Ballesteros abre la puerta para acordar las cuentas con Ricomà

Pau Ricomà (ERC) podría tener un plan B para poder aprobar los presupuestos municipales del próximo año. Ante la inestable relación que el gobierno de Esquerra Republicana y En Comú Podem mantiene con sus socios de investidura –Junts per Tarragona y CUP–, el PSC abre ahora la puerta para negociar «por responsabilidad institucional» las cuentas de 2020 y «hacer lo posible» para que el Consistorio no se vea obligado a prorrogar los números a partir del próximo mes de enero.

«Entiendo que primero tengan que hablarlo con Junts y CUP, pero nosotros mantendremos una actitud de máxima responsabilidad y lealtad institucional, como ya se demostró en el último pleno», afirma en declaraciones al Diari el líder de la formación socialista en la Plaça de la Font, Josep Fèlix Ballesteros. De hecho, el ejecutivo local tiró hacia adelante en la sesión municipal del pasado lunes el encarecimiento del 11,6% de la tasa de la basura con los apoyos de PSC y Ciutadans, frente a la abstención de los postconvergentes y el «no» de las cupaires. «Si gobernáramos, también la habríamos subido porque la inversión en la planta de Sirusa debe hacerse sí o sí», añade Ballesteros

«Espero la llamada del alcalde Ricomà. Tenemos claro que votaremos a favor de todo lo que sea bueno para la ciudad. Hemos gobernado y tenemos sentido de la responsabilidad, Tarragona está por encima de todo», indica el líder socialista quien advierte, esto sí, que el precio para avalar las previsiones del equipo de gobierno «será alto». De hecho, la primera condición que el principal partido del Saló de Plens pondrá sobre la mesa serán las inversiones. «Hay veinte millones de euros para ello que deben ejecutarse. Ahora el Ayuntamiento tiene una situación económica mucho mejor que hace años, por lo que este dinero debe gastarse», resalta el exalcalde, quien se muestra convencido de que «hay posibilidades de llegar a un acuerdo» con ERC y Comuns para el presupuesto.

Los socialistas también pondrán sobre la mesa la apuesta por «los servicios sociales, la educación y la ocupación», así como «en todo lo relativo a la actividad económica, el comercio, las empresas y la industria».

Ballesteros abre la puerta porque es consciente de que «ir a presupuestos prorrogados sería un desastre» y, por ello, se ofrece para abrir una negociación formal. «Ricomà no me votó nunca el presupuesto a favor, pero la política es el arte de hacer posible lo imposible. Nuestra intención inicial es sincera y no descarto nada, pero el gobierno debe hacer algún gesto», indica.

«Debe visualizarse el cambio ya»

PSC aparte, el plan A del alcalde es mantener en la votación del presupuesto la mayoría de 14 ediles lograda en la investidura del pasado 15 de junio, con los 14 votos que suman ERC (7), Junts per Tarragona (3), Comuns (2) y la CUP (2). Pese a ello, ahora se antoja que la negociación no será sencilla, después de que los de Nadal se desmarcaran del gobierno con la Budellera, y que la CUP rechazara la subida de la basura.

De momento, Junts per Tarragona exige al ejecutivo de Ricomà dos millones para los proyectos de participación ciudadana repartidos «entre todos los distritos», así como un plan de mejora del espacio público que incorpore, entre otras cuestiones, «la dignificación de plazas, parques y zonas verdes, así como la eliminación del cableado aéreo», afirma el portavoz Dídac Nadal, quien insta a Ricomà «a que se empiece a visualizar el cambio». Los postconvergentes también exigen más partida económica para la Guàrdia Urbana, mejorar la conexión de los barrios con el centro mediante avenidas urbanas e impulsar la conservación del patrimonio histórico y la partida para apoyar al comercio de proximidad.

Por su parte, la CUP indica que «para empezar negociar», la primera exigencia es la de ver «concreciones» en los puntos que las cupaires pusieron sobre la mesa para la investidura de hace cuatro meses. Así, Laia Estrada resalta que piden «300.000 euros para el estudio sobre la calidad del aire», así como «el 1%» de las cuentas para «los presupuestos participativos». Paralelamente, las anticapitalistas exigen ver en el presupuesto la dotación económica «para el estudio sobre la internalización del servicio de la basura y el censo de pisos vacíos».

Cs: Plan de choque de barrios

Entre los partidos más críticos con el gobierno local, Ciutadans –como ya hiciera el año pasado– pide «dos millones para el plan de choque de barrios», así como «un aumento de la partida para parques y jardines, y la de turismo y promoción comercial». Los naranjas también exigen más dinero «para patrimonio» y la contratación de «agentes cívicos y policía de proximidad».

Finalmente, José Luis Martín (PP) exige «un plan para potenciar el comercio y ayudas para rehabilitar fachadas y comercios», así como inversiones «prioritarias», como «la unión de la Rambla Vella con Part Baixa; la unión de Llevant con el Paseo de los Miradores; y actuaciones de mejora en la T11».