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«Un magrebí menor de edad 740 euros y un español con 35 años cotizados y 55 años 431... Que me lo expliquen», asegura el mensaje sin firma, por momentos viralizado en la red, que azota contra la inmigración a pocas horas de otra visita crucial a las urnas. Nada de eso es verdad, entre otras cosas porque un menor de edad no puede optar a ayudas públicas.
Y aun así, bulos de este tipo circulan y hacen mella en el usuario, que luego será votante. Internet se ha convertido en un terreno valioso, indispensable para los partidos. «En esta campaña, en la que muchos ciudadanos se han mostrado contrarios a recibir propaganda electoral por medio del correo postal, estos canales son una alternativa para conectar y hacer llegar el mensaje», explica Silvia Martínez, directora del máster de Social Media de la UOC.
Se suele apostar por las apelaciones directas, la proximidad y los contenidos más viscerales que intenten calar. «Ese componente emocional puede ser especialmente útil para generar una reacción, como pueda ser retuitear o compartir el contenido y así ayudar a que el mensaje llegue a más usuarios o entre en círculos o grupos de usuarios concretos. El uso del cachorro en la campaña de Ciudadanos o que se siga explotando el empleo de vídeos musicales como el reggaetón de Podemos son algunos claros ejemplos», añade Martínez. Otra muestra es la utilización del videojuego incorporado a la estrategia de Más País para captar al público joven.
Pero, más allá de esos métodos, la red deja zonas oscuras con las que intoxicar al electorado arremetiendo contra el rival político. «La presencia de indecisos hace que pueda ser especialmente interesante generar campañas de desinformación que puedan incidir y terminar por decantar el voto», indica Martínez. La capacidad para producir y distribuir ‘fake news’ es amplia y además aprovechan las diferentes plataformas combinadas: redes más populares para ganar alcance –Facebook o Twitter son un ejemplo– con el uso de mensajería instantánea como WhatsApp. «Al compartirse en un entorno de mayor privacidad también puede obtener mayor credibilidad», narra la experta.
En esa fiabilidad está la principal batalla en un campo muy complicado de vigilar. «Los social media han permitido que se multipliquen las formas de relación de los partidos con los votantes. Aunque se está avanzando en transparencia para poder conocer quién está detrás de los anuncios pagados en algunas de las redes como Facebook, hay que tener en cuenta que al margen de los espacios de la publicidad pagada las formaciones políticas pueden crear perfiles propios, listas de distribución... a través de las cuales difundir sus contenidos. Por otro lado, los propios ciudadanos pueden crear contenidos que favorezcan los intereses de determinado partido y difundirlos», dice Silvia Martínez.
El reciente caso de la campaña ‘No contéis conmigo’, impulsada teóricamente desde la órbita de Íñigo Errejón pero en realidad iniciativa del PP para desmovilizar a la izquierda es un ejemplo de mayor sofisticación que el del simple bulo viralizado.
Un control muy complicado
Un informe del movimiento global ciudadano Avaaz sostenía que casi diez millones de españoles –9,6 de potenciales votantes– habían recibido este año mensajes por WhatsApp que incitaban al odio. Son más personas que las que tienen Youtube e Instagram juntos y casi tantas como las que usan Facebook –la red rey– en España. También había «propaganda contra los homosexuales y una interminable lista de memes sexistas, racistas, que incitan al odio o que directamente son mentira», según apunta la organización.
Los expertos piden más herramientas para actualizar una norma que data de 1985«Estamos en un entorno comunicativo que se ha diversificado y que evoluciona rápidamente lo que dificulta el control de propaganda electoral», explica la profesora de la UOC, que reclama más herramientas para actualizar la norma legal que regula en España, la LOREG, que data de 1985. «La ley señala en su artículo 50.4 que la campaña electoral la llevan a cabo ‘candidatos, partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones en orden a la captación de sufragios’. En un contexto en el que el ciudadano puede desempeñar un rol activo y participar de la comunicación pública, aquellos mensajes que emita podrían quedar amparados en el ejercicio de la libertad de expresión e información», explica la docente.
Ante este panorama, cabe tomar precauciones ante el bombardeo y el ruido de las pantallas. «Hay que impulsar políticas que fomenten una educación mediática e informacional ayudarán a que el ciudadano desarrolle las competencias necesarias para disponer de un espíritu crítico que le ayude a protegerse de estas campañas de desinformación», zanja Silvia Martínez.
