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La medida de protección más eficaz contra la violencia machista es como un imán. Hay un polo positivo y otro negativo, y están unidos y alejados al mismo tiempo. Con las pulseras telemáticas, la víctima y su agresor permanecen conectados por un fino hilo de tecnología, que permite detectar si el hombre cumple con la orden de alejamiento que le ha impuesto un tribunal. En ese sistema ella tiene una parte y él la otra, y entrelazándolos evita que el hombre pueda acercarse a la mujer amenazada.
En la actualidad, hay 1.353 pulseras alrededor de los tobillos de los maltratadores, según los datos más recientes de la Delegación de Gobierno para la Violencia de Género. «Es un recurso efectivo que cada vez se usa más», evalúa Rebeca Palomo, la delegada de Gobierno. De esas 1.353 pulseras, 13 las llevan en Tarragona.
El sistema de protección comenzó en 2009 con 166 pulseras instaladas y desde entonces la cifra sube. En 2017, se superaron las mil operativas y en 2019 se ha vuelto a «batir un récord», se felicita Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio para la Violencia de Género del Poder Judicial. En una década se han instalado 6.986. Las cifras en Tarragona son de 92, de las que se han desinstalado 79, principalmente porque el posible agresor está en prisión.
Las pulseras telemáticas no son el único mecanismo de protección. También está el sistema Atenpro, en el que Cruz Roja proporciona un dispositivo que permite a la mujer avisar a la central si el agresor se acerca. La diferencia está en que la pulsera lo detecta automáticamente y en el Atenpro es la mujer quien da la alarma de peligro.
En 2019, hay en Tarragona 319 usuarias del Atenpro. La suma de las pulseras y el Atenpro arroja un total de 332 dispositivos de protección. Tarragona es la provincia del Estado español de entre 600.000 y 800.000 habitantes (cuenta con 792.619 vecinos) con más mecanismos de este tipo, por delante de Toledo (318), Jaén (301), Almería (252), Córdoba (247), Girona (234), Badajoz (174), Navarra (147) y Guipúzcoa (6), según los datos de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género.
Una vez que el juzgado dicta que la mujer sea protegida con la pulsera telemática, a ella se le entrega un receptor parecido a un móvil, y a él otro junto a una pulsera de radiofrecuencia. Un satélite detectará dónde se encuentran cada segundo. Si él rompe la distancia acordada por el juzgado se activa una alarma. Si destruye los aparatos o los deja descargar, o se separan los dos que tiene el agresor, también salta la alarma. El centro de control, operado por Telefónica desde octubre de 2018, bajo supervisión de la Delegación de Gobierno, advierte tanto a las autoridades como a la víctima.
La responsable de la comisión de violencia de género e igualdad del Col·legi d’Advocats de Reus, Cristina Santos, se ha encontrado con más de un caso en que el juez impuso esa medida cautelar. Recuerda el de un hombre que agredió a su esposa de noche en el domicilio familiar de Falset. Ella avisó a los Mossos y él fue detenido. El juez le puso en libertad, pero tenía que llevar la pulsera. Poco después de salir del juzgado, se la quitó. La Policía le detuvo de inmediato. Ahora está en prisión a la espera de juicio. Tiene dos procedimientos pendientes: el de violencia de género y por quebrantar la orden judicial.
Santos, que resalta que el Col·legi d’Advocats de Reus fue pionero en acompañar a la víctima de malos tratos en todo su periplo judicial desde que pone la primera denuncia, sentencia que la pulsera «es una buena medida porque disuade al agresor y la mujer se siente más segura».
