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La Autoritat Catalana de la Competència está investigando los convenios que el Ayuntamiento de Tarragona firmó con las empresas Ari Sharing SL (Buny), Bird Rides Spain SL y Reby Rides SL en relación a un servicio de alquiler de patinetes que está previsto que se implante en las próximas semanas. En concreto, este organismo que depende de la Generalitat de Catalunya mandó el pasado 12 de noviembre un escrito en el que se hace un requerimiento de información en el que se solicitan los detalles sobre tres aspectos muy concretos.
En primer lugar, se ha pedido a la administración local que aporte una copia del convenio firmado con las compañías. Asimismo, se ha exigido conocer la base jurídica sobre la cual se fundamenta la firma de dichos acuerdos. Y, finalmente, que se indique el procedimiento seguido por parte del Ayuntamiento y por qué no se optó por «iniciar un procedimiento abierto a cualquier operador eventualmente interesado en prestar los servicios de patinete eléctrico de alquiler compartido».
Con este requerimiento, quiere conocerse si hubo falta de transparencia por parte de la administración local durante el procedimiento y por qué no se optó por convocar un concurso público para resolver esta cuestión.
El servicio de alquiler de patinetes eléctricos es una cuestión que ya se puso encima de la mesa con el anterior equipo de gobierno, ya que había varias empresas interesadas en operar en la ciudad. No obstante, el área de movilidad consideró que primero debía llevarse a cabo una modificación de la ordenanza para regular su circulación. Finalmente, el pleno del pasado 22 de mayo daba luz verde a la aprobación de la nueva Ordenança de la Convivència que rebajaba el límite de velocidad a 30 km/h, para favorecer la movilidad sostenible con patinetes y bicicletas, que deben circular por la calzada.
A partir de esta aprobación se intensificaron los contactos con las empresas interesadas. Así lo explica la administración local en la respuesta que ya ha hecho llegar a la Autoritat Catalana de la Competència. En esta se asegura que «el Ayuntamiento se encontró en poco tiempo con un total de cinco empresas interesadas que formalmente solicitaron poder operar en la ciudad». Tier Mobily Spain SL y Byke Mobility Gmbh son las que al final «desistieron».
El escrito defiende que desde la administración local se ha considerado el servicio que se prevé poner en marcha como una primera «fase inicial» y «prospectiva». Y que, en el caso de resultar positiva la experiencia, «se procederá posteriormente a la consolidación de la actividad para la ciudadanía mediante un procedimiento de licitación pública administrativa». También se insiste en que las autorizaciones, que se firmaron el 20 de septiembre, son «temporales» y «provisionales» y se indica que su vigencia será de un año, prorrogable a la tácita, hasta un máximo de cuatro, «o en todo caso hasta que se convoque y adjudique esta actividad mediante licitación pública».
El Consistorio defiende que no se ha abierto un concurso público ya que la actividad de estas empresas comporta «un uso especial del dominio público, o privativo, que no comporta ni su transformación ni su modificación». Asimismo, se indica que «al no utilizarse el sistema de concesión y limitarse el número de autorizaciones de ocupación, el Ayuntamiento tiene la obligación de concedir cuantas licencias sean solicitadas». Y, en este sentido, se especifica que «no se descarta que en un futuro se limite el número de autorizaciones y se opte por el sistema de concesión, en cuyo caso si sería procedente legalmente aprobar un pliegue de cláusulas o condiciones y publicarse a efectos de licitación». En el escrito que se ha mandado a la Autoritat Catalana de la Competència también se indica que el pasado 1 de septiembre una cuarta empresa, Spin Mobility SL también presentó su solicitud para poder llevar a cabo esta actividad. Una petición que está «pendiente de resolución». El equipo de gobierno de Ricomà defiende que la publicación de los acuerdos suscritos con dichas empresas se encuentra en trámite en el registro de convenios.
El portavoz del PP, José Luis Martín (PP), afirmó ayer que «ya conocíamos este requerimiento y estábamos a la espera de que el alcalde nos informara, pero no ha sido así y ha hecho gala una vez más de su alergia a la transparencia». El edil lamentó. asimismo, que «los tarraconenses hayan tenido que saberlo por los medios, esperamos que dé explicaciones. Confiamos en que no haya intenciones subrepticias en este procedimiento, pero es alarmante lo mal que hacen las cosas, el desconocimiento que tienen del funcionamiento de la administración pública y que la Agència de la Competència investigue al equipo de gobierno de Tarragona por este tipo de cuestiones».
