Arranca en la TAP la campaña por el ‘sí’ bajo el clamor del ‘votarem’

‘¿Alguien cree que no votaremos?’, desafía en Tarragona Puigdemont, después de que Madrid declarara ilegal el acto en la Tarraco Arena Plaça

15 septiembre 2017 06:32 | Actualizado a 15 septiembre 2017 06:43
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Ni los avisos del Gobierno, ni las querellas de la Fiscalía, ni la advertencia del Tribunal Constitucional (TC). El independentismo se ha instalado en la desobediencia y ayer escenificó en la Tarraco Arena Plaça que va a por todas y que se prepara para el «combate» final contra las instituciones españolas, en un escenario que calificó de «Estado de excepción» y de «golpe de Estado del miedo», según el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart.              

Junts pel Sí y la CUP, junto a la ANC, Òmnium y la AMI, dieron ayer el pistoletazo de salida a la campaña electoral del referéndum del 1-O, con un mitin protagonizado por el president Carles Puigdemont y el vicepresident Oriol Junqueras, que se celebró bajo la amenaza del Gobierno español, que apenas unas horas antes del inicio avisó al responsable de la TAP, la Diputació  de Tarragona, de que celebrar el acto podría ser constitutivo de delito

Millo: es delito

El delegado del Gobierno en Catalunya, Enric Millo, avisó al Govern, entidades y partidos independentistas que podrían incurrir en un «delito» si celebran el acto. «Vamos a esperar que haya una rectificación», señaló. Millo recordó que las órdenes de la Fiscalía s«han sido muy claras» y avisó a los independentistas de que deben ser conscientes de que se saltan la ley y de las consecuencias que ello supone.

La Delegación del Gobierno español trasladó el miércoles por la noche al subdelegado en Tarragona, Jordi Sierra, que el acto en la TAP era ilegal. El edificio de la Tarraco Arena Plaça es propiedad de la Diputació, aunque su actividad la gestiona la empresa privada Agència de Publicitat Internacional Catalana. El grupo del PP en la Diputació presentó un escrito dirigido al presidente de la institución, Josep Poblet (PDeCAT)  para pedir un informe jurídico con carácter urgente y conocer las «consecuencias» de la celebración del acto. Fuentes de la Diputació aseguraron que la petición se hizo a última hora de la mañana, y que la institución no apreciaba ninguna irregularidad en el evento.

El conseller de Interior, Joaquim Forn, expresó su deseo de que la justicia no decidiera enviar a los Mossos para que se impidiera el acto, al cual asistiría él mismo. Los organizadores no descartaban que finalmente se presentara la Guardia Civil para impedir su celebración, pero no hubo incidentes y, a las siete de la tarde, una hora antes de dar inicio al acto en sí, se abrieron las puertas de la TAP, ante las que habían largas colas de personas venidas de toda Catalunya. Unas 9.000 personas abarrotaron la TAP y unas 3.000 se quedaron fuera.

«Este es el mitin legal más importante de la historia de este país», afirmó el presidente de la ANC, Jordi Sànchez. El president de la Generalitat insistió en que el procés no tiene marcha atrás. «¿Alguien cree que no votaremos?», retó. «¿Qué tipo de gente se creen que somos los catalanes? Somos demócratas», remató. Puigdemont cargó contra la España «franquista», según las palabras de la presidenta de la AMI, Neus Lloveras. «Nosotros no perseguimos urnas, no cerramos webs, no amenazamos a los alcaldes, ni usamos las cloacas del Estado», dijo.

Dos veces

El president aludió a la incertidumbre que había pesado sobre  el acto para hacer un paralelismo. «Dijeron que no haríamos este acto, pues no solo lo hemos hecho, sino que por la gente que se ha quedado fuera, podríamos haberlo hecho dos veces», exclamó. Puigdemont cargó contra Rajoy, por insinuar que cortarán la luz el 1-O para impedir la consulta. «Los que cortan la luz a los colegios electorales son los que cortan la luz a los hogares vulnerables», remató. «Hemos nacido para ganar la república», afirmó Oriol Junqueras. «Ante las amenazas, responderemos con más firmeza», sentenció.

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