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De noche y en grupo. Así es como suelen actuar los ladrones de cable eléctrico en la ciudad de Tarragona. Durante los últimos meses ha aumentado notablemente el número de robos de cable en el alumbrado público.
Sin ir más lejos, en los últimos quince días de julio se cometieron cuatro robos, lo que hizo saltar las alarmas, tanto del consistorio como de los cuerpos policiales. La mayoría de estos robos se concentran en cinco zonas de la ciudad: el Parc de la Coma de Bonavista; en el entorno del Anillo Mediterráneo, en Campclar; en la zona del Pla Parcial 13 –entorno a las oficinas centrales de Endesa–, en la antigua carretera N-340 –en Campclar–, y en el Pla Parcial 9, entre La Floresta y Les Gavarres.
«Este tipo de robo es habitual, pero en los últimos meses ha habido una proliferación muy preocupante», asegura César Pagès, ingeniero industrial del Ayuntamiento.
La alarma llegó cuando, unos días antes de empezar los Juegos Mediterráneos, robaron el cable eléctrico del alumbrado del aparcamiento provisional que se habilitó durante el acontecimiento deportivo en el Anillo de Campclar. «Aún no estaba en marcha el párking y ya se llevaron el cable», explica Pagès.
Desde enero hasta la actualidad –unos 8 meses– se han robado un total de 3.716 metros, lo que a las arcas públicas ha supuesto 63.462 euros para la reparación de las farolas.
Y es que el alumbrado público es un servicio esencial, lo que significa que la adjudicación para reponer el servicio es casi automática. No es necesario que el alcalde firme ningún decreto ni contar con una partida determinada. Si una farola pública deja de funcionar, inmediatamente se repara.
El último robo tuvo lugar el pasado 23 de julio, entre La Floresta y Les Gavarres. Se trata de una zona donde los robos son muy habituales y, justamente por esto, los técnicos decidieron soldar las puertas como medida disuasoria para que los ladrones se fueran a otro lugar. Pero aún es peor, ya que siguen abriendo las farolas y la reparación es aún más cara.
En este caso, según los expertos, los autores del robo estuvieron mucho rato en el lugar. Seguramente era de noche. Los ladrones doblaron incluso la base de la farola. «Ahora nos vemos obligados a idear un sistema para reforzar el alumbrado. Las farolas están deformadas», asegura Pagès, quien destaca que el beneficio económico que saca el ladrón del cable de cobre es mucho menor que el perjuicio económico que supone el robo para las arcas públicas. «Para sacar 1.000 euros de beneficio, la reparación cuesta unos 5.000», explica Pagès, quien añade que «esto lo pagamos todos».
El penúltimo episodio tuvo lugar el 21 de julio, en la carretera N-340A, a su paso por Campclar, a 300 metros de la comisaría de los Mossos d’Esquadra. Los daños estaban valorados en 3.264 euros y, en este caso, la aseguradora del Ayuntamiento no cubre los gastos al producirse el robo en la vía pública y no identificar el autor. Distintos fueron los dos episodios que tuvieron lugar a principios de julio en el Parc de la Coma, en Bonavista. Al ser un recinto cerrado, la aseguradora se hizo cargo de los daños.
El modus operandi es siempre muy similar: los autores arrancan con un uso considerable de la fuerza las puertas de las farolas. La similitud en la manera de hacer hace pensar a los expertos que los hechos pueden estar causados por un mismo grupo de personas, que habrían aumentado su actividad en las últimas semanas en Tarragona.
El punto de mira: las chatarrerías
La Guàrdia Urbana no ha tardado en poner en conocimiento de los hechos a los Mossos d’Esquadra, ya que la policía autonómica es quien tiene la competencia en seguridad ciudadana. Se acordó, en una reunión, coordinar la vigilancia de los puntos que han sufrido robos de cable del alumbrado público. De hecho, los Mossos ya han activado la presencia y la prevención, especialmente con vehículos no logotipados.
Los autores venden el cable de cobre a las chatarrerías que hay en polígonos de la ciudad. Otros, para no levantar sospechas, embarcan el material en contenedores que viajan a otros países.
Es muy complicado pillar a los ladrones in fraganti. Los Mossos d’Esquadra cuentan con un plan operativo específico para este tipo de robos, que les permite intervenir en algunos de los puntos de venta de chatarra. Los propietarios de estos establecimientos tienen la obligación de registrar los datos de los vendedores y denunciar si se tienen cualquier sospecha sobre el origen del género.
