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Llevar las cuentas de un ayuntamiento no es tarea fácil. Y más cuando Hacienda no da tregua en su estricta vigilancia. La prueba de ello es que 83 ayuntamientos de la provincia –esto es, el 45% del total– incumplieron la regla de gasto durante el ejercicio de 2018. Por otra parte, 58 municipios no alcanzaron los objetivos de estabilidad presupuestaria marcados por el Ministerio. Además, un total de 50 localidades tarraconenses no pudieron ajustar sus cuentas a ambos dictados, según advierte Hacienda, implacable en su auditoría constante sobre la administración local, en una estadística recientemente publicada sobre las liquidaciones de presupuesto.
No es solo cosa de ayuntamientos pequeños. Cambrils, Calafell, Amposta, Torredembarra, Sant Carles de la Ràpita, Roquetes, L’Ametlla de Mar o Roda de Berà no cumplen con la regla de gasto. Por otra parte, Mont-roig del Camp, Amposta, Calafell, Tortosa no están en los términos adecuados de estabilidad presupuestaria, según sostiene Hacienda. Para algunos, es síntoma de que las cosas no se están haciendo bien; para otros, un excesivo celo y hasta persecución de las entidades locales, que han dejado atrás duros ajustes y que, según otros indicadores, muestran una buena salud económica. «Somos la administración que peor lo ha pasado y los que más nos hemos estrechado el cinturón en estos últimos años. Hemos tenido siempre encima la lupa de Hacienda», dicen algunos alcaldes de Tarragona.
Incremento de municipios
El número de localidades infractoras ha crecido en los dos últimos años. En 2016 había 20 municipios tarraconenses que incumplían en términos de estabilidad, por los actuales 58. Por lo tanto, en dos años la cifra se ha triplicado. Ese mismo año, 56 poblaciones no cumplían con la regla de gasto, por las 83 de ahora. Es un incremento de un 48%, según el balance del Ministerio.
El objetivo de estabilidad es una magnitud que pretende que las administraciones públicas cierren cada ejercicio con un equilibrio en sus finanzas, es decir, que no incurran en déficit al haber más gastos que ingresos. Con ello se pretende acabar con los déficits endémicos que arrastran las administraciones públicas. Respecto a la regla de gasto, se trata de una herramienta que sirve para limitar las previsiones de desembolso de las entidades públicas.
Para ello, el Gobierno central fija anualmente un tope en los Presupuestos Generales del Estado Respecto a la regla de gasto. El objetivo es que no incrementen sus cuentas en periodos de bonanzas o sean muy optimistas en momentos de recesión.
La cifra de poblaciones que no cumplen con las medidas ha aumentado en los últimos años, según los recuentos del MinisterioEl crecimiento anual se fija teniendo en cuenta varias variables, fundamentalmente el PIB. Muchas administraciones, sobre todo los municipios pequeños, se quejan de que este instrumento coarta sus presupuestos y pone en riesgo la prestación de servicios a los vecinos. De hecho, de los dos parámetros que Hacienda impone a las entidades locales, la regla de gasto resulta el más difícil de cumplir de acuerdo a la estadística publicada por el departamento que encabeza la ministra en funciones María Jesús Montero.
La Diputació tampoco cumple
La Diputació de Tarragona es otro de los entes que aparecen en el listado. El organismo supramunicipal cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria pero no la regla de gasto. La institución provincial se une, según el informe del Ministerio, a otras 14 en el conjunto de España –como la de Girona, Cádiz, Lugo o Córdoba– que no son capaces de controlar esa cuestión económica.
Este es el balance de los ayuntamientos que han facilitado información al Ministerio, que tiene dificultades para que todas las entidades locales remitan las cuentas al Gobierno central. De las 7.601 entidades con obligación de remitir datos a Hacienda, sólo 5.500 lo han hecho. Así, 2.101 aún no han enviado sus cuentas al Ejecutivo, según las estadísticas oficiales. En el caso de la provincia, 44 ayuntamientos no enviaron sus números, entre ellos los consistorios de Riudoms, Montblanc, Ulldecona, Camarles, Montbrió del Camp, Creixell, El Morell o Els Pallaresos.
Tanto el cumplimiento del equilibrio presupuestario como el de la regla de gasto para las entidades locales son cuestiones incluidas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera impulsada en el año 2012 para tratar de controlar el despilfarro de las administraciones públicas, incluidos los ayuntamientos, en los momentos más duros de la crisis económica.
A pesar de que sigue habiendo gobiernos que no cumplen con los objetivos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, el Ministerio de Hacienda ha alcanzado en pleno verano un acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que podría dinamitar la senda de reducción del déficit público. El objetivo: flexibilizar la regla de gasto para que los ayuntamientos tengan más facilidades para desembolsar dinero público. Los acuerdos alcanzados podrían acabar con el superávit de más de 6.000 millones de euros logrados por las entidades locales en 2018, que ha sido fundamental para conseguir que España abandone el Protocolo de Déficit Excesivo de la Unión Europea.
