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Begoña Floria se suma a los otros 13 investigados por el Caso Inipro

El magistrado también cita a Gustavo Cuadrado y considera al PSC como partícipe a título lucrativo | |

Àngel Juanpere

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El trasvase de correos entre Floria y Cuadrado sobre los trabajos realizados por trabajadores contratados por Inipro ha sido clave. FOTO: PERE FERRÉ FOTO: A.JJUANPERE/DT

El trasvase de correos entre Floria y Cuadrado sobre los trabajos realizados por trabajadores contratados por Inipro ha sido clave. FOTO: PERE FERRÉ FOTO: A.JJUANPERE/DT

La concejal y portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Tarragona, Begoña Floria, es el investigado –antes se denominada imputado– número 14 en la causa abierta por el Juzgado de Instrucción número 1 de Tarragona sobre una supuesta financiación irregular del PSC a través de la contratació de la empresa Inipro para realizar unos trabajos con la población inmigrante.

El magistrado Joaquín Elías Gadea, a través de un auto, vuelve a imputar al exjefe de gabinete del alcalde Josep Fèlix Ballesteros, Gustavo Cuadrado. Éste y Floria están citados a declarar, el próximo 19 de enero, a partir de las nueve de la mañana, ante el magistrado del Juzgado de Instrucción número 1.

Y, como novedad, el juez cita «en calidad de partícipe a título lucrativo» al PSC por haberse lucrado presuntamente del contrato con Inipro, que ascendió a 337.168,97 euros. Se trata de una figura recogida en el artículo 122 del Código Penal, que condena al resarcimiento del daño causado hasta la cuantía de su participación. El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha imputado la misma figura jurídica al Partido Popular en la pieza separada del caso Gürtel referente a contratos en la localidad madrileña de Boadilla del Monte.


Disco duro
Las nuevas imputaciones del magistrado son fruto del trabajo elaborado por la Unidad de Delincuencia Económica de la Guardia Civil tras analizar un disco duro entregado a los agentes por un testigo vinculado al Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona (IMSST). Dicho disco fue encontrado por casualidad y se sospechaba que podía contener una carpeta con los mensajes de correo electrónico del investigado Antonio Muñoz, exgerente del IMSST.

El juez recuerda en su auto –en el que levanta también el secreto de sumario– que cuando el 9 de octubre de 2015 se registró el Ayuntamiento «dicho dispositivo fue objeto de una intensa e infructuosa búsqueda por parte de los agentes». Y es que en la denuncia inicial de la CUP se señalaba la existencia de un mensaje de correo que Muñoz podría haber intercambiado con Inipro con anterioridad a la formación de la invitación al procedimiento negociado sin publicidad, con lo que pondría de manifiesto el carácter fraudulento de la contratación efectuada.

Pero por mucha búsqueda que se hizo, el disco duro no fue encontrado. Cuando finalmente lo tuvo en sus manos la Guardia Civil, el juez acordó abrir una pieza separada y declarar el secreto sumarial, ya que si se divulgaba dicha información podría frustrar la investigación.

Para el magistrado, del resultado de las investigaciones se desprende que el IMSST no seleccionó a la empresa Inipro por ser la que presentaba una oferta más ventajosa para prestar el servicio contratado. «Al contrario, sospecho que el proceso debió ser a la inversa; ante la necesidad de contratar a determinadas personas cercanas al partido, se buscó una sociedad que pudiera llevar a cabo esta empresa, dándole la apariencia de una contratación pública».

¿En qué se basa el juez para decir que todo fue un amaño? El 15 de septiembre de 2009 –nueve meses antes de que se invitara a Inipro a participar en el proceso de contratación–, Cuadrado pone en contacto a Ricard Campàs –administrador de Inipro ya fallecido– con Antonio Muñoz. Se observa un correo inicial en el que Campàs se dirige a Cuadrado presentándose y comentándole que le había llamado un tal ‘Óscar’ por un tema de dinamización en barrios de Tarragona. Cuadrado reenvió este correo a Muñoz.

Parece ser que el 17 de septiembre de 2009 se reunieron Gustavo Cuadrado y Ricard Campàs, encuentro al que probablemente asistió Muñoz. Sobre esta toma de contacto, lo más interesante para el magistrado es que «que ya se haga referencia a un ‘tema de dinamización en barrios de Tarragona’ y se intercambian presupuestos (cuando aún ni se había formalizado la necesidad de contratar el servicio) con una sociedad que en un hipotético proceso de contratación debería concurrir en igualdad de condiciones a las demás».

Durante el auto se recogen diversos correos que ponen en evidencia que se estaba cociendo la contratación de Inipro mucho antes de que la concejal Pelegrín firmara, el 5 de julio de 2010, el pliego de cláusulas particulares.

El magistrado señala en el auto que la relación entre Cuadrado e Inipro «me permite dar el salto que se ve con mayor claridad cuando pongo en relación todos los indicios acumulados, y que consigue dar sentido a la trama». Él lo tiene claro: «En realidad, el negocio no era con el Institut Municipal, sino con el Partido. Y el Sr. Muñoz tan solo fue una pieza necesaria para poder dar cobertura legal a la voluntad última, que era contratar a determinadas personas para realizar trabajos en beneficio del PSC, lo cual era económicamente más ventajoso para el Partido si el pago de los sueldos se sufragaban a costa del erario público».


Con Caballero comenzó todo
El juez está convencido de que la trama comenzó con la contratación de Alejandro Caballero, una persona «del partido». Hay un correo de 16 de marzo de 2010 en el que Muñoz pretende mantener una reunión con Cuadrado para definir «a quién se contrata» y los «objetivos concretos», reunión en la que también intervendría Caballero, que en ese momento acababa de ser contratado por Inipro.

Una vez adjudicado el contrato a Inipro, los correos que han sido estudiados por la Guardia Civil ponen de manifiesto que el entonces gerente del IMSST informa puntualmente al jefe de gabinete de Alcaldía de las novedades que van surgiendo.


Redacción de las memorias
Otro de los aspectos que sorprenden al magistrado es quién redacta las memorias para justificar que los trabajos se han efectuado. Recuerda que la memoria de actividades debe realizarla la empresa que ha ejecutado el servicio contratado por la Administración, precisamente para justificar dicha contratación, asumiendo el ente contratante el papel de supervisión de la actividad contratada. En este caso sucede todo lo contrario: las memorias que presentó formalmente Inipro se redactaron desde el mismo IMSST. En concreto habría podido ser realizada finalmente, según el auto, por la técnico y ahora investigada Enriqueta Aznar.



o.s.

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