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El nuevo año no sólo ha venido con subidas en la factura del gas y los peajes. También trae más recibo de la contribución. Los contribuyentes de 28 municipios de la provincia pagarán más en diversos tributos ligados al catastro en este 2018 recién comenzado, mientras que en otros tres abonarán, en un principio, menos.
Es la consecuencia indirecta de la actualización del catastro que aprobó ‘in extremis’ el Consejo de Ministros el último viernes de 2017 para un total de 1.830 ciudades y pueblos de España.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el pasado sábado las tablas de los coeficientes de actualización sobre los que se ajustará la valoración de los bienes. Se trata, pues, de un nuevo ‘catastrazo’ encubierto que en buena parte de los casos se traducirá en un aumento del recibo de la contribución.
Esta actualización no implica que cambie el tipo del impuesto, que es de carácter municipal y que lo fija cada ayuntamiento, pero sí lo hace la valoración del tributo, que es la base imponible sobre la que se aplica. Es decir, si el valor catastral de un inmueble se eleva, como es el caso de las 28 localidades de la provincia, automáticamente lo hace su tributación aunque el tipo impositivo haya continuado igual.
Por decreto ley
El pistoletazo a esos incrementos viene habitualmente incluido en los Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo, al retardarse su tramitación por la falta de apoyos legislativos, el Ejecutivo lo aprobó por decreto ley fuera de las cuentas, como hizo en 2016.
¿Quiere decir eso que subirá el IBI en esos 28 municipios tarraconenses que pidieron la revisión al alza? No tiene por qué, aunque es muy probable. A partir de los valores catastrales se calcula el IBI (y otros impuestos), por lo que si existe un aumento de las referencias se incrementa la cuota del tributo, siempre y cuando cada consistorio no baje los tipos para tratar de amortiguar la subida.
La dinámica de los últimos años muestra que ese ‘catastrazo’, al que se han acogido decenas de consistorios de la provincia cada año, es en realidad un método para acabar cobrando más IBI y, por lo tanto, engrosando las arcas municipales merced a este tributo que es la joya de la corona de las administraciones locales.
Estas polémicas actualizaciones habían sido solicitadas por los ayuntamientos y en algunas ocasiones supone la revisión de las valoraciones que no se habían modificado, en algunos casos, desde la década de los 80.
Este año la cifra de municipios de las comarcas tarraconenses que se han acogido a esa posibilidad es inferior a la de otros ejercicios. En 2015, hasta 73 municipios pidieron la revisión al alza del catastro, entre ellos algunos tan importantes como Tarragona, Salou, Vila-seca o Valls. En 2016, esas cuatro poblaciones volvieron a elevar los valores catastrales, además de otras como Roda de Berà, La Selva del Camp o L’Ametlla de Mar. En total, 60 municipios solicitaron esa revisión al alza.
Estos cambios no son irrelevantes, puesto que el IBI supone una gran fuente de ingresos para los ayuntamientos y, de hecho, en los años de la crisis, ha sido el gran flotador de los presupuestos municipales. De cara a 2018, los municipios que han pedido una revisión al alza del catastro de sus inmuebles son La Pobla de Mafumet, Roda de Berà, La Pobla de Montornès, La Nou de Gaià, Salomó, Els Pallaresos, Perafort, Corbera d’Ebre, Creixell, Constantí o Castellvell del Camp.
También hay pueblos pequeños del interior de la provincia como Barberà de la Conca, Capafonts, Senan, Vilanova de Prades, Passanant i Belltall, Mont-ral, Vallclara, L’Albiol, Forès, Salomó, La Febró o Vimbodí i Poblet.
Bajada en tres municipios
Todos ellos aparecieron en una orden ministerial publicada en septiembre en el BOE y en la que se registraba la petición de una valoración al alza. Por contra, sólo tres municipios de la provincia asumen una revisión a la baja. Son Garidells, Garcia y Sant Carles de la Ràpita. Los coeficientes aprobados por el Gobierno y publicados en el BOE determinan que para aquellas localidades cuya última revisión se hizo antes de 2004 los valores suben. Para las que se produjeron en la época de la burbuja, a partir de 2005, las referencias se reducen.
Se da la casualidad de que este año prácticamente todos los municipios que verán aumentado su catastro acometieron la última revisión en 1990 o anteriormente. Por lo tanto, en 27 de las 28 poblaciones de la provincia se incrementará el valor del catastro un 8%, según los coeficientes establecidos. Es decir, un inmueble valorado en 1990 en 100.000 euros pasará ahora a constar en el catastro 108.000 euros y este será el importe sobre el que se aplique el gravamen del IBI. Sólo en Roda de Berà se modifica el dato: se incrementará únicamente un 4%.
El valor catastral es la referencia de los ayuntamientos para elaborar tributos como el IBI, un puntal básico de la financiación de los consistorios, pero también decisivo en las plusvalías.
Asimismo, incide en los valores de Transmisiones Patrimoniales y de Sucesiones, además del IRPF de inmuebles que no son vivienda habitual o local comercial.
La luz verde para estas actualizaciones ha estado más en vilo que nunca, ya que no se han aprobado los Presupuestos Generales y se han prolongado, de momento, los de 2017, en parte por la convulsa situación política en Catalunya durante los últimos meses del año pasado. La presión de los municipios ha provocado que el Gobierno aprobara, a última hora y por decreto ley, esta revisión.
En el caso de Catalunya, 141 municipios suben el valor catastral de sus inmuebles de cara a este año y 44 lo disminuyen, según la relación publicada en el BOE, sobre todo en la provincia de Barcelona, donde 33 localidades experimentan descensos.
