Aprobado por silencio administrativo el plan de la residencia de l’Arrabassada

La CUP acusa al gobierno municipal de «inacción» y el PSC denuncia que la situación genera «inseguridad jurídica»

OCTAVI SAUMELL

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Imagen de la finca en la que se alzará la futura residencia. FOTO: Pere Ferré

Imagen de la finca en la que se alzará la futura residencia. FOTO: Pere Ferré

El Ayuntamiento de Tarragona ha aprobado por silencio administrativo positivo el Pla Especial para la construcción de la nueva residencia para gente mayor en la Vall de l’Arrabassada. Igual que pasara en marzo con el Text Refòs de Mas d‘en Sorder, la inacción municipal ha avalado la propuesta presentada en febrero por la empresa privada Domus Vi, tras no realizarse ninguna resolución expresa dentro del plazo legal por parte de la corporación local.

El pasado 10 de julio, el Saló de Plens debía debatir el plan presentado por la compañía que, hace justo un año, ganó el concurso público para edificar y gestionar durante cincuenta años el equipamiento que se edificará en la zona de Llevant, a cambio de un canon de 135.000 euros anuales. Pese a ello, ese día el concejal de Patrimoni, Hermán Pinedo (ECP), solicitó retirar el punto del orden del día «para un mejor estudio» y «poder tener en cuenta la situación que se ha generado en las residencias durante la crisis sanitaria de la Covid-19».

Polémica en Premià de Mar

Se da la circunstancia de que la compañía que se impuso en la licitación ha sido una de las más damnificadas por la crisis del coronavirus. De hecho, la Fiscalía del área de Mataró investigó los fallecimientos denunciados en la residencia Ca n’Amell de Premià de Mar –de Domus Vi– porque hubo 84 muertes y 172 contagios, lo que representó el 90% de los residentes.

Pese a todo ello, el portavoz del gobierno municipal, Xavier Puig (ERC), asegura que el Ayuntamiento «ha desvanecido las dudas que pudiera haber» en el ámbito jurídico. «Ya lo hemos justificado técnicamente por si pudiera haber alguna mala praxis demostrada y alguien pudiera reclamar. Tenemos las manos libres», afirma el edil republicano, quien asegura que, pese a la aprobación del Pla Especial, el proyecto «aún podría tirarse hacia atrás», si bien reconoce que ahora «la empresa tiene más derechos adquiridos». El edil reivindica la «apuesta» del ejecutivo de la Plaça de la Font por las residencias públicas. «Mientras quién las tiene que hacer no las pueda construir, seguimos con una necesidad clarísima», recalca. Asimismo, Puig indica «con la crisis de la Covid se ha demostrado que muchas residencias, no solo la de Domus Vi, no estaban preparadas para situaciones como las que hemos vivido».

La finca en la que se construirá la nueva residencia privada de l’Arrabassada es la que en principio estaba previsto ubicar la escuela pública del barrio de Llevant, que al final se edifica en otro terreno cercano. Por ello, en el POUM se concreta que el terreno –que cuenta con 10.473 m2 de superficie– estaba calificado como de uso educativo. De hecho, el Consistorio llevó a cabo la adjudicación del uso del terreno con la condición de que la empresa ganadora debía tramitar el Pla Especial –el que ahora se ha aprobado– para recalificarlo y permitir que se incluyera la actividad sanitaria. Fuentes de la empresa confirmaron ayer que ya han presentado el proyecto ejecutivo para solicitar la licencia de obras. «Pondremos la primera piedra justo cuando nos den el permiso. Lo tenemos todo preparado y ya hemos adaptado el equipamiento a los requisitos a raíz del coronavirus», indicaron ayer fuentes de la empresa.

Críticas de la oposición

La aprobación del plan generó críticas, especialmente desde la CUP, que una vez más se desmarcó del alcalde. «Llevábamos desde marzo alertando de esta maniobra que puso en marcha el anterior gobierno en la más absoluta opacidad. Por ello, pedimos a ERC y ECP que rectificaran, pero no fue hasta julio que lo pararon, pero tarde y mal», lamentó ayer Laia Estrada. Por ello, en el pleno de hoy las cupaires preguntarán «¿cuáles han sido las acciones concretas que ha llevado a cabo el concejal Pinedo?», ya que «tememos que se confirmen nuestras sospechas: no hicieron nada más, aquello solo fue un gesto vacío coincidiendo con el pleno monográfico sobre residencias que se hizo en el Parlament».

El otro socio de Ricomà –Junts per Tarragona– también critica la tramitación. «El gobierno local debería ser más curoso con la tramitación administrativa. El silencio es lo mejor que podía pensar ante eventuales indemnizaciones hacia aquellos que habían logrado una concesión», afirmó ayer Dídac Nadal.

Desde el PSC, Begoña Floria calificó como de «muy grave» que «se vuelva a aprobar por silencio administrativo un plan urbanístico importante para la ciudad, con la inseguridad jurídica que esto genera y que ahuyenta a los inversores en un momento en que estamos entrando en una grave crisis económica». A juicio de la representante e la formación socialista, «el gobierno municipal está desbordado y con problemas internos, y esto repercute gravemente en la ciudadanía».

Finalmente, el portavoz del grupo municipal de Ciutadans, Rubén Viñuales, sospecha que la tramitación de este equipamiento sanitario de la zona de Llevant «parece que tiene más de político que de técnico para el gobierno local». «A nosotros lo que nos interesa es que se preste un servicio de calidad y a buen precio en un sector que hace falta de manera imperativa desde hace muchos años en Tarragona, como es la falta de plazas de residencia para nuestros mayores», añadió.

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