Ballesteros: 'Quisieron convertirlo en un caso político'

El alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, aseguró ayer que el auto de la Audiencia Provincial que rechazó, entre otras, su imputación y la del exalcalde Nadal, no le produce «ninguna satisfacción». «Es un error de planteamiento que se cometió en su momento. Querían que este caso se convirtiera en un caso político, cuando lo que hay que hacer es investigar hasta el final», asegura el alcalde.

Para Ballesteros, la noticia no ha supuesto tampoco ningún alivio especial porque «ya se había pronunciado en este sentido el juez de primera instancia, y ahora lo ha ratificado la Audiencia Provincial...». «No me genera ni frío ni calor. Lo que tenemos que hacer es saber exactamente qué pasó y dónde fueron esos millones de euros», añadió Ballesteros, quien concluyó:«Acertadamente, la Justicia ha dicho eso, que hay que investigar la contabilidad de la UTE y de las dos empresas implicadas, y determinar las responsabilidades».

‘Que se siga hasta el final’

Desde los partidos de la oposición municipal la opinión generalizada, con matices, es que con independencia de lo que se haya descubierto hasta ahora, se debe continuar investigando:«El auto no dice que no haya indicios de delito. Dice que actualmente no hay indicios para imputar a nadie en concreto, pero tampoco archiva el caso. Obliga a continuar con la investigación y que a partir de ahí ya se verá», explicaba ayer el portavoz de Ciudadanos, Rubén Viñuales.

Esquerra, por su parte, pide que se hable también «de responsabilidad moral de gestionar dinero público». «Quizás sea cierto que no se ha hecho nada ilegal, pero sí una gestión irresponsable», dice Pau Ricomà, y añade: «Tarragona no merece que un desastre así quede sin culpables».

Para Convergència, es imprescindible que se siga investigando:«Me parece perfecto que el juez no vea indicios de delito de Ballesteros ni Nadal, pero hay que seguir porque un descalabro de esta magnitud tiene que tener nombre y apellidos. De alguien debe ser la culpa y hay que seguir hasta determinarlo», dice Albert Abelló en este sentido. Algo parecido opina la portavoz de la CUP, Laia Estrada:«Lo que está claro es que personas con nombres y apellidos tomaron decisiones que llevaron un proyecto de 4 millones a costar ocho veces eso. Ya fuesen del pleno o del consejo de AMT, pero alguien ha tomado decisiones y la ciudadanía merece saberlo. Quizás no estemos ante decisiones que constituyen delito, pero como mínimo sí una negligencia».

Arga Sentís (ICV) abunda en esto último al recordar que «hay cosas que no necesariamente porque no sean un delito están bien». «Y que un proyecto que debía costar 4 millones cueste más de 30 no está bien, sea o no delito».