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Abertis pagará 20 veces más por el IBI de las autopistas a 27 municipios

Tarragona pasará de cobrar 25.000 euros en 2016 a los 518.000 de 2017. Por su parte, Altafulla pasa de 3.400 euros a más de 68.000 y, Torredembarra, de 2.000 a 40.000

O.Saumell / N.Riu

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Abertis pagará 20 veces más por el IBI de las autopistas a 27 municipios

Abertis pagará 20 veces más por el IBI de las autopistas a 27 municipios

La concesionaria Abertis pagará el 100% de los Impuestos de Bienes Inmuebles (IBI) a los ayuntamientos por los que discurren las autopistas AP-7 y AP-2. Una lluvia de dinero adicional que en el caso de la demarcación de Tarragona beneficiará a 27 municipios y que en su totalidad suma alrededor de tres millones de euros.

Después de que el pasado verano finalizaran los beneficios fiscales de los que gozaba la concesionaria, que únicamente debía abonar el 5% de este impuesto a los consistorios, este año los municipios contarán con un dinero adicional que en algunos casos ya incluyeron en los presupuestos. Es el caso de El Pla de Santa Maria. Por este municipio del Alt Camp discurren entre 8,5 y 9 kilómetros del trazado de la AP-2. El Ayuntamiento ingresaba una cantidad inferior a los mil euros hasta el momento, mientras que este año han calculado que la suma oscilará alrededor de los 120.000. Su alcalde, Mateu Montserrat, apunta que «es una ayuda importante» que permitirá acometer algunas inversiones previstas en los presupuestos, como son la construcción de una pista polideportiva, la mejora de un centro cívico y la construcción de una nueva calle.

14 millones en Catalunya

La compañía Abertis ha previsto una partida de catorce millones de euros para cubrir unos gastos que beneficiarán a 142 municipios en toda Catalunya. Pese a concentrar una de las ratios de kilómetros de autopista más elevadas de todo el Estado, la demarcación de Tarragona no será una de las más beneficiadas.

La arteria más importante es la AP-7, que de norte a sur resigue todo el litoral tarraconense. El tramo desde Ulldecona a Vila-seca está gestionado por Aumar –empresa filial de Abertis– y el 1 de enero de 2007 se finalizó la bonificación fiscal. No es así en el tramo norte, el que discurre desde Vila-seca hacia La Jonquera y que gestiona Acesa (también de Abertis). Ésta también tiene en concesión la AP-2, la autopista del Mediterráneo con Zaragoza, por tanto los municipios del Alt Camp y la Conca de Barberà también se verán beneficiados por la medida. Mientras que la C-32, que gestiona Aucat, no tenía esta cláusula en el contrato.

La concesionaria no ha proporcionado datos sobre el total que corresponde a las comarcas de Tarragona. La cifra aproximada puede conocerse a partir de los cálculos que ha hecho Base Gestió d’Ingressos. Este organismo, que depende de la Diputació de Tarragona, calcula que la eliminación de las exenciones fiscales reportará un incremento de 2.248.389 euros respecto al año anterior. Suma a la que hay que añadir los 518.705 euros adicionales que cobrará Tarragona y los 121.000 euros que percibirá Reus. Con todo, el IBI de las autopistas representa el ingreso de unos cinco millones de euros para los 37 consistorios afectados en la demarcación.

La concesionaria Abertis asegura que el pago del IBI va a hacerse «según el calendario de los Ayuntamientos. Se pagará íntegramente o fraccionado, según cómo nos llegue el recibo. La operativa será la misma».

Tarragona, la más beneficiada

En el caso del Ayuntamiento de Tarragona, los ingresos se multiplicarán por veinte a lo largo de este mismo año. Según datos facilitados por el propio Consistorio, en 2016 la compañía que gestiona la AP-7 pagó 25.935,27 euros a la administración municipal por las 91 hectáreas de término municipal que ocupa el paso de la autopista en la ciudad.

De cara a este año, Abertis pasará a pagar un total de 518.705,47 euros, una cifra que significa multiplicar por veinte los ingresos para las arcas municipales. El concejal de Hisenda de Tarragona, Pau Pérez (PSC), considera que la subida en la recaudación «es una muy buena noticia» que «significa hacer realidad una antigua reivindicación del mundo local». Pérez remarca que «era lícito que el Estado hiciera las bonificaciones que considerara oportunas, pero no pagando un tercero, como éramos los ayuntamientos».

Pérez relativiza, esto sí, el peso que tendrán los 492.000 euros que Tarragona cobrará este año de más, ya que la corporación local tiene un presupuesto de unos 150 millones de euros para 2017, por lo que «se trata de un aumento importante pero no clave», según indica el representante de la formación socialista.

De hecho, el pasado 17 de febrero el pleno municipal aprobó, por unanimidad, una moción presentada por parte de ERC en la que se instó al Gobierno Central «a dar cumplimiento a la finalización de los beneficios fiscales de que gozan las autopistas» para que las empresas concesionarias «paguen el 100% de la cuota del IBI». Asimismo, el documento, aprobado por PSC, PP, Unió, Ciutadans, ERC, CDC, CUP e ICV, solicitó al ejecutivo central que «no apruebe ninguna otra medida destinada a prorrogar los beneficios fiscales de las concesionarias de las autopistas de peaje».

En el texto se exige a las firmas privadas «que en ningún caso trasladen el coste que supone la supresión de los beneficios fiscales a las tarifas que pagan las personas usuarias».

Altafulla y Torredembarra son otros dos de los municipios que verán incrementar más sus ingresos a lo largo de este año. En 2016, Altafulla cobró unos 3.400 euros, mientras que en 2017 la cantidad que ingresará será de 68.000 euros. «La bonificación que tenían las autopistas corresponde a un Real Decreto de 1998 que nunca debería haberse aplicado, ya que estamos hablando de empresas privadas que tienen beneficios por una actividad económica», explica el alcalde de Altafulla, Fèlix Alonso (EUiA), que también es diputado en el Congreso por En Comú Podem. Remarca que «la bonificación era injusta», y considera que «lo lógico es que destinemos el dinero que se cobrará para inversiones, ya que éstas no generan gasto añadido y generan puestos de trabajo».

Por lo que se refiere a Torredembarra, esta localidad pasará de ingresar 2.000 euros en 2016 a 40.000 este 2017. Su alcalde, Eduard Rovira (ERC), destaca «el ingreso que esto supondrá» si bien reconoce que «estamos hablando de una cantidad que no permite hacer nada extraordinario».

 De no haberse acordado este sistema de bonificaciones, probablemente las concesiones habrían sido más largas.

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