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Los vehículos más contaminantes tendrán prohibida la circulación por Barcelona y otros 39 municipios del área metropolitana de lunes a viernes a partir del 1 enero de 2019 independientemente del estado del aire, si bien esta restricción se empezará a aplicar desde el 1 de diciembre de este año solo en episodios de contaminación, que se producen de tres a cinco días anuales.
Lo explicó ayer el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, tras participar en el primer gran encuentro sobre contaminación en Barcelona, en el que también participaron el Ayuntamiento de la capital catalana, el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), la Diputación de Barcelona, y los departamentos de Salut, Interior y Governació de la Generalitat.
Reducción del 10%
El compromiso de la cumbre fue reducir un 30% las emisiones vinculadas al tráfico en un plazo de 15 años para alcanzar gradualmente los niveles recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), y esta contaminación se reducirá un 10% en los próximos cinco años, según Rull.
La medida de restricción del tráfico afectará a vehículos anteriores a la categoría Euro 1: furgonetas matriculadas antes del 1 de octubre de 1994 y a coches matriculados antes del 1 de enero de 1997, lo que implicará a 54.233 vehículos matriculados en Tarragona y a unas 14.400 furgonetas (hasta el 31 de diciembre de 1994 se habían matriculado 14.458 furgonetas en la demarcación).
Rull sostuvo que estos vehículos con más de 20 años de antigüedad «contaminan tanto como diez coches que utilizan combustible fósil».
El acuerdo afecta a 40 municipios declarados Zonas de Protección Especial del Medio Atmosférico (Àmbit-40) donde viven 4,3 millones de personas; incluye a poblaciones de las comarcas del Barcelonès, Baix Llobregat, Vallès Occidental y Oriental –no a todos los municipios del área metropolitana–, y afectará indirectamente a Osona, Bages, Anoia, Maresme, Alt Penedès y Garraf.
Medidas prohibitivas
Además, los vehículos que no reciban distintivo ambiental de la Dirección General de Tráfico (DGT) –de gasolina matriculados antes del año 2000 y de diésel de antes de 2006– no podrán circular en el espacio comprendido por las Rondas de Barcelona –estas vías incluidas– en episodios contaminantes a partir de diciembre de 2017, y desplegarán medidas para prohibirlos a partir de 2020.
La Conselleria de Governació plantea un cambio de horario en el acceso y salida del trabajo de los trabajadores públicos para «repartir mejor la movilidad y no concentrarla», una iniciativa que quieren trasladar a las grandes empresas y que abordarán también con sindicatos, dijo Rull.
Para incentivar la retirada de estos vehículos, crearán una tarjeta verde metropolitana previsiblemente antes de verano que dará tres años de transporte público gratuito, de la que podrán beneficiarse los residentes del área metropolitana que den de baja un vehículo contaminante que no adquieran otro en los tres años de vigencia de la tarjeta.
Rull también anunció que estudiarán la implantación de un posible peaje contra la congestión en esta zona, en el marco del nuevo modelo de financiación de las vías de alta capacidad de Catalunya, cuyas conclusiones estarán listas en otoño de 2017, como las tasas que tienen en Londres (Reino Unido).
Se plantean implantar un recargo sobre el precio de los carburantes para financiar la mejora de la tarifa del transporte público, y el diseño de un nuevo modelo tarifario kilométrico y de un nuevo modelo de pago para el uso que debe sustituir los 88 títulos, la T-Mobilitat.
Los participantes en la cumbre acordaron crear un órgano de coordinación para analizar el impacto de la contaminación del aire sobre la salud, que se reunirá anualmente, y otro de coordinación para el seguimiento de las conclusiones adoptadas en el acuerdo de ayer, integrado por todos los agentes implicados.
El vicepresidente del Área Metropolitana de Barcelona Antoni Poveda anunció que el organismo dejará de homologar taxis diesel en 2019 y que instalará espacios de aparcamientos de intercambio con el transporte público – ‘park and ride’–, y pidió más carriles Bus-VAO, acabar las L9 y L10 y de Metro y más financiación del transporte público por parte del Gobierno central.
