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Es joyero, vive en Tarragona y es una de las pocas personas que llevan armas para su autodefensa. En concreto, en la provincia hay 56 personas que tienen permitido llevar una pistola como medida de autoprotección, después de que la Guardia Civil le concediera la licencia B. Son casos muy restrictivos. Estas licencias se otorgan por cargo o función. Se trata de un permiso concedido sólo en aquellos casos donde la amenaza está contrastada.
Los beneficiarios de esta medida suelen ser políticos, armeros, banqueros, magistrados o exmilitares. Al margen de las fuerzas de seguridad, hay 8.000 personas en España con autorización para ir armadas por la calle, siempre que la pistola esté oculta. Miembros del Gobierno, diputados, senadores, presidentes de comunidad autónoma, jueces, fiscales o personal diplomático extranjero forman parte de este grupo de riesgo a los que se les puede conceder este tipo de licencia.
Una amenaza justificada
A eso se añade personal retirado de las fuerzas armadas, la Guardia Civil o el Cuerpo Nacional de Policía, aunque se tiene muy en cuenta siempre que pueda concurrir la existencia de un riesgo especial. Según explica la Guardia Civil, la razón de defensa por sí sola no constituye la necesidad suficiente para disponer de licencia. Debe estar justificada la amenaza hacia la persona o hacia los familiares.
España tiene registradas otros tres millones de armas en manos de 1,1 millones de ciudadanos, la mayoría de las cuales se utilizan para la caza mayor y menor, el tiro olímpico o el coleccionismo.
En la provincia, la cifra de armas asciende a 47.206, repartidas en 27.794 licencias, ya que cada persona con permiso puede disponer de más de una. El inventario en España se actualiza cada mes por parte de la Intervención Central de Armas y Explosivos (ICAE) de la Guardia Civil y recoge detalladamente el tipo de aparato y la región donde se encuentra su propietario. El grueso del contingente de armas son para caza. En Tarragona, 18.028 personas concentran 38.085 artefactos de tiro que corresponden a armas largas de caza, como escopetas, destinadas a caza menor (es la tipología E).
El siguiente rango de armas más común es el D. Hay 7.282 licencias en las comarcas tarraconenses y un total de 5.470 armas en regla. Es una categoría de armas más potente, correspondiente a rifles y para dar cobertura a la caza mayor, aquella en la que se persigue a cualquier animal salvaje mayor que un zorro. En otro grupo se engloban las armas de tipo F, de tiro deportivo (tanto largas como cortas). Estos usuarios practican el tiro en clubes y galerías. Hay 2.283 armas en posesión de 1.089 personas con licencia. El inventario queda completado por las licencias del tipo A, que corresponden a policías locales: hay 1.264 licencias para 1.317 armas.
Menores con licencia
Existe una última tipología, correspondiente a la de Autorización Especial para Menores (AEM). Según las cifras de la Guardia Civil, actualmente hay 72 menores con permiso de armas en la provincia, aunque no pueden disponer de un arma en propiedad.
El elemento de tiro tiene que ser facilitado por una persona mayor de edad que se hace responsable. El adulto debe acompañar al menor a la hora de ir a cazar. Para obtener este tipo de autorización, la persona debe haber cumplido los 14 años y tiene que aprobar un examen de capacitación, una prueba que se celebra en las comandancias de la Guardia Civil cada dos meses. Para poder practicar el deporte cinegético, el menor siempre debe ir acompañado de una persona mayor de edad que disponga de licencia de armas en vigor y que ejercerá de responsable. Para obtener la autorización hace falta un certificado médico de aptitudes psicofísicas, un certificado de no tener antecedentes penales de la persona que ejerce la tutela, así como una autorización para el uso de armas y un documento acreditativo de la dedicación a la caza.
España –séptimo exportador mundial de armamento– es uno de los países con una regulación más restrictiva en la Unión Europea respecto al acceso a las armas. La población española es una de las menos armadas. De hecho, se encuentra en la mitad de la tabla en el mundo (en el puesto 61 de 178 países, según la organización la encuesta referencial de Small Arms Survey) en la tasa de armas por habitante (1 por cada 10 ciudadanos) y en la parte más baja del ranking europeo, que lideran Finlandia, Alemania y Francia.
La Asociación Nacional del Arma en España (Anarma), una especie de asociación del rifle de EEUU en versión española y que cuenta con unos 2.000 socios, considera que debería abrirse el filtro. La entidad cree que las dificultades para acceder a las licencias del tipo B –autodefensa personal– hace que muchas personas opten por tener un arma de tiro deportivo en casa. Sostiene Anarma que la compra de este tipo de pistolas se ha disparado para sortear las restricciones de los permisos de autodefensa.
