Bajan los accidentes desde que no hay camiones en la nacional

Cuando está a punto de cumplirse el primer año desde que los camiones están obligados a circular por la autopista en lugar de las carreteras nacionales, el Servei Català de Trànsit da a conocer algunos datos sobre el impacto que ha tenido esta medida sobre el territorio. Uno de estos hace referencia al nivel de cumplimiento que ha tenido entre los transportistas. Y, en este sentido, destaca que desde el 2 de septiembre hasta el pasado 23 de agosto, los Mossos han sancionado a 4.028 vehículos pesados que no cumplían la normativa, lo que significa una media de once multas diarias. 

La cifra más elevada se registró en los primeros meses, hasta finales de 2018, cuando se interceptaron hasta 1.677 vehículos que circulaban por la N-340, en lugar de hacerlo por la AP-7. Un dato que en lo que va de año se ha reducido ligeramente, aunque la cifra ha sido de 1.431. En el caso de la N-240, las cifras son más bajas, a pesar de que las sanciones interpuestas en estos doce meses llegan a 920.

Otro segundo elemento que se ha dado a conocer hace referencia a la siniestralidad. En este sentido, Trànsit ha hecho un estudio detallado según el cual los accidentes con víctimas mortales y/o heridos graves se han reducido en un 45% en ambos corredores (Mediterráneo e interior). Si tan solo se analiza la situación teniendo en cuenta los datos referentes a la accidentalidad en las carreteras nacionales (N-240 y N-340) puede verse como estos se han reducido a la mitad. 

Un problema en Terres de l’Ebre

El informe compara el escenario de antes de que entrara en funcionamiento esta medida con el actual. Además, no se limita a contrarrestar los datos de los últimos doce meses con los del año anterior, sino que hace una media de la situación en los tramos afectados en el periodo desde 2010 a 2018. Teniendo en cuenta todos estos elementos puede verse como en el desplazamiento desde Altafulla a Vilafranca del Penedès, los accidentes con víctimas y/o heridos graves han caído en un 63,1%, mientras que en el tramo ebrense esta reducción ha sido del 39%. En este último caso, el nivel de mejora se ve penalizado por la siniestralidad que ha registrado la autopista AP-7. 

El informe distingue también entre accidentes con cualquier vehículo y aquellos en los que ha habido implicado un camión. En este caso, destaca que en el último año no se ha registrado un solo hecho, en ninguno de los dos corredores (ya sea en la carretera nacional o la autopista), con un vehículo pesado involucrado.

Los transportistas aseguran que el gasto adicional por vehículo llega a los 700 euros

Para el subdelegado del Gobierno en funciones, Joan Sabaté, la valoración de la medida acordada entre el Ministerio de Fomento y la Generalitat es «muy positiva». «La obligación de las administraciones es sobre todo reducir la accidentalidad y los datos que hemos ido conociendo demuestran que se ha conseguido de forma sustancial».

El representante del Gobierno estatal en el territorio destaca que «ahora hay más comodidad de tránsito, sobre todo en la N-340, a donde la elevada densidad de vehículos provocaba limitaciones de velocidad y que los conductores nerviosos adelantaran de forma peligrosa».

Estos doce meses también han puesto de manifiesto que aún hay aspectos que no han acabado de resolverse de forma satisfactoria. Por un lado, la solución que se hizo en la rotonda de Torredembarra. Las restricciones que se impusieran despertaron la protesta de los vecinos y se siguen registrando problemas de tráfico para acceder desde la nacional a la autopista. «Es un caso que está estudiando para que podamos encontrar una solución. En todo caso, previendo el problema nos anticipamos. Tampoco sabemos lo que habría pasado si no se hubiera hecho nada», dice Sabaté.
Otro de los aspectos pendientes es el malestar del sector del transporte. Éste se ha visto penalizado por una medida que le obliga a circular por la autopista en aquellos tramos desde Montblanc a Les Borges Blanques y en el corredor Mediterráneo entre Alcanar y L’Hospitalet de l’Infant y desde Altafulla a Vilafranca del Penedès. A pesar de que las bonificaciones que reciben van del 42,5% al 50%, los camioneros exigen la gratuidad de la autopista.  

Sobrecoste para el transporte

«La valoración no puede ser positiva, porque a pesar de las bonificaciones aún se nos obliga a pagar», lamenta el director general de la Federació d’Empreses d’AutoTransport de Tarragona (FEAT), Josep Lluís Aymat. Según cálculos de la patronal, el sobrecoste asciende a la suma de entre 400 y 700 euros anuales por vehículo. «Para según que actividad, con grandes beneficios, puede no ser significativo, pero cuando estamos hablando del margen que tiene el transportista es muchísimo», añade. 

La FEAT denuncia que la medida ha sido una operación de «cosmética» ya que considera que si se hubiera tomado teniendo en cuenta la seguridad el tramo desde Vilafranca a Martorell también debería haberse incluido.

El sector lamenta que se ha «señalado» a los camiones como responsables de la siniestralidad. «El problema es que aquí ha habido una gente que no ha hecho las inversiones necesarias, para tener las carreteras que nos merecemos», asegura. Un problema que los transportistas ya anticipan que se pondrá de manifiesto a partir del 1 de enero del año que viene, cuando finaliza la concesión de la AP-7 desde Salou a Alicante y se prevé un aumento del tráfico rodado sobre esta vía.

La presidenta de la Cambra de Comerç de Tarragona, Laura Roigé, también defiende que representa «un abuso y un coste altísimo para los transportistas». Y argumenta que «sacar los camiones no significa una solución para el problema de los accidentes. La solución es tener unas infraestructuras y unas carreteras dignas y propias del siglo XXI, cosa que ahora no tenemos».