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Condenado por la muerte de un recién nacido en Joan XXIII: 'Mi hijo debería estar aquí, no enterrado'

Los hechos se remontan al día 20 de setiembre del 2009, cuando Monica Ramos, embarazada de 41 semanas, ingresó en el hospital  en situación de inicio de parto

Carla Pomerol

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Monica Ramos, visiblemente afectada, durante la rueda de prensa.

Monica Ramos, visiblemente afectada, durante la rueda de prensa.

El Juzgado Penal número 1 de Tarragona ha condenado un comadrón del hospital Joan XXIII por un delito de aborto como consecuencia de una imprudencia grave a la pena de tres meses de multa, a inhabilitación de tres meses y al pago de una indemnización.

Los hechos se remontan al día 20 de setiembre del 2009, cuando Monica Ramos, embarazada de 41 semanas, ingresó en el hospital  en situación de inicio de parto. El condenado la atendió y le realizó un registro cardiotográfico, que mostraba que el feto estaba sufriendo. Según el abogado de la paciente, José Aznar, las pruebas fueron insuficientes. El comadrón envió a la paciente a su casa. "Como se ha demostrado, puso en riego el estado de gestación", asegura Aznar.

Unas horas después, por la mañana, la paciente acudió otra vez al hospital. El feto ya se encontraba en muy mal estado. Después de esperar durante una hora al profesional, le provocaron una cesárea de urgencia. El feto nació en parada cardiorespiratoria. Ya nada se podía hacer. Cuando se lo comunicaron a Monica y a su pareja, el mundo les cayó encima. Empezaba la odisea para la familia.

"No debería haber pasado. Mi hijo debería estar aquí, y no enterrado", explica la paciente Monica Ramos., quien asegura que recibió tratos vejatorios y crueles por parte de los sanitarios del hospital Joan XXIII. "Ni siquiera me dejaron cinco minutos para despedirme de mi hijo", asegura. Ramos explica que "o no tenían ganas de trabajar o falta personal". 

Tras una larga tramitación judicial, uno de los acusados, el comadrón, reconoció los hechos al inicio del juicio oral. Desde el Defensor del paciente, órgano que ha tramitado el caso, aseguran que se prolongó indebidamente el sufrimiento de los perjudicados, ya que el proceso judicial ha durado ocho años, en los cuales la paciente ha estado en tratamiento psiquiátrico. 

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