Aparcaments Municipals lleva a juicio a la financiera del parking Jaume I

La empresa pública demanda a Metropolitan y a BSCH por facturar maquinaria «no entregada». Un informe indica que en el agujero hay 831.000 euros en material de los 5 millones pagados

OCTAVI SAUMELL

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Imagen de archivo de la maquinaria que está en el interior del no parking Jaume I. FOTO: PERE FERRÉ

Imagen de archivo de la maquinaria que está en el interior del no parking Jaume I. FOTO: PERE FERRÉ

El volcán del desastre del no parking Jaume I sigue activo y generando nuevas coladas. Desde hace años, el foco de la polémica se había centrado en la construcción del agujero de la Part Alta, que inicialmente debía costar 3,9 millones de euros para ser un aparcamiento automatizado inteligente pero que, según las últimas estimaciones, ya habría comportado un gasto de más de 30 para las arcas municipales, sin que la instalación haya podido entrar nunca en funcionamiento. Ahora, sin embargo, la empresa Aparcaments Municipals –que es propiedad 100% del Ayuntamiento de Tarragona– ha abierto una nueva vía, y ha decidido demandar a las financieras de la maquinaria que, en teoría, debía servir para que el recinto pudiera ser una instalación robotizada.

Así lo anunció el presidente de la compañía pública, Jordi Fortuny (ERC), durante el consejo de administración que se llevó a cabo el pasado jueves por la tarde. En concreto, la empresa municipal tarraconense acusa a la firma Metropolitan y a BSCH de facturar maquinaria por la presunta entrega de material que no habría sido librado en su totalidad y que, según se puso de relieve en las obras que se realizaron entre 2002 y 2008, el que se recibió tampoco ha funcionado nunca para poder poner en marcha el parking de la Plaça del Rectorat.

Jordi Fortuny confirma a este periódico que la empresa municipal presentará esta próxima semana la acción judicial en el juzgado de Primera Instancia de Madrid. «Estamos ante una obra que ha sido un disparate, en la que nada funciona, en la todo está inacabado y en la que se llevan invertidos millones de euros. Hemos perdido una escuela y una plaza para nada», lamenta el también primer teniente de alcalde.

Tres contratos en cuatro años

Los hechos se iniciaron hace más de dos décadas, cuando en febrero de 2001 se aprobó el Pla Especial de la Part Alta para instalar un nuevo aparcamiento soterrado público. A raíz de ello, en marzo de 2002 Aparcaments Municipals constituyó una Unión Temporal de Empresas (UTE) con la compañía Sistemas Alem, de forma que el 51% de la sociedad sería municipal. Esta nueva firma mixta fue la única que se presentó al concurso público, de forma que el 25 de marzo de ese año se le adjudicó la construcción del equipamiento, que inicialmente estaba previsto para un total de 285 plazas. En mayo de 2002, la UTE acordó un contrato de renting para el suministro y montaje del aparcamiento subterráneo mecánico y automático, por un valor de 2.069.033 euros.

El 2 de febrero de 2004 se alcanzó un acuerdo para ampliar de el aparcamiento en 170 plazas, por lo que se decidió añadir al contrato otros 1.157.756 euros para dar cabida a la maquinaria necesaria para 410 vehículos. Esta cifra, sumada a los 2.069.033 euros iniciales, elevaron la cantidad hasta los 3.327.000 euros para cubrir el coste de la maquinaria. El 3 de febrero de 2004 se firmó el contrato de renting con Metropolitan para el arrendamiento de máquinas y software, en un acuerdo con una duración de 120 meses y un precio de 42.987 euros al mes más IVA.

Sin embargo, en abril de 2005 la UTE firmó un segundo contrato de renting, que sustituía al anterior, por la ampliación de la maquinaria. Entonces se pasa a pagar 45.410 euros mensuales, más IVA. Ese acuerdo se anexó directamente con la entidad bancaria Banco Santander, cesionaria de los derechos de crédito de Metropolitan.

Asimismo, en abril de 2006 se firmó un tercer contrato que anulaba los anteriores para introducir mejoras por valor de 1,7 millones en el sistema de aparcamiento. En ese momento la UTE pasó a pagar 46.098 euros mensuales más IVA a Metropolitan mediante un contrato de 180 meses que finalizaba en marzo de este 2021. En total, entre los años 2002 y 2006 se firmaron tres contratos de renting de maquinaria con Metropolitan y BSCH, cada uno de los cuales sustituía al anterior y encarecía la obra.

Diligencia de la Agencia Tributaria

A partir de ese momento aparecieron los problemas. Metropolitan empezó a incumplir sus obligaciones de suministro, por lo que Aparcaments se vio obligada a firmar otros contratos en 2006, 2007 y 2008 para avanzar en la construcción. Estas operaciones se unificaron en una única cuota con Dexia, que aún se está pagando porque la maquinaria sí que se ha entregado. En esta cuota también se abona el crédito de 15 millones que se solicitó para la construcción del no parking. Paralelamente, sin embargo, se continuó abonando el renting a Metropolitan hasta 2017, por lo que «se pagó dos veces por la misma maquinaria», indica Jordi Fortuny.

De hecho, en marzo de 2017 Aparcaments recibió una diligencia de embargo de crédito por parte de la Agencia Tributaria, que aseguraba que los 46.000 euros mensuales del renting con Metropolitan debían abonarse directamente a la propia agencia y a la Seguridad Social. Aquí es donde el Consistorio evidenció que el dinero que Aparcaments pagaba a Metropolitan, en realidad, iba a parar a Alem. En total se habían abonado 7,5 millones de euros entre 2006 y 2017 «por una obra que nunca ha funcionado», afirma Fortuny. Cuando se dejó de abonar la cantidad a la Agencia Tributaria y a la Seguridad Social se dejó de pagar a Metropolitan, ya en 2018. Por ello, BSCH reclama ahora a Aparcaments 3,2 millones de euros que no se han abonado desde hace tres años. La sorpresa, además, es que, en ese momento, BSCH inscribió a Aparcaments en el lista de morosos del Banco de España: el CIRBE, una lista de la que el Consistorio aún forma parte.

A raíz de esta situación, el gobierno municipal dio sus primeros pasos en 2020, y el 25 de febrero de este 2021 la AMT acordó contratar un servicio jurídico externo para solicitar la resolución del contrato con Metropolitan y BSCH «por incumplimiento de sus obligaciones. Debemos rescabalarnos de un importe millonario pagado por todos los tarraconenses», añade Fortuny. Asimismo, en marzo de 2021 también se inició una auditoría pericial con una ingeniería «para determinar de qué contrato es cada máquina y defender el dinero de todos los tarraconenses. Ha sido un trabajo paciente», añade Fortuny. El documento constata que el total de los bienes, enseres e instalaciones que debían haber sido incorporados al no aparcamiento mediante el renting con Metropolitan sumaba un montante global de 4.996.087 euros más IVA, de los que, en cambio, solo se recibió material por un valor de 831.456. Escasamente, un 16% de los pagado durante 11 años. Este trabajo de investigación ha sido clave para preparar la demanda que se presenta esta semana para intentar dejar definitivamente atrás la lava del peor desastre de la historia reciente de la ciudad.

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