Alianza entre la oposición para exigir inversión en los barrios

El equipo de gobierno dispone de parte del remanente para poder gastar y mantiene la apuesta por el barrio de Ikea y por el Camp de Mart, que debe estar listo para los Juegos

10 marzo 2018 09:01 | Actualizado a 10 marzo 2018 09:05
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Los grupos de la oposición del Ayuntamiento de Tarragona se confabulan para pedir al equipo de gobierno municipal que invierta el remanente económico en los barrios. La exigencia llega después de que el Ministerio de Hacienda se comprometiera, hace unos días, a que los ayuntamientos puedan emplear el superávit de 2017 durante este año y el próximo. 

En el caso de Tarragona, los recursos disponibles son 3.071.600 euros y, el concejal de Serveis Centrals del consistorio tarraconense, Pau Pérez, tiene claro que el dinero lo quiere gastar en todas aquellas inversiones que dependen de la venta de patrimonio    –que suman un total de 9 millones de euros–, entre ellas las mejoras en barrios. Pero para ello, es necesario que el Ministerio de Hacienda articule una norma, en forma de decreto ley, previsto en los próximos días.

De los tres millones de euros, hay una pequeña parte que ya está disponible, porque se trata de sobrantes de otras inversiones. Son 351.300 euros, que Pérez explicó ayer que una parte se destinaría a dotar una partida para el PP10 –más conocido como el plan parcial del barrio de Ikea–. Otra parte de esta cantidad servirá para renovar los ordenadores del Ayuntamiento. Por otro lado,  60.000 euros –que se añadirán a los 100.000 euros ya previstos en los presupuestos de 2018–, para arreglar el Camp de Mart, que acogerá la competición de 3x3 de baloncesto durante los Juegos Mediterráneos. Por último, «haremos una pequeña aportación –de 20.000 euros, según aseguró la oposición–, para celebrar los Premio Ones Mediterrania», explicó ayer Pérez. 

El resto de remanente, unos 2,7 millones de euros, aproximadamente, aún están bloqueados y, por lo tanto, no está claro si se destinarán a pagar la deuda o a inversiones. Todo depende del Ministerio de Hacienda y del porcentaje de deuda del Ayuntamiento de Tarragona, que actualmente asciende a 110,08%

Y es que según el Ministerio, aquellos municipios que cuenten con menos del 75% del endeudamiento público tendrán libertad para gestionar sus presupuestos. Por otro lado, los ayuntamientos con una deuda de entre el 75 y el 110%, deberán utilizar el remanente para amortizar la deuda, pero excepcionalmente podrán autorizar alguna inversión. Por último, aquellos municipios que cuenten con una deuda de más del 110% estarán obligados, y sin ninguna excepción, a pagar los préstamos. Así pues, el consistorio tarraconense se encuentra hoy en día con un porcentaje de la deuda del 110,08. El concejal Pau Pérez lucha incansablemente para reducir esta cifra y estar entre los municipios que pueden invertir.

El titular de economía del Ayuntamiento de Tarragona aseguró ayer que estos 2,7 millones de euros se invertirían, si fuera posible, en mejorar los centros educativos, en materia social –como las viviendas– y en arreglar la vía pública. De momento, el consistorio queda a la espera de conocer la decisión final del Ministerio de Hacienda. 

Objetivo claro

Los grupos municipales de la oposición, sin ninguna excepción, valoran negativamente los anuncios sobre inversiones que presentó ayer el concejal Pau Pérez. Echan de menos que no se hable de solucionar las principales carencias de los barrios y que, en cambio, se apueste por «tapar agujeros» para la celebración de los Juegos Mediterráneos. Una de las formaciones más críticas con el equipo de gobierno municipal es Ciutadans. Su portavoz, Rubén Viñuales, aseguró ayer que «lamentamos profundamente que Pérez no haya hablado, ni un momento, sobre el plan de choque de los barrios. Fue la condición para abstenernos en los presupuestos», y añadió que «por lo tanto, se ha demostrado que el concejal Pérez y el alcalde Ballesteros han faltado a su palabra». Viñuales amenazó, asegurando que «si finalmente esto es así, ya sabemos cuál será nuestro voto en los presupuestos de 2019». 

En esta misma línea, Pau Ricomà, portavoz de ERC, explicó ayer que «la degradación urbana y el gran número de pisos y locales vacíos son problemas que no pueden seguir obviando». Exigen actuar de manera inminente en la vía pública y ven como una oportunidad el hecho de disponer del remanente. Arga Sentís, portavoz de ICV-EUiA, tiene claro que «este gobierno va improvisando y, a través de modificativos de créditos, dota de partidas a los Juegos, como por ejemplo, la del Camp de Mart».
Por otro lado, Josep Maria Prats (Units per Avançar) y Dídac Nadal (PDeCAT) mostraron prudencia y también poca confianza en que se actúe en los barrios. «Las inversiones supeditadas a la venta de patrimonio quedarán en el limbo», decía Prats. Nadal tiene claro que deben tener preferencia las inversiones necesarias en la ciudad, «y no tanto los Juegos Mediterráneos y todo lo que los envuelve». 

La portavoz de la CUP, Laia Estrada, pide al equipo de gobierno una relación de las prioridades a la hora de invertir. «Queremos creer que, aunque sea con intención electoralista, se destine parte del remanente a arreglar la vía pública», decía Estrada. Por último, Beatriz Pérez, concejal no adscrita, explicó que «intentan camuflar cualquier partida para destinar a los Juegos. Se están gastando más de los que se dijo. Queremos que se contabilice el gasto de los Juegos». 

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