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A prisión por traer dos menores inmigrantes irregulares hasta Tarragona

El sospechoso llevó a dos jóvenes que se habían escapado de un centro de menores de Jerez hasta Tarragona por 450 euros. Formaba parte de una banda que se encargaba de llevar a personas desde el norte de África hasta España en pateras

Àngel Juanpere

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FOTO: EFE

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Un hombre ha ingresado en la prisión por formar parte de una organización criminal que se encarga de llevar a personas desde el norte de África hasta España en pateras. En su caso, habría trasladado a dos menores desde Jerez de la Frontera hasta Tarragona a cambio de 450 euros. El procedimiento contra este ciudadano marroquí es un fleco de una macrocausa que está llevando un Juzgado de Instrucción de Algeciras.

Los policías identificaron a un ciudadano marroquí como perteneciente a una organización delictiva dedicada a introducir en España a inmigrantes procedentes del norte de África. Y ello a través de lanchas neumáticas que cruzan el Estrecho de Gibraltar. Los investigadores determinaron que un marroquí se encargaba de recibir a dichos inmigrantes en la costa española, que posteriormente eran trasladados a diferentes puntos de España.

Posiblemente a través de las escuchas telefónicas, se determinó que otro ciudadano marroquí (A.J.) con domicilio en Torredembarra, también formaba parte de esta organización. Se encargaba de hacer de intermediario entre los familiares de las personas inmigrantes y el otro marroquí.

Los policías han podido relacionar al vecino de Torredembarra con dos menores de edad que se fugaron de un centro de menores de Jerez de la Frontera. Dichos jóvenes, después de cruzar el Estrecho, fueron interceptados y la Policía Nacional los entregó a dicho centro junto con otros tres   –todos ellos sin documentación–.

La fuga

El 1 de mayo de este año, los dos menores se fugaron. Gracias a las intervenciones telefónicas, se determinó que el torrense, entre el 30 de abril y el 1 de mayo, efectuó varias llamadas al otro ciudadano marroquí. Se ofrecía para el traslado de los dos menores desde Jerez de la Frontera hasta Tarragona. Y pactaron incluso el precio a percibir: 450 euros. Dichas llamadas determinaron que A.J. actuaba como intermediario entre la organización y los familiares de los menores. 

Inicialmente, los hechos podrían constituir un delito contra los derechos de los trabajadores extranjeros –que conlleva penas de hasta ocho años de prisión– así como otro de pertenencia a organización criminal –castigado con la misma pena de cárcel–. El detenido pasó por el Juzgado de Instrucción 2 de Tarragona. El fiscal solicitó prisión provisional, comunicada y sin fianza. Basaba su petición en tres puntos: riesgo de huida, de reiteración delictiva y de alteración u ocultación de fuentes de prueba.

El magistrado atendió a la petición del fiscal e hizo suyos sus temores. Avala el riesgo de huida ya que, si bien es cierto que su esposa trabaja en la zona, él no tiene arraigo económico ni social, a lo que debe unirse su supuesta integración en una red que opera en otras zonas de España así como en Marruecos.

Tras firmar el auto de prisión, un furgón de los Mossos trasladó al detenido hasta el Centre Penitenciari Mas d’Enric, donde quedó ingresado en el Módulo 1, de preventivos. Era la primera vez que ingresaba en prisión. 

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