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La Audiencia Provincial de Duisburg no juzgará la tragedia de la Love Parade de 2010, en la que murieron 21 jóvenes –entre ellas la tarraconense Clara Zapater y la cambrilense Marta Acosta– y más de 600 resultaron heridos durante una avalancha humana. Según el Juzgado, tras estudiar las pruebas presentadas no existen indicios suficientes para sustentar y confirmar las acusaciones, por lo que no se puede esperar una condena de los acusados. La noticia se conoció ayer, aunque el lunes comenzaban a circular rumores entre los familiares de las víctimas, según comenta al Diari el abogado Francisco Zapater, padre de Clara.
La Audiencia Provincial de Duisburgo (oeste de Alemania) descartó hoy abrir un proceso penal por la tragedia de la Loveparade de 2010, cuando murieron 21 jóvenes aplastados entre la multitud, por considerar inconsistente y no fundamentado el material inculpatorio presentado por la acusación.
El presidente de la Audiencia, Ulf-Thomas Bender, informó de que no se abrirá juicio contra los diez acusados por la Fiscalía -seis empleados de la administración local de Duisburgo y cuatro responsables de la empresa organizadora del multitudinario festival tecno-, contra los que se presentaron cargos por homicidio imprudente y lesiones.
Bender admitió que adoptar tal decisión "no ha sido fácil" y que él se sentía "personalmente afectado" por un caso en que perdieron la vida tantas jóvenes, muchos otros resultaron heridos y tantas familias siguen traumatizadas por la tragedia.
Sin embargo, sostuvo, la acusación formulada por la fiscalía está "mal fundamentada", de forma que no puede pensarse que en caso de abrirse un proceso éste pudiera derivar en una condena.
El presidente de la Audiencia no ahorró recriminaciones hacia la fiscalía ni menos aún contra el experto encargado de elaborar el informe en qué ésta se basó -el británico Keith Still- a quien atribuyó un conocimiento insuficiente del idioma alemán y de las normas vigentes en el país para la organización de tales eventos.
Tanto la Fiscalía como las acusaciones particulares podrán apelar ahora ante la Audiencia Territorial de Düsseldorf, recordó Bender.
La decisión de la Audiencia cayó como un mazazo tanto entre los representantes de los familiares de las víctimas como entre el estamento político.
La primer ministro del "Land" de Renania del Norte-Westfalia, Hannelore Kraft, en el cargo ya en 2010, se mostró impresionada por la decisión y expresó su "incomprensión" hacia éste.
La Fiscalía había presentado su acusación en 2014, tras más de tres años y medio de investigaciones, y argumentaba que hubo fallos tanto en la planificación del festival como en las medidas de seguridad.
A su juicio, los responsables debían haber sabido que la estrechez de las vías de entrada al lugar, que también eran de salida, podían poner en riesgo la vida de los 445.000 asistentes, por lo que el evento nunca debería haber sido autorizado.
La tragedia de la Loveparade ocurrió el 24 de julio de 2010, cuando se produjo una avalancha en el túnel que servía de acceso y salida al recinto elegido para el evento.
Murieron 21 asistentes y más de seiscientas personas resultaron heridas, un drama que conmocionó al país y que tuvo una dimensión global por las nacionalidades de las víctimas: alemanas, españolas -dos jóvenes-, holandesas, australianas, italianas y chinas.
La larga investigación de lo sucedido impulsó las quejas de los familiares y de las víctimas, que criticaron la lentitud de la justicia y también que actuara de forma selectiva, al evitar citar a quienes consideraban los responsables últimos de la tragedia.
Entre los acusados por la Fiscalía no estaban ni el jefe de la empresa organizadora del festiva (Lopavent), Rainer Schaller, ni el entonces alcalde, Adolf Sauerland, que dimitió en 2012 después de que una abrumadora mayoría de sus conciudadanos votara en un referéndum a favor de su cese, por responsabilidad en lo ocurrido.
