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El Portavoz del grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Tarragona, Alejandro Fernández, propuso ayer que la administración local exija a los inmigrantes acreditar cinco años mínimos de empadronamiento en la ciudad para poder acceder a las conocidas «prestaciones sociales complementarias», como por ejemplo son las bonificaciones fiscales o el acceso a los pisos de protección oficial.
Con esta medida, Alejandro Fernández considera que se pueden «evitar determinados fraudes en el acceso a la vivienda social», donde «muchos vecinos tarraconenses se quejan de que muchos de estos pisos se acaban usando para redes de alquiler irregulares para inmigrantes en situación no regularizada y que, finalmente, pueden acabar usándose como pisos patera».
El portavoz de la formación conservadora recordó ayer que «presentamos esta medida a varias entidades vecinales que lo han recibido muy positivamente, ya que así se garantiza que se trata de personas que llevan ya un tiempo suficiente integrados en nuestra sociedad y, por lo tanto, se evitan fraudes».
Alejandro recordó también que las «prestaciones sociales básicas», es decir, la ayuda por medicamentos y por alimentación, «continuarían siendo universales».
Un censo de mendigos
La política de extranjería del PP ya causó polémica en Tarragona ciudad el pasado mes de junio, cuando Alejandro propuso elaborar un censo de los mendigos que hay en Tarragona con la intención de «expulsar a los que pertenezcan a mafias y derivar al resto hacia los servicios sociales».
Entonces, Fernández aseguró que «por mucho que se diga, y los datos lo demuestran, la inmensa mayoría de las personas que practican la mendicidad no lo hacen de motu propio, sino que forman parte de mafias perfectamente organizadas, de grupos que a veces piden en la calle y a veces roban directamente».
