos inversores movilizaron un capital total de 3.026 millones de euros, cantidad también significativamente más elevada que los 1.708 millones contabilizados hasta 2016 (un 77,16% superior).
