400 tarraconenses en la ruina piden condonar su deuda

Roberto (nombre ficticio porque prefiere preservar su verdadera identidad) era comercial en una empresa del sector energético. La vida le iba bien. Disfrutaba de un piso de cuatro habitaciones y piscina comunitaria en Salou. Le pagaba a su hijo las letras del crédito del coche. Pero llegó la maldita crisis y la empresa le despidió, previa indemnización. Era 2010. 

Hasta aquel día, Roberto podía permitirse pagar una hipoteca de 1.200 euros al mes y otros créditos que sumaban 800 euros mensuales más. Ganaba un sueldo neto de 3.000 euros. Le quedaban así 1.000 euros para comida y los gastos de luz, agua, gas...

El despido le llegó a los 60 años, una edad difícil, por no decir prácticamente imposible, para volver a encontrar trabajo. Roberto se fue al paro. Cobraba algo más de 1.200 euros. Gracias a la indemnización del despido, fue tirando. Continuó pagando la hipoteca durante tres años hasta que el dinero se acabó. 

Paralelamente solicitó la jubilación anticipada. Luego le ofrecieron una media jornada que combinó con una pensión reducida. Sus ingresos aumentaron, pero poco. Hasta los 1.400 euros. 

Su hijo, la pareja de éste y sus dos niños se fueron a vivir con Roberto. Los 1.400 euros no daban más que para pagar los gastos de comida y suministros. Las deudas se fueron acumulando. Roberto llegó a deber 352.000 euros al banco, entre los plazos pendientes de la hipoteca y los diversos créditos impagados. «Nunca viví por encima de mis posibilidades», asegura. «Llevábamos una vida normal. No íbamos ni de vacaciones», insiste.

La desesperación fue creciendo hasta que se enteró, por mediación de un amigo, de la posibilidad de condonar todas sus deudas si se acogía a la llamada ley de la segunda oportunidad.

La normativa, que otorga la posibilidad de hacer ‘borrón y cuenta nueva’ a personas físicas y autónomos si cumplen una serie de requisitos, entró en vigor en julio de 2015. El desconocimiento de la normativa era tal que en 2016 apenas media docena de tarraconense solicitaron acogerse a la ley. Al año siguiente fueron 25, entre ellas Roberto, que presentó su solicitud en septiembre de 2017. En 2018, la cifra se multiplicó por 16, hasta las más de 400. 

¿El motivo del espectacular aumento? El eco mediático de la ley. Según explica Ana Isabel García, responsable del departamento de Extrajudicial de Reparatudeuda,  «la gente ya está viendo casos reales que finalizan con éxito. Mucha gente nos dice que pensaban que no lo iban a conseguir, que no tenían muchas esperanzas, pero que se acogían a la ley porque no tenían nada que perder». Reparatudeuda es un despacho de abogados que gestiona el 88% de las solicitudes que se presentan en Catalunya.

Catalunya lidera las peticiones con 3.023 del total de 7.450 que se presentaron en 2018 en todo el Estado, es decir, un 40%. Le sigue  la comunidad de Madrid, con 966, y Andalucía, con 505. La que menos solicitudes presentó el año pasado fue Cantabria: 31. 

Las cifras corresponden a solicitudes y no a concesiones de la condonación porque entre la petición y la sentencia del juez puede transcurrir un año y medio como mínimo. Es el caso de Roberto, que lleva pendiente del caso 18 meses.

Según explica García, el 95% de solicitudes obtienen el visto bueno del juez. Sólo se deniegan aquellos casos en que la justicia aprecia «mala fe» del solicitante. Por ejemplo, que el peticionario oculte parte de sus bienes. 

Un requisito imprescindible es que la persona ponga a disposición de los tribunales todos sus bienes. El mediador judicial determina el mínimo vital para que la persona en cuestión y su familia puedan sobrevivir. El resto de los ingresos (suelen ser unos pocos euros mensuales) es lo que se destinaría a pagar las deudas. Si el acreedor no está de acuerdo en recibir esa pequeña cantidad, se entra en el proceso judicial. 

El banco al que Roberto le debía el dinero ya aceptó la condonación de la deuda a cambio de quedarse con el piso. El objetivo es sacarlo a subasta. Roberto pretende que el banco le permita quedarse en el piso como inquilino pagando un alquiler social.

Un vecino en una situación similar sí que obtuvo el alquiler, de unos 200 euros al mes, pero la deuda la había contraído con una entidad bancaria diferente.

Solicitar acogerse a la ley de la segunda oportunidad es duro porque se admite un control externo sobre las cuentas propias y se puede perder el patrimonio, pero, como apunta García, «la persona puede empezar de cero».