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Un hombre procesado por contratar los servicios de un sicario para secuestrar y matar a su exposa y a sus dos hijos ha sido absuelto por la Audiencia Provincial de Tarragona de dichos hechos. Se enfrentaba a 27 años de cárcel–. En cambio, ha sido condenado por haber pagado al esbirro para que asaltara a su exesposa para que le devolviera un dinero que consideraba suyo tras la tasación de unos inmuebles después de la separación. Luis Antonio G.L. ha sido sentenciado a dos años de prisión por un delito de proposición para la comisión de un delito de robo con violencia e intimidación en casa habitada, con la agravante de parentesto y la atenuante de dilaciones indebidas. Además, durante cinco años no se podrá comunicar ni acercarse a menos de 200 metros de su familia. Por el mismo delito ha sido condenado Sergio R.S. –que hizo de intermediario con el sicario–, en este caso a un año y diez meses de prisión –el fiscal pedía 22,5 años– .
Luis Antonio G.L., de 68 años, se divorció en 2010 de su esposa, con la que había tenido dos hijos. El acuerdo de división del patrimonio contenía que la mujer se quedaba con la totalidad del patrimonio inmobiliario, consistente en una vivienda, una plaza de párking y un local de negocios en San Sebastián. Al acusado se le compensó con unos 435.000 euros.
Devolución del dinero
A finales de 2012, el procesado reclamó a su exesposa e hijos la devolución de una cantidad económica, por considerar que la tasación de los inmuebles había sido realizada incorrectamente y lo percibido no satisfacía la cantidad que tenía que recibir.
El hombre decidió obtener por la fuerza el dinero que consideraba que le correspondía. Para ello contactó con el otro procesado, de 54 años. Éste le dijo que no estaba capacitado y para ello tendrían que buscar a alguien. Por ello se contactó con una tercera persona para llevar a cabo el plan.
El 25 de marzo de 2013, Luis Antonio envió 200 euros a Sergio como adelanto por su participación en la ejecución del plan. La tercera persona con la que contactó –que no ha podido ser identificada– y ellos dos se reunieron el 16 de mayo. Los acusados instaron a la tercera persona a que buscara a alguien para que les ayudara.
El mecanismo de comunicación entre los acusados y la tercera persona era por correo electrónico. Luis Antonio colocó en la cuenta de correo –dentro de una carpeta de borrador– tanto los datos se su exesposa como de sus hijos, así como sus direcciones, fotografías y matrícula de coche.
La tercera persona se puso en contacto con los Mossos d’Esquadra para comunicarles la propuesta de los acusados. Tras ello, un agente, sin identificarse como tal, procedió a acompañar al mismo en la reunión que tuvieron con los dos acusados el 16 de mayo. Estos procedieron a explicar los detalles de la operación, tanto a la tercera persona como al agente infiltrado. Los encausados estaban en la creencia de que era quien iba a ayudar a intervenir a dicha tercera persona a perpetrar los hechos.
Si conseguían 400.000 euros obtendrían un 20 por ciento, un 25 si la cantidad recuperada era de 250.00, un 30 por ciento si era 150.000 euros y finalmente 30.000 euros si la cuantía era inferior. Si no se conseguía nada, Luis Antonio abonaría los gastos.
Los procesados concretaron que los dos individuos –la tercera persona y el mosso infiltrado– accederían primero al domicilio e inmovilizarían y taparían con capuchas tanto a la exesposa como a su hijo, al efecto de que las mismas indicaran dónde se encontraba el dinero. Y si era necesario también habría que conseguir que se personara el hijo. Luis Antonio recomendó métodos para atemorizar a su familia, como la aplicación de descargas eléctricas o la colocación de bolsas de plástico en la cabeza al efecto no tan solo de que indicaran dónde estaba el dinero sino también para que posteriormente continuaran realizando transferencias periódicas a la cuenta bancaria del procesado.
Para gastos
Luis Antonio entregó a la tercera persona 300 euros para gastos derivados de la ejecución del plan trazado. Sin embargo, los hechos planeados no se llegaron a perpetrar.
El tribunal analizó si tenía que tener en consideración la confesión realizada por Luis Antonio ante los Mossos d’Esquadra, aunque no la ratificó posteriormente ante el juez instructor ni durante el juicio –donde sólo contestó a las preguntas de su abogado–, donde negó las acusaciones. Los magistrados recuerdan que antes de su declaración policial no pudo hablar con su abogado porque no lo reconocía la Ley Procesal –sólo lo permitía una vez finalizada la declaración– algo que con el nuevo redactado se ha subsanado. Por ello, descartan su autoincriminación inicial.
