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Begoña Floria se ciñe a negar que los 'voluntarios' del PSC cobrasen de Inipro

El exjefe de gabinete Gustavo Cuadrado negó también su relación con la empresa, aunque recibía correos semanales de tres trabajadores informando de lo que estaban haciendo

Àngel Juanpere

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Begona Floria entrando ayer en los Juzgados. FOTO: LLUÍS MILIÁN FOTO: ÀNGEL JUANPERE

Begona Floria entrando ayer en los Juzgados. FOTO: LLUÍS MILIÁN FOTO: ÀNGEL JUANPERE

Después de unas dos horas y media, la concejala Begoña Floria terminó su declaración ante el Juzgado de Instrucción 1 de Tarragona sobre su participación en el Caso Inipro. Floria, ante los periodistas, dijo que se encontraba «muy satisfecha» porque le había podido explicar al juez lo que es el ciberactivismo, «cómo se trabaja con el voluntariado en el PSC. Estoy muy tranquila», aseguró.

En todo momento negó que los que participaron en este ciberactivismo cobrasen algún tipo de sueldo, como parece insinuar el magistrado Joaquín Elías Gadea en su auto de noviembre. El escrito del juez da a entender que el dinero que había cobrado Inipro por unos trabajos no hechos habría servido para financiar dicha actividad. Y es que tres de estos voluntarios son personas que habían sido contratadas por Inipro.

La concejala recalcó ante los periodistas una y otra vez que las personas que realizaban el ciberactivismo eran voluntarias: «Es una actividad de compromiso que se hace desde el voluntariado. Por lo tanto, no me cabe en la cabeza pensar que se cobre». Y recalcó: «Para mí es inconcebible que alguien pueda pensar que se cobra por hacer una tarea absolutamente voluntaria, para hacer un proyecto en el que crees, que es el proyecto del Partit Socialista».

La existencia de un grupo denominado ‘PSC Ciberactivistes Ballesteros’ se inicia con una comunicación de 13 de septiembre de 2011. En ella, Begoña Floria señala: «(...) En aquest sentit hem posat en marxa un equip de ciberacció que s’encarregarà d’aquesta coordinació. Són Mario Burzuri, Cecilia Magnini i Alejandro Caballero –los tres investigados en la causa–. Amb ells i jo mateixa, i també Gustavo anirem impulsant la xarxa. En aquest sentit estaria bé que si conegueu gent del partit que tingui interés en formar-hi part ens aviseu».


Quién dijo miedo
El correo fue respondido por Gustavo Cuadrado: «Qui rep aquest mail? Tinc por de ficar noms... estan cobrant de naltros. Clarifiquem que són voluntaris». Cuando se le preguntó a Floria qué significaba este «miedo», contestó que no lo sabía. A otras preguntas sobre los polémicos correos dijo que no se acordaba. Durante su declaración también intentó exculpar en todo momento a Ballesteros de este caso. Dijo que él no sabía nada y que tenía cosas más importantes que atender.

Para el magistrado, la respuesta de Cuadrado «pone de manifiesto que la actividad realizada por los miembros del grupo de ciberactivistas es retribuida y que además los componentes de este grupo coinciden con las personas que en ese momento han sido contratadas por Inipro. Tampoco me pasa desapercibido el hecho de que quien firma el correo, Begoña Floria, era la portavoz del grupo municipal socialista y que en el correo afirma que estas personas junto con ella misma irán impulsando la red».

Sobre la coincidencia de que dichas personas también fueron contratadas por Inipro, dijo que «en el grupo éramos 50 personas y por lo tanto hay muchas coincidencias».

A la concejala también se le preguntó por el correo redactado por Gustavo Cuadrado y remitido a Victoria Pelegrín y a Antonio Muñoz –con copia a Joan Maria Abelló y a Floria– donde se decía: «Parece que el tema saldrá en el Diari de Tarragona ... el periodista es el típico capullo que piensa que todos somos unos corruptos. Estamos intentando que sea agua de un día». Floria dijo que ella era la responsable de comunicación, que no recabó más información de la que le daban y que recibió dicho correo por una cuestión de coordinación.


Nuevo paso por el juzgado
La declaración de Gustavo Cuadrado se prolongó durante tres horas. Al contrario de lo que hizo en la primera ocasión –cuando una parte de la causa estaba bajo secreto de sumario–, ayer contestó a todas las preguntas, pero no hizo declaraciones. El interrogatorio del juez se dirigió a conocer el papel del exjefe de gabinete de Ballesteros en la contratación de Inipro, que en 2009 se presentó ante el Ayuntamiento para ofrecer sus servicios.

Al parecer, cuando se ideó la contratación de Inipro se necesitaba una memoria que justificara la actividad. No la había. Normalmente en estos casos la redactan los técnicos. Sin embargo, en esta ocasión se pidió a la empresa que mandara una que tuviera de otras veces, una gestión en la que supuestamente habría intervenido Cuadrado. Éste no supo dar explicaciones sobre el correo que recibió de Antonio Muñoz el 16 de marzo de 2010, meses antes de que fuera adjudicado el trabajo: «Hola Gus, Estoy con Alejandro –Caballero, que por aquel entonces ya había sido contratado por Inipro–. ¿Nos reunimos para acabar tema a quién se contrata y objetivos concretos?».


‘Yo no coordinaba’
El exjefe de gabinete también negó que tuviera funciones de coordinación de la red de ciberactivismo y, a pesar de ello, recibía correos de Cecilia Magnini, una de las investigadas. Asimismo, Cuadrado mandó un correo a los tres trabajadores de Inipro –afines al PSC, supuestamente voluntarios e investigados en la causa– para que recordaran que «sois dos jornadas y media». Lo justificó porque un día los encontró a los tres en la Plaça de la Font y les dijo que necesitaba unas fichas sobre barrios de Tarragona. Y cuando Mario Burzuri quería más horas –porque sólo estaba a media jornada– también lo solicitó a Gustavo.

Cuatro abogados defensores –entre ellos el del alcalde– han pedido el archivo de la causa. Mientras, todo hace indicar que la lista de los investigados quedará en los 14 actuales, aunque no se descartan nuevas diligencias.

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