El Loveparade comenzó a celebrarse en Berlín en 1989 como un festival tecno minoritario y en pocos años se convirtió en un evento de masas, hasta llegar al millón de asistentes a finales de los 90.
En 2004 y 2005 empezó a perder audiencia, no encontró patrocinadores y entró en el negocio la empresa Lopavent.
En 2006 se celebró el último Loveparade en Berlín y los años siguientes peregrinó por otras ciudades alemanas, hasta la última edición de 2010, en Duisburgo.
El presidente de la Audiencia, Ulf-Thomas Bender, informó de que no se abrirá juicio contra los diez acusados por la Fiscalía -seis empleados de la administración local de Duisburgo y cuatro responsables de la empresa organizadora del multitudinario festival tecno-, contra los que se presentaron cargos por homicidio imprudente y lesiones.
Bender admitió que adoptar tal decisión "no ha sido fácil" y que él se sentía "personalmente afectado" por un caso en que perdieron la vida tantas jóvenes, muchos otros resultaron heridos y tantas familias siguen traumatizadas por la tragedia.
Sin embargo, sostuvo, la acusación formulada por la fiscalía está "mal fundamentada", de forma que no puede pensarse que en caso de abrirse un proceso éste pudiera derivar en una condena.
El presidente de la Audiencia no ahorró recriminaciones hacia la fiscalía ni menos aún contra el experto encargado de elaborar el informe en qué ésta se basó -el británico Keith Still- a quien atribuyó un conocimiento insuficiente del idioma alemán y de las normas vigentes en el país para la organización de tales eventos.
Tanto la Fiscalía como las acusaciones particulares podrán apelar ahora ante la Audiencia Territorial de Düsseldorf, recordó Bender.
La decisión de la Audiencia cayó como un mazazo tanto entre los representantes de los familiares de las víctimas como entre el estamento político.
La primer ministro del "Land" de Renania del Norte-Westfalia, Hannelore Kraft, en el cargo ya en 2010, se mostró impresionada por la decisión y expresó su "incomprensión" hacia éste.
La Fiscalía había presentado su acusación en 2014, tras más de tres años y medio de investigaciones, y argumentaba que hubo fallos tanto en la planificación del festival como en las medidas de seguridad.
A su juicio, los responsables debían haber sabido que la estrechez de las vías de entrada al lugar, que también eran de salida, podían poner en riesgo la vida de los 445.000 asistentes, por lo que el evento nunca debería haber sido autorizado.
La tragedia de la Loveparade ocurrió el 24 de julio de 2010, cuando se produjo una avalancha en el túnel que servía de acceso y salida al recinto elegido para el evento.
Murieron 21 asistentes y más de seiscientas personas resultaron heridas, un drama que conmocionó al país y que tuvo una dimensión global por las nacionalidades de las víctimas: alemanas, españolas -dos jóvenes-, holandesas, australianas, italianas y chinas.
La larga investigación de lo sucedido impulsó las quejas de los familiares y de las víctimas, que criticaron la lentitud de la justicia y también que actuara de forma selectiva, al evitar citar a quienes consideraban los responsables últimos de la tragedia.
Entre los acusados por la Fiscalía no estaban ni el jefe de la empresa organizadora del festiva (Lopavent), Rainer Schaller, ni el entonces alcalde, Adolf Sauerland, que dimitió en 2012 después de que una abrumadora mayoría de sus conciudadanos votara en un referéndum a favor de su cese, por responsabilidad en lo ocurrido.
El Loveparade comenzó a celebrarse en Berlín en 1989 como un festival tecno minoritario y en pocos años se convirtió en un evento de masas, hasta llegar al millón de asistentes a finales de los 90.
En 2004 y 2005 empezó a perder audiencia, no encontró patrocinadores y entró en el negocio la empresa Lopavent.
En 2006 se celebró el último Loveparade en Berlín y los años siguientes peregrinó por otras ciudades alemanas, hasta la última edición de 2010, en Duisburgo.
