Acaba la ‘caza’ de Hacienda en Tarragona: fraude en 72.000 inmuebles

El rastreo de Hacienda por tierra y aire ha finalizado en los 184 municipios de la provincia. Desde 2013, el Ministerio, junto con la Dirección General del Catastro, llevaba a cabo un procedimiento de búsqueda de obras sin declarar, que escapaban al control del Fisco. Drones, fotos por satélite y visitas de inspectores ‘in situ’ han servido para detectar los fraudes y, tras seis años, hacer balance. 

En este tiempo, han aflorado 71.888 inmuebles que permanecían ocultos y, por lo tanto, no pagaban sus respectivos impuestos. De esas casi 72.000 propiedades detectadas en la provincia (y luego regularizadas convenientemente), 56.043, un 78% del total, son urbanas. En el otro lado, 15.845 son rústicas, según los cómputos definitivos de Hacienda, ya finiquitado su ambicioso plan por toda España. 

En Tarragona hay 25.338 construcciones nuevas que no se notificaron; algo menos, 24.245, de reformas y cambios de usos que se omitieron y que, por lo tanto, no tributaban. Las ampliaciones y rehabilitaciones de las propiedades aglutinaron 17.430 casos mientras que, por último, están las piscinas. Un total de 4.875 fueron construidas de espaldas al Gobierno. Todo eso sale ahora a flote, para disgusto del contribuyente que se ve obligado a pagar más y para alegría, sobre todo, de los ayuntamientos, que ven incrementarse la recaudación en tributos fundamentales para la economía como el IBI o la plusvalía. 

Tortosa es la población con más fraude, que se dispara sobre todo en las Terres de l’Ebre

Entre 2013 y 2019, las subcontratas del Catastro han detectado esos ‘descuidos’ de los vecinos a través de diversos sistemas, algunos de ellos sofisticados, basados en imágenes aéreas de sus viviendas, medición de las superficies o cotejo de datos. Una vez comprobados, Hacienda envía una carta al contribuyente para ponerle sobre aviso, acompañada de una tasa de 60 euros que cubren los gastos originados, y le da un plazo de 15 días para presentar alegaciones. En Tarragona ha habido muy pocos recursos al respecto. 

Poblaciones como Salou, Les Borges del Camp, Cambrils, Aiguamúrcia, Montferri, L’Aldea, Ulldecona o Vila-seca han sido las últimas ‘peinadas’ por el Ministerio en busca de estafas. El Ebre se lleva la palma en términos de fraude. Cuatro de los cinco primeros puestos de la provincia en cuanto a inmuebles detectados son ebrenses. Lidera la lista Tortosa, con 4.083 inmuebles regularizados, por delante de Roquetes (2.448) y de Amposta (2.142). Reus, en la quinta plaza, es el primer municipio del Camp de Tarragona (1.657), por delante del Vendrell (1.581). Tarragona figura en la 12ª plaza, con 1.329 fincas halladas. Hacienda ha encontrado estas irregularidades en los 184 municipios tarraconenses. El que menos tiene es Vilanova de Prades (Conca de Barberà), con 16. 

El curioso caso de El Perelló
La propia geografía del término municipal también influye. En el ‘top ten’ llama la atención la inclusión de dos pueblos pequeños que destacan por su elevado número de pillería diagnosticada. 

Tivissa, con 1.638 habitantes, tenía 1.367 inmuebles sin declarar (la mayor parte reformas y cambios de uso). Eso arroja una media curiosa: el 83% de los vecinos de ese pueblo de la Ribera d’Ebre tenían propiedades sin regular. En El Perelló (Baix Ebre) sus 1.437 inmuebles regularizados y sus 2.863 ciudadanos dejan otra estadística llamativa: a uno de cada dos vecinos le ha sido detectada una propiedad que pasaba desapercibida tributariamente. 

En Tivissa el 83% de los vecinos tenían propiedades sin tributar convenientemente

Esas inspecciones, además de comportar el pago de la tasa, acarrean para el propietario un abono de esa diferencia del IBI retrasada y no satisfecha, en concepto de atrasos. A más metros cuadrados detectados, mayor es el valor catastral de la propiedad, una variable que se emplea para fijar la cuantía de diferentes impuestos estatales (IRPF y sobre el Patrimonio), autonómicos (sucesiones y transmisiones) y municipales (IBI y plusvalías). El hecho de que aflore un determinado bien oculto (una nueva construcción, una ampliación, una reforma sin declarar o una piscina) hace que aumente el valor catastral de esa propiedad pero también, como consecuencia, el impuesto que se paga por ella en las arcas municipales. 

En cada oleada de datos, Hacienda se ha esmerado en aclarar que el proceso no consiste en un catastrazo. «No se pretende alterar el valor de los bienes declarados, sino incorporar al registro aquellos inmuebles y alteraciones como ampliaciones y rehabilitaciones que no figuren. Todo eso supone un fraude fiscal, al no coincidir la descripción en el Catastro con la realidad inmobiliaria», defienden fuentes del Ministerio. No se trata de determinar la legalidad o ilegalidad de los inmuebles, algo que es competencia municipal. En este plan, recién concluido, Hacienda se ha fijado únicamente en la dimensión fiscal de las fincas. Así, esa detección no significa que el inmueble sea ilegal a efectos urbanísticos.