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Accionistas de Tarragona ultiman sus demandas contra el Banco Popular

Un inversor de Tarragona ha llegado a perder 500.000 euros tras la compra del Santander. Varias reclamaciones se incluyen en la querella colectiva que ha presentado la OCU o en la que prepara Adicae. Hay despachos de Tarragona que ya están perfilando acciones judiciales

Raúl Cosano

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Una reusense, delante de una sucursal del Banco Popular. Pierde alrededor de 10.000 euros que tenía en acciones.   Foto: Alfredo González

Una reusense, delante de una sucursal del Banco Popular. Pierde alrededor de 10.000 euros que tenía en acciones. Foto: Alfredo González

Tiene 53 años, es de Reus y no muestra reparos en admitir que está «bien atrapada» por el Banco Popular: «Allí lo tengo todo. Está todo nuestro capital. La hipoteca, las nóminas, un plan de pensiones, acciones…», se lamenta esta ciudadana reusense. 

Son días de ajetreo, reuniones y recopilación de información. Ella, junto a su marido, tenía alrededor de 10.000 euros en acciones del Popular, un banco al que lleva ligada prácticamente toda la vida, hipoteca incluida. 

En esos títulos que ha perdido está el problema. «Llegaremos hasta donde haga falta», anuncia ella, que incorporará su caso en el archivo que está preparando Adicae. Con toda probabilidad, la asociación de usuarios de bancos y cajas de Catalunya interpondrá una demanda colectiva por los daños causados a miles de pequeños inversores. 

Otros tarraconenses forman parte ya de la querella que la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha presentado ante la Audiencia Nacional contra la cúpula del Banco Popular. Más de 9.500 afectados ya ha acudido a la OCU buscando amparo legal.

Demandas colectivas
Algunos afectados optan por comunicarse con entidades como OCU o Adicae para preparar demandas colectivas. Otros ya se han dirigido de forma individualizada a despachos de Tarragona más o menos especializados en cuestiones de derecho bancario. 

Un ejemplo es Vahusari Advocats, el despacho ubicado en la Rambla Nova. «Hemos recibido algunos casos, aún a nivel de comentario o de consultas sobre la posibilidad de reclamar. Son titulares de acciones que hicieron la ampliación de capital de hace un año. Ahora estamos recopilando información para dar una respuesta. Parecen demandas viables y puede ser que el Banco Santander las tenga en cuenta y las pueda atender, especialmente las de aquellos accionistas minoritarios», cuenta el letrado tarraconense Antoni Huber. 

Durante estos días se están analizando los casos de forma pormenorizada, para evaluar qué recorrido pueden tener en el caso de que se decida ir por la vía judicial. «Hay que esperar, a ver si se agrupan las demandas de varios despachos, por ejemplo, y se hace de forma conjunta. Es una situación compleja. Hay que ver, por ejemplo, si la ampliación de capital fue inducida, para negociar otros productos», cuenta Antoni Huber, desde Vahusari. 

Las casuísticas son amplias y muy variadas. Hay afectados de Tarragona que han perdido cantidades menores, de entre 5.000 y 1.000 euros, pero hay inversores que han llegado a quedarse sin hasta 100.000 euros. 

También hay casos de Tarragona que forman parte de los movimientos de la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec), que ha presentado ante la Fiscalía Anticorrupción de la Audiencia Nacional una demanda contra los gestores de la entidad bancaria, entre los que figura su expresidente Emilio Saracho y el inversor Antonio del Valle. 

Joan Gili, director de oficina en Tarragona de Rena 4, una entidad especializada en inversión, también describe el actual compás de espera en el que viven muchos inversores del Popular: «La mayoría de bufetes están esperando para ver qué estrategia siguen los despachos grandes, de Madrid y Barcelona, para calibrar un poco las probabilidades de ganar litigios. No hay demasiada prisa, porque para litigar hay entre tres y cuatro años». 

No todos los accionistas serán iguales a la hora de atender las reclamaciones. «Muchos de ellos compraron días antes, para hacer una especulación pura y dura. Conocían el riesgo. Esos no tendrán las mismas opciones que aquella gente que fue a ampliación de capital en su momento y que fue engañada, porque la documentación no era fidedigna. Esa gente puede acogerse a esa circunstancia y tendrá más fácil recuperar el dinero, ya que fue víctima de una información falsa», cuenta Joan Gili, testigo durante estos días de la inquietud y el nerviosismo no sólo entre accionistas del Popular. 

El temor ha cundido entre los clientes de Liberbank. Las acciones de la entidad cayeron el martes más de un 13% en Bolsa después de que el lunes se disparasen un 41,8% por la prohibición de la Comisión Nacional de Valores de adoptar posiciones cortas con sus títulos durante un mes. Las ventas en corto son operaciones en las que, si las acciones se deprecian, el inversor gana dinero. La decisión, sólo días después de la caída del Popular, ha provocado incertidumbre, aunque las situaciones no son totalmente comparables. «En los últimos días hemos recibido consultas de clientes preocupados. El Liberbank no está en un estado tan crítico, no quiere decir ni mucho menos que vaya a pasar una cosa igual, pero de alguna manera el mercado va atacando al siguiente más débil. Hay que esperar a ver si se estabiliza en los próximos días», zanja Joan Gili. 

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