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Los hechos ocurrieron en marzo de 2018. Un hombre daba puñetazos y patadas a dos cachorros de perro de tres meses en el Camp de Mart. Los animales, del miedo, se defecaban encima.
Era la hora de salida de la escuela, así que había transeúntes presenciando la escena. La clave está en que dos de esos testigos, uno en la entrada del parque y otro que estaba dentro, llamaran por separado al 112 para denunciar los hechos. Ambos testigos no solo ratificaron su denuncia ante la policía, sino que acudieron, posteriormente, como testigos al juicio.
Los animales fueron retirados y llevados a la protectora. Además del maltrato, los dos tenían parvovirus por lo que, sin tratamiento, habrían muerto. Hoy ambos han sido adoptados por sendas familias y se encuentran en buen estado de salud.
La sentencia, aunque por un delito leve, llegó la semana pasada. Al hombre se le condenó a tres meses de multa con el pago de 5 euros diarios por cada uno de los cachorros. La condena establece, además, una inhabilitación especial para tener animales durante seis meses.
Con todo, llegar a celebrar un juicio por un delito de estas características es muy poco frecuente. En 2018 (último dato disponible) solo se dictaron en los juzgados de Tarragona cinco sentencias por maltrato a animales domésticos, tres absolutorias y dos condenatorias. Cinco años antes, en 2014, solo hubo una. Pero, más allá de las sentencias, que en los últimos cinco años se pueden contar con los dedos de una mano, lo cierto es que las denuncias que llegan a los juzgados sí hablan de una sensibilidad creciente respecto a estos delitos. Si en 2014 se abrían 12 casos por maltrato a animales domésticos, en 2018 ya llegaban a 32.
La clave: los denunciantes
Y, entonces, ¿qué hizo diferente el caso de los cachorros del Camp de Mart? Aina Paredes, letrada de la Asociación de Abogados sin ánimo de lucro para la defensa de los derechos de los animales en la provincia de Tarragona, ADAT, que se personó como acusación en este caso, apunta que una de las claves fue el compromiso de los testigos.
Señala que la asociación recibe numerosas denuncias de casos de malos tratos a través de las redes sociales, pero es más difícil que los ciudadanos las hagan por la vía que corresponde, es decir, ante la policía o un juzgado.
Lo primero que hay que saber, aclara, cuando presenciamos lo que suponemos es un caso de maltrato animal, es llamar al 112. Desde allí el caso es remitido al cuerpo de seguridad correspondiente. Tanto Guàrdia Urbana como Mossos de Esquadra, Guardia Civil o los Agentes Rurales tienen formación y competencias para actuar según el caso. Después es probable que la persona que presenció la denuncia deba ratificarse en comisaría y luego, si fuera el caso, ante un juzgado.
Algunos denunciantes se quejan, no obstante, de que la respuesta de los diferentes cuerpos de seguridad varía según la sensibilización de cada agente. En el caso de los cachorros actuaron tanto la Guàrdia Urbana como los Mossos d’Esquadra.
En 2015 se hizo la última reforma del Código Penal que supuso importantes avances con relación a los delitos de maltrato y abandono animal. Además, fijó que cuando el maltrato produzca la muerte, el autor afronte penas de prisión de hasta 18 meses.
En el caso del Camp de Mart, además, fue clave que ADAT se personara como acusación. Tuvieron muchos problemas para localizar al acusado, sobreseimientos, recursos...
Paredes explica que tienen consultas de vecinos de edificios donde viven okupas que tienen perros de razas potencialmente peligrosas. Los usan para disuadir a otros de entrar en las viviendas. No salen a la calle y hacen sus heces en el lugar. En estos casos, son los vecinos quienes pueden corroborar la situación. «Solo cuando hay una denuncia es cuando asociaciones como la nuestra nos podemos personar», insiste la abogada.
