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Condenados por levantar una vivienda ilegal en Vila-seca

El juez impone al constructor y a la propietaria diez meses de prisión y multa de 540 euros

Àngel Juanpere

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Ésta es la construcción ilegal, antes de que se procediera a su derribo. FOTO: DT

Ésta es la construcción ilegal, antes de que se procediera a su derribo. FOTO: DT

Un hombre y una mujer han sido condenados a diez meses de prisión y a pagar una multa de 540 euros por haber cometido un delito contra la ordenación del territorio, después de haber levantado una vivienda en un terreno no urbanizable del término de Vila-seca. Actualmente, la construcción ya ha sido derribada.

El juez deja en suspenso la pena privativa de libertad, condicionado a que no delincan durante dos años y también al cumplimiento de la responsabilidad civil.

Esta pasa por reponer la parcela afectada a su situación anterior a la de las obras ilegales, efectuando las demoliciones necesarias. Así se recoge en la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal número 2 de Tarragona, que es firme. Finalmente, se ha impuesto a los acusados la inhabilitación especial durante diez meses para profesión u oficio relacionado con la construcción.

El fiscal pidió durante el juicio dos años de prisión y el pago de una multa de 5.400 euros. En cambio, las defensas solicitaban la absolución. Los hechos ahora juzgados los descubrieron los agentes rurales del Tarragonès el 18 de enero de 2012 durante una inspección. Detectaron la edificación de una casa sobre zócalo de cemento con vuelo prefabricado.

La vivienda tenía 34 metros cuadrados, con porche, en el paraje Escomes. Se trata de suelo catalogado como no urbanizable, agrícola permanente y de protección territorial. La acusada era la propietaria del terreno y el otro acusado era el promotor y constructor.

Junto a la vivienda se instaló una barbacoa de obra, de unos seis metros cuadrados. Las obras carecían de proyecto técnico y de licencia, siendo en cualquier caso ilegalizables. Por tales hechos se incoó expediente de restauración de la legalidad urbanística mediante derribo y expediente sancionador, este último suspendido por la pendencia por la causa penal abierta.

Tras la incoación de la causa penal, los acusados derribaron las obras ilegales, pero no retiraron los escombros. En la tramitación de la causa se han producido paralizaciones no imputables a los acusados.

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