Cada mes se denuncian en Tarragona tres delitos sexuales cometidos por menores

En los dos últimos años estos hechos se han incrementado en la demarcación, aunque no se ha llegado a los porcentajes de España, donde el aumento ha sido del 43 por ciento

03 febrero 2020 08:50 | Actualizado a 14 febrero 2020 16:49
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Un total de 34 delitos contra la libertad sexual cometidos por menores de edad se denunciaron en 2018 en la demarcación de Tarragona, cuatro más que el año anterior, lo que representa un incremento de un 13 por ciento, protagonizados tanto por españoles como por extranjeros. La fiscal coordinadora de Menores, Ana Isabel Neira, reconoce que el año pasado un incremento de casos, pero no de una forma significativa. Recalca que lo que ha aumentado más es la mala utilización que hacen los jóvenes de las redes sociales, «el mal uso de las fotos, que dan lugar a determinados delitos y para obtener determinados favores, algunos incluso sexuales».

La Fiscalía de Menores de Tarragona –que tiene ámbito provincial– tramitó en 2018 seis casos de agresiones sexuales –lo que habitualmente se conoce como violación– cometidos por jóvenes de entre 14 y 18 años. En cambio, en 2017 el número fue de 13, lo que representa que en 2018 hubo la mitad de asuntos. Este porcentaje es muy diferente al que se ha dado en el conjunto de España, donde este delito subió un 43 por ciento, según los datos ofrecidos por la Fiscalía General del Estado, donde se llegaron a contabilizar 648 casos, frente a los 451 de 2017. En cambio, sí subieron en la demarcación de Tarragonalos abusos sexuales: el año pasado hubo 28 y el anterior 17, lo que representa el doble.

«Generalmente, el agresor es un joven del entorno familiar o vecinal de la víctima», recalca la fiscal tarraconense. En pocos casos se ha dado en el círculo escolar. Recuerda un asunto donde agresor y víctima tenían ocho años. En este caso, como el sospechoso era inumputable –al tener menos de 14 años– se comunicó a la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (Dgaia), «porque existe un riesgo para el menor».

La fiscal de Menores recuerda una brutal agresión sexual a una menor de 14 años

Ana Isabel Neira destaca también un aumento de delitos contra la libertad sexual en ambientes lúdicos, con consumo de sustancias estupefacientes o de alcohol. Recuerda el caso de una denuncia en que la joven dijo no haberse encontrado bien. En su analítica aparecieron restos de droga, pero ella decía que nunca la había tomado. «De lo que no se han dado casos es de burundanga, droga zombi, que reduce la voluntad y ‘borra’ la memoria de las personas durante el tiempo que duran sus efectos.

Uno de los casos más graves que ha pasado por la Fiscalía, según recuerda Neira, fue el de una menor agredida presuntamente por un grupo formado por mayores y un menor de edad. Fue una agresión múltiple por parte de más de cinco personas. El joven procesado fue absuelto porque la víctima no lo reconoció, tuvo dudas durante el juicio.

Pero lo que quedó claro es que sí hubo violación, fue una «agresión brutal», recalca la fiscal. Durante el juicio la víctima –menor de 14 años– pasó por una situación psicológica dura, por lo que se tuvo que parar el juicio.

Una sola declaración

Uno de los avances de los últimos años en los casos de agresión sexual a menores de edad es la declaración única, principalmente cuando la víctima tiene menos de 15 años y se dan determinadas circunstancias. Ello evita que tenga que explicar lo ocurrido diversas veces: primero ante los Mossos d’Esquadra, después ante el fiscal y finalmente ante el juez el día del juicio. A la víctima se le toma declaración en una habitación donde hay dos técnicos, que pueden ser psicólogos, miembros del equipo de asistencia a las víctimas. El resto –fiscal, abogados, etc– se encuentran en otro despacho, y las preguntas a la menor se efectúan a través de los técnicos.

El año pasado se dieron dos casos de violación en grupo: uno en Calafell y el otro en Tarragona

Para que sólo haya una declaración se realiza lo que se denomina «prueba preconstituida». Su testimonio se toma en presencia de su abogado, del letrado de la Administración de Justicia, del letrado defensor, del juez y del fiscal. El día anterior a la realización de esta entrevista con María Isabel Neira había tenido un juicio sobre un caso de agresión sexual: «El investigado era menor y las víctimas todavía más. Y no tuvieron que venir a declarar porque había la prueba preconstituida».

Sin conciliación

Una de las introducciones que llegó con la Ley del Menor es la conciliación de las partes implicadas en el proceso judicial, que evita que el asunto llegue a juicio después de que el autor acepte resarcir a la víctima y ésta lo acepte. El Ministerio Fiscal puede desistir de la continuación del expediente, atendiendo a la gravedad y circunstancias de los hechos y del menor, de modo particular a la falta de violencia o intimidación graves en la comisión de los hechos. También a la circunstancia de que además el menor se haya conciliado con la víctima o haya asumido el compromiso de reparar el daño causado a la víctima o al perjudicado por el delito, o se haya comprometido a cumplir la actividad educativa propuesta por el equipo técnico en su informe.

El desistimiento en la continuación del expediente sólo será posible cuando el hecho imputado al menor constituya un delito menos grave o falta. Por ello, en los casos de abusos y agresiones sexuales no es posible porque son delitos de especial gravedad, que pueden comportar el internamiento del autor hasta ocho años en un centro.

El grupo

El año pasado se dieron dos casos de violaciones en grupo. Uno de ellos se produjo el 19 de marzo en el Parc de l’Amfiteatre a una joven menor de edad. Los Mossos d’Esquadra, después de tomar declaración a medio centenar de personas, detuvieron a once menores, que presuntamente se habrían aprovechado de la vulnerabilidad de la víctima –de consumo de alcohol y drogas– para cometer la violación.

El otro caso denunciado ocurrió en Calafell en agosto, donde fueron detenidos tres mayores de edad y un menor, acusados de una agresión sexual durante una fiesta en una vivienda.

La Fiscalía General del Estado, ante la gravedad de determinadas denuncias que se han recogido en España, unido a lo delicado de ciertos entornos, proponía la adopción de medida de grabación en vídeo, siempre en espacios cerrados, como las aulas y despachos de los centros educativos. Serviría por un lado para evitar el delito y, por otro, para impedir imputaciones infundadas.

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