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Adrià Pallejà es miembro de la Plataforma Cel Net, un colectivo creado en el año 2008 por personas que viven cerca del complejo petroquímico del Camp de Tarragona. La entidad ha impulsado estudios independientes, con el objetivo de saber qué se respira en el territorio. La Plataforma Cel Net convocó la multitudinaria manifestación que se celebró el pasado miércoles 15 de enero –el día después de la explosión de Iqoxe– en Tarragona.
¿La tragedia de Iqoxe es un hecho aislado?
No ha sido el único incidente en los últimos tiempos. Esta desgracia es el altavoz de una problemática permanente en el Camp de Tarragona: el impacto de estos complejos en la seguridad y salud de los vecinos.
¿Qué falló ese día?
Probablemente fueron una serie de elementos que desencadenaron en el hecho. Sin entrar a valorar el funcionamiento de la planta, creemos que es preocupante la falta de transparencia en el momento de valorar el abasto del accidente y de comunicar las medidas de confinamiento a la población. Que la mayoría de vecinos se enterasen del riesgo por las redes sociales deja entrever la carencia en materia de protocolos.
Las sirenas no sonaron.
¿De qué sirven todos los simulacros si el día que hay el incidente, los protocolos no se activan? ¿Qué debe pasar para que se oigan las sirenas?
¿Cómo valora la actuación de los representantes de la Generalitat?
No fueron honestos intentando justificar que no sonaron las sirenas.
Ahora proponen soluciones...
Soluciones que llevamos reclamando hace mucho tiempo. Lamentamos que tengan que suceder hechos así para que manifiesten la voluntad de revisar la regulación.
¿Los tarraconenses están preparados para una explosión como la de Iqoxe?
Nadie está preparado para esto. Justo por esto las empresas, y especialmente la administración, deben hacer un paso al frente para garantizarnos que no volverá a ocurrir.
¿Los vecinos han despertado?
Creo que este incidente ha permitido al conjunto de la sociedad tarraconense visualizar una problemática de la cual no era del todo consciente.
Dicen que menos pagar fiestas y más seguridad.
Los Ayuntamiento deben ser los encargados de sufragar el ocio y no las empresas. Estas subvenciones buscan magnificar el impacto positivo de las compañías, pero de nada sirve si después no podemos garantizar que no habrá impacto negativo en la salud.
Hasta ahora, parecía que los vecinos de El Morell, La Pobla de Mafumet y Constantí eran los municipios más preocupados. Los barrios de Ponent se suman.
Los primeros perciben a nivel visual este impacto día tras día. Ponent ha podido vivir de primera mano la vulnerabilidad a raíz del accidente de la semana pasada y, por lo tanto, sienten el peligro con más fuerza.
¿Qué pide la Plataforma Cel Net?
Llevamos años exigiendo una nueva regulación y legislación adecuada a la actividad industrial de los complejos petroquímicos que obligue a las empresas a controlar su impacto en las poblaciones vecinas. También pedimos un control periódico de la emisiones en los núcleos urbanos, un estudio epidemiológico que permita evaluar el impacto en la salud y más transparencia, es decir, la actualización de los protocolos.
¿Las empresas no cuentan con una regulación estricta?
En materia de contaminación, las compañías no se adecuan a la actividad que llevan a cabo. Para poner un ejemplo: en un estudio que hicimos, tuvimos que basarnos en los niveles de legislación de otros países.
¿Las administraciones protegen las empresas petroquímicas?
Creo que velan por la actividad económica de la zona, pero no ponen la salud y la seguridad de las personas por delante. Si la administración asumiera sus responsabilidades, probablemente no estaríamos a menudo lamentando hechos como el del pasado martes. Hasta que esto no pase, denunciaremos la impunidad con la que estos accidentes y otras demandas no se traducen en soluciones por un problema que nos afecta a todos.
