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Es cuestión de semanas que empiecen las obras de ampliación del edificio de Ematsa (Empresa Municipal d’Aigües de Tarragona) situado en la carretera de Valls, justo antes de llegar al barrio de Sant Salvador. En dichas dependencias se encuentra la ETAP (Estació de tractament d’aigua potable) y el laboratorio de la compañía municipal y el objetivo de la actuación es reubicar parte de la actividad que ya se realiza en las instalaciones y reubicar también a los trabajadores que desde hace muchos años trabajan en barracones.
El proyecto fue aprobado inicialmente por el Ayuntamiento de Tarragona unos días antes de Navidad, con lo que en pocos días se licitarán las obras, que empezarán en pocas semanas. De hecho el proyecto ya está finalizado y el coste total sube a los 600.000 euros, IVA incluido. El nuevo bloque será un anexo al edificio actual, con el que estará comunicado, y tendrá una superficie de 350 m2, que se sumarán a los 700 de las dependencias actuales.
Según explica Daniel Milán, gerente de Ematsa, son varios los motivos que responden a la necesidad del nuevo edificio. Por un lado, servirá pare reubicar a todo el personal que desde hace muchos años trabaja en varios barracones que se encuentran en las mismas instalaciones. Paralelamente, la idea con el nuevo bloque es también dar más espacio a la ETAP. En esta estación hay depósitos y válvulas y es donde se extrae y se trata el agua potable, además de los trabajos administrativos ligados a ello. El objetivo de Ematsa, comenta Milán, es en un futuro «ir utilizando más recursos propios, agua de minas y pozos nuestros, para ser más resilientes y tener más capacidad de producir agua propia por lo que pueda pasar», y ponía el ejemplo de que «el Consorci d’Aigües de Tarragona nos ha cortado el suministro un par de veces en los últimos años y queremos sacar más provecho de nuestras instalaciones».
Asimismo, las obras también permitirán ampliar el laboratorio, que es donde se hacen analíticas de potabilidad de agua y se lleva a cabo el control de aguas residuales que actualmente sirve, entre otras cosas, para conocer los niveles de covid-19 en las aguas que circulan por las alcantarillas. Finalmente, Milán asegura que «la nueva directiva de agua potable, que entra en vigor en enero de 2023, pide una serie de tecnologías y nuevos equipamientos que hay que poner en funcionamiento antes de que llegue la fecha y que se ubicarán en el nuevo espacio».